Villasante denuncia a jueces corruptos por atentar contra recursos marinos
Sostiene que desde el año 2005 a la fecha, 61 embarcaciones se han beneficiado con resoluciones irregulares. Espera que el Poder judicial actúe con la celeridad del caso, sancione y aparte a malos jueces para que no contagien a jueces probos
El ministro de la Producción, Jorge Villasante Araníbar, estimó hoy que en términos de captura y valor, el impacto económico de la ejecución de los mandatos judiciales a favor de algunas empresas pesqueras supera los 20 millones de dólares.
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Sostiene que desde el año 2005 a la fecha, 61 embarcaciones se han beneficiado con resoluciones irregulares. Espera que el Poder judicial actúe con la celeridad del caso, sancione y aparte a malos jueces para que no contagien a jueces probos
El ministro de la Producción, Jorge Villasante Araníbar, estimó hoy que en términos de captura y valor, el impacto económico de la ejecución de los mandatos judiciales a favor de algunas empresas pesqueras supera los 20 millones de dólares.
“Entre las dos temporadas de pesca del 2009 y la que terminó del 2010 se pueden sumar capturas que en valor significan más de 20 millones de dólares”, remarcó el titular del Sector, al precisar que durante el año 2009 se capturaron 24, 905 toneladas de anchoveta lo que hace un valor de 7 millones 471, 500 dólares, mientras que en lo que va del 2010, se capturaron 43, 564 toneladas, implicando un valor de más de 13 millones de dólares.
De esta forma, el titular del Sector, señaló que hay jueces que se amparan en la autonomía del Poder Judicial para emitir resoluciones que están atentando contra la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos de nuestro mar y contra lo establecido en los Límites Máximos de Captura por Embarcación (LMCE).
Villasante Araníbar dijo que llama la atención la extrema celeridad con la que operan algunos jueces para atender estas medidas cautelares, pues actúan mucho más expeditos en relación a otros casos verdaderamente importantes, como es el caso del Juzgado Mixto de Sechura a cargo del Juez Guillermo Alberto Zúñiga Sánchez.
“Sin duda hay jueces y fiscales probos y honestos, pero por unos cuantos no puede dañarse el prestigio de una institución como el Poder Judicial, si hay manzanas podridas hay que separarlas para que no contagien”, sentenció.
El ministro de la Producción denunció que desde el año 2005 a la fecha, al menos unas 61 embarcaciones industriales, pertenecientes tanto a personas naturales como a empresas, habrían obtenido permisos con resoluciones judiciales irregulares.
“Hay un mercado negro de cuotas pesqueras, pues algunas empresas recurren a subterfugios para lograr permisos de pesca con la complicidad de jueces indecentes”, aseveró.
Jorge Villasante afirmó además que la Procuraduría del Ministerio de la Producción ha quejado ya por inconducta funcional a diez jueces ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del
Poder Judicial, por lo que expresó su confianza en que se les procese y sancione de acuerdo a ley, porque los hechos de corrupción-dijo- no pueden quedar impunes.
Agregó que mañana (miércoles 10), presentará una denuncia penal ante la Fiscalía Suprema del Ministerio Público contra el juez mixto de Sechura, por delito de prevaricato, por haber emitido irregularmente 5 medidas cautelares a favor de una misma persona.
El titular de Produce aclaró que la facultad de otorgamiento de permisos de pesca es exclusiva del Ministerio de la Producción y no es competencia de las direcciones regionales de Producción de los Gobiernos Regionales ni del Poder Judicial. Así está establecido en la Ley General de Pesca y su reglamento, basta verificar el TUPA para comprobar donde se inician los trámites y que requisitos de deben observar.
“Seguimos vigilantes, pues se tiene que actuar con honestidad, la fiscalización continua también en el trabajo de campo de los inspectores”, para detectar los incumplimientos en que incurren algunas empresas del sector.
Finalmente dijo esperar que desde la propia Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) se pueda identificar a las empresas que están actuando en forma deshonesta e irresponsable y se tomen medidas.
De esta forma, el titular del Sector, señaló que hay jueces que se amparan en la autonomía del Poder Judicial para emitir resoluciones que están atentando contra la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos de nuestro mar y contra lo establecido en los Límites Máximos de Captura por Embarcación (LMCE).
Villasante Araníbar dijo que llama la atención la extrema celeridad con la que operan algunos jueces para atender estas medidas cautelares, pues actúan mucho más expeditos en relación a otros casos verdaderamente importantes, como es el caso del Juzgado Mixto de Sechura a cargo del Juez Guillermo Alberto Zúñiga Sánchez.
“Sin duda hay jueces y fiscales probos y honestos, pero por unos cuantos no puede dañarse el prestigio de una institución como el Poder Judicial, si hay manzanas podridas hay que separarlas para que no contagien”, sentenció.
El ministro de la Producción denunció que desde el año 2005 a la fecha, al menos unas 61 embarcaciones industriales, pertenecientes tanto a personas naturales como a empresas, habrían obtenido permisos con resoluciones judiciales irregulares.
“Hay un mercado negro de cuotas pesqueras, pues algunas empresas recurren a subterfugios para lograr permisos de pesca con la complicidad de jueces indecentes”, aseveró.
Jorge Villasante afirmó además que la Procuraduría del Ministerio de la Producción ha quejado ya por inconducta funcional a diez jueces ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del
Poder Judicial, por lo que expresó su confianza en que se les procese y sancione de acuerdo a ley, porque los hechos de corrupción-dijo- no pueden quedar impunes.
Agregó que mañana (miércoles 10), presentará una denuncia penal ante la Fiscalía Suprema del Ministerio Público contra el juez mixto de Sechura, por delito de prevaricato, por haber emitido irregularmente 5 medidas cautelares a favor de una misma persona.
El titular de Produce aclaró que la facultad de otorgamiento de permisos de pesca es exclusiva del Ministerio de la Producción y no es competencia de las direcciones regionales de Producción de los Gobiernos Regionales ni del Poder Judicial. Así está establecido en la Ley General de Pesca y su reglamento, basta verificar el TUPA para comprobar donde se inician los trámites y que requisitos de deben observar.
“Seguimos vigilantes, pues se tiene que actuar con honestidad, la fiscalización continua también en el trabajo de campo de los inspectores”, para detectar los incumplimientos en que incurren algunas empresas del sector.
Finalmente dijo esperar que desde la propia Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) se pueda identificar a las empresas que están actuando en forma deshonesta e irresponsable y se tomen medidas.
