 |
Por Alejandro Zevallos Gonzales*
Lo cierto es que, la venta de las acciones de El Estado en las tres últimas empresas azucareras, en las que aún mantiene participación accionaria, viene postergándose desde el año 2004, porque el Congreso, en lugar de legislar para la culminación de dicho proceso, ha venido otorgando prórroga a un Régimen de Protección Patrimonial exclusivo y especial, que solo ha convertido en un aliciente más para el deterioro de la economía de dos empresas chiclayanas : Pomalca y Tumán hoy en manos de los comerciantes Oviedo.
El art. 4 de la Ley 28027, con el tiempo, ha tenido vida propia y se ha convertido en una "Ley de Protección Patrimonial de las azucareras". Aclaremos: la Ley 28027 y por ende, su art. 4º, no es aplicable a toda la industria azucarera, solo es aplicable a las tres empresas azucareras acogidas a los efectos de la Ley. Ahí, observamos el primer cuestionamiento, desde el año 2004 (fecha en que comienza las sucesivas prórrogas) se ha venido legislando en favor de sólo tres empresas (son 12 azucareras). Esta legislación especial es INCONSTITUCIONAL.
El argumento, era que El Estado puede proteger sus intereses, con una Ley Especial (apreciación errada del Tribunal Constitucional) que demuestra total desconocimiento del proceso de participación accionaria de El Estado en las azucareras de todo el País y la venta de las mismas, para favorecer el ingreso de inversionistas privados que logren un verdadero reflotamiento de TODA industria azucarera.
Hasta 1995, existían las Cooperativas Agrarias Azucareras; quiénes, por su pésima administración, a cargo de sus propios trabajadores, reportaban caos económico e incrementaban sus deudas con El Estado y sus socios trabajadores (Cts.).
En el Gobierno de Fujimori, se dictó el D. Leg. N.º 802, a fin de lograr el saneamiento económico de las cooperativas, con la condición de convertirse en sociedades anónimas y entregar acciones al Estado y a sus socios trabajadores, a cambio de la deuda tributaria y deuda laboral. De esta forma, las ex cooperativas azucareras, se convirtieron en Sociedades Anónimas resultando el Estado y los socios trabajadores, en accionistas. Luego de convertirse en Sociedades Anónimas, El estado, promovió la venta de su participación accionaria en las nuevas sociedades anónimas, logrando transferir la administración de las mismas a inversionistas privados, que han reflotado sus economías y vienen arrojando, incluso utilidades. Se cumplió la finalidad del D. Leg. Nº 802. Salvo en las empresas chiclayanas: Pomalca, Tumán y Cayaltí.
Al 2003 (año en que se promulga la Ley 28027) las tres empresas chiclayanas, nuevamente reportaban pérdidas millonarias y deudas al Estado, a sus trabajadores y a las AFP. Por ello es que, se promulga la Ley 28027, parecida al D.Leg. Nº 802, con el fin de sanear la economía de estas tres empresas, canjear la deuda tributaria por acciones; con ello, se pretendía, mejorar la oferta de acciones de El Estado, para garantizar, al nuevo inversionista, el control de las azucareras.
Por todo el proceso y para que el nuevo inversionista, equilibre la economía de la empresa adquirida, se otorgó un Régimen de Protección Patrimonial de 12 meses. Por efectos de la Ley 28027, culminaron la capitalización de la deuda tributaria: Cayaltí y Pomalca. Como Tumán no había cumplido con el procedimiento, se le otorgó un nuevo plazo, promulgándose la Ley 28207 (año 2004), prorrogándose el Régimen de Protección Patrimonial (art. 4 de la Ley 28027) por 9 meses más.
Habiendo concluido el proceso de capitalización de la deuda tributaria, PRO INVERSION debió proceder a la venta de las acciones de El Estado, en Cayaltí y Pomalca; sin embargo, ninguna de las tres empresas azucareras, reportaban sus estados financieros a CONASEV, lo que impedía concluir el proceso de Venta de las acciones. Pese a ello, en el 2006, el nuevo Congreso con mayoría Aprista, en lugar de legislar por la conclusión del proceso, se limita a prorrogar la vigencia del art. 4 de la Ley 28027 , mediante Leyes 28885 y 29299 ( cada una con una vigencia de 2 años) cuya vigencia se vence el 31 de diciembre de 2010.
La única innovación coherente con la Ley 28027, fue la implementada en la Ley 29299, en la que se obliga a las tres empresas, a presentar sus estados financieros en la CONASEV, con ello, se logra visualizar su real estado económico. Según la página web de la CONASEV, Tumán y Pomalca, no han aprovechado los 7 años de Protección Patrimonial y por el contrario, vienen arrojando pérdidas millonarias y un mayor endeudamiento por concepto de Tributos (SUNAT) y aportes a ONP, ESSALUD, AFP y no han pagado CTS a sus trabajadores, ni sus deudas a terceros.
PRO INVERSION, para vender, requiere, no solo la información financiera de CONASEV, también requiere hacer un DUE DILINGENCE en ambas empresas; sin embargo el GRUPO OVIEDO, que administra ambas empresas, se niega a proporcionar dicha información; porque ello supondría facilitar la venta de las acciones de El Estado, el ingreso de un nuevo inverionista y la pérdida del control de ambas empresa, que le reportan millonarios ingresos mensuales.
Oviedo,sin ser accionista mayoritario, controla ambas empresas chiclayanas gracias a una medida cautelar otorgada por el poder judicial (caso Tumán) y gracias a la desidia de El Estado, que ha entregado la administración de Pomalca a un accionista minoritario (Oviedo) pese a tener mayoría accionaria (El Estado tiene más del 32% de acciones en Pomalca).
La Venta de las acciones de El Estado, viene dilatándose, utilizando varios pretexto: primero se decía que los trabajadores tenían derecho a comprar las acciones y ahora se dice que no hay información suficiente, para valorizar el precio de las acciones. Ambas situaciones, no se dan , por ejemplo en CAYALTI, ya que dicha empresa , administrada por un FIDEICOMISO a cargo de COFIDE, tiene saneada su economía, no tiene endeudamientos que hagan peligrar la avalancha de embargos (según Jorge Del Castillo) y fácilmente se puede vender la participación accionaria de El Estado. Con respecto al supuesto interés de los trabajadores, para la adquisición de acciones. Nadie puede imaginarse que éste, sea el interés prioritario de un trabajador, a quién se le debe CTS, AFP, ESSALUD, ONP. Lo cierto es que es un movimiento generado por el propio Edwin Oviedo, para poner trabas a la culminación de la transferencia de las acciones de El Estado. Postergar la venta de las acciones de El Estado, solo favorece a Oviedo, porque evita que pierda el control de Tumán y Pomalca.
Lo correcto es que El Congreso se dedique a legislar de una vez por todas, para la culminación del proceso de venta de acciones. Para ello, debe dotar de las normas legales pertinentes a Pro Inversión, para que tenga la capacidad suficiente de obligar a Tumán y Pomalca a entregar la información para el DUE DILINGENCE. No puede seguir prorrogando el Régimen de Protección Patrimonial, sin poner condiciones, porque no se protege al nuevo inversionista, sino a las actuales administraciones ineficientes, que no han logrado arrojar utilidades, pese a la descomunal alza del precio del azúcar.
No se puede postergar la venta de las acciones de El Estado en CAYALTI, porque con una Ley no se va a poner precios al valor de las acciones. Esto lo decidirá el Mercado; porque la Oferta es pública. No hay que dejarse engañar, el verdadero interesado en postergar la venta es Oviedo.
Por todo lo expuesto creemos los auténticos azucareros que defienden su terruño, tierra que los vio nacer y forjarse en ellas, que los “faenones” siguen en el Congreso. Contra viento y marea, el APRA con Jorge del Castillo, a la cabeza impulsa la propuesta de suspender la venta de las acciones y Abugattás, hace otro tanto, pero en el fondo lo que pretenden es alargar el plazo para que Oviedo se mantenga en el control de ambas empresas.
Está por demás decirlo que detrás de estos intereses del Apra y algunos Nacionalistas, y ciertos del PPC. como Franco Carpio que tiene negocios de transporte de caña con los Oviedo y el otro Fujimorista Aguinaga, que muele cañas de azúcar en los ingenios azucareros y dicen que no le cobran nada, ellos tienen la imperiosa necesidad urgente de seguir manteniendo al grupo Oviedo en poder de Tumán y Pomalca porque..? los necesitan para financiar las campañas de los congresistas que se alinean en votar a favor de este tipo de leyes...Y Del Castillo, Velásquez, Alegría, Carpio, Abugattás, Huertas, etc....
Ya consiguieron, a pesar del fuerte rechazo la población y los medios de comunicación, que la Comisión de Economía le dé el pase a este corrupto proyecto de Ley 4363 presentado y aprobado por Alegría, en la Comisión Agraria...
*Presidente del Comité de Trabajadores de Tumán y anexos
