El 60% de la PEA labora en la informalidad
El congresista Juan Pari señala que el 60% de la PEA labora en trabajos informales, independientes o eventuales
El congresista Juan Pari advirtió que en nombre de la informalidad existen políticas que quieren justificar la concesión del territorio nacional para la extracción indiscriminada de recursos naturales; el mantenimiento de favoritismos y proteccionismos para los inversionistas foráneos y la renuencia a cobrar lo justo por las sobreganancias que obtienen los exportadores mineros.
El congresista Juan Pari señala que el 60% de la PEA labora en trabajos informales, independientes o eventuales
El congresista Juan Pari advirtió que en nombre de la informalidad existen políticas que quieren justificar la concesión del territorio nacional para la extracción indiscriminada de recursos naturales; el mantenimiento de favoritismos y proteccionismos para los inversionistas foráneos y la renuencia a cobrar lo justo por las sobreganancias que obtienen los exportadores mineros.
“Se quiere justificar el desamparo de las comunidades tradicionales y la contaminación del ambiente y por encima de todo la sobreexplotación de la mano de obra tanto en el sector público, como en el sector privado”, enfatizó el parlamentario, indicando que la competitividad no puede ser sinónimo de una explotación económica despótica, ni con la sobreexplotación a los trabajadores, sino con el buen manejo de los procesos productivos y con la calidad y diversificación del producto.
En la búsqueda de la competitividad no deben desconocerse los derechos laborales para someter a los trabajadores a regímenes de trabajo precarios, con modalidades contractuales condenadas por las normas de la Organización Internacional de Trabajo, con salarios que están por debajo de los salarios en América Latina, pese que las cifras oficiales nos dicen que el crecimiento económico del país está por encima del promedio latinoamericano.
Dirigiéndose al presidente Alan García dijo que una sociedad es realmente competitiva cuando se comporta como un contexto adecuado para que las familias puedan vivir, invertir, ahorrar y progresar. Cómo se puede decir que mejora la competitividad cuando más del 60% de la PEA labora en la informalidad, como trabajadores independientes, terceristas o en regímenes laborales eventuales.
Sobre el trabajo decente en el Perú
Pari afirmó que sólo el 19% de los asalariados gozan de contratos estables, salarios aceptables, y condiciones básicas de seguridad en el empleo. El resto labora en un régimen de inseguridad laboral permanente, no existiendo para ellos la seguridad jurídica, ya que en el país parece pensarse que la seguridad jurídica es sólo para los empresarios.
Pari Choquecota afirmó que en el Presupuesto de la República para el 2011 se deben aprobar las adecuadas previsiones presupuestales para atender el nombramiento de médicos que laboran con contratos precarios tipo CAS por años consecutivos, cumpliendo funciones que corresponden claramente a los médicos nombrados de planta y el nombramiento del personal técnico de los sectores de salud y educación, que laboran por más de tres años consecutivos.
Debe contemplar, además, que se autorice que en cada sector se proceda al reajuste en el otorgamiento de incentivos CAFAE, con criterios de equidad, evitando las enormes diferencias que se han creado entre sectores, regiones, y aun entre funcionarios y servidores y que se prevea el pago de devengados, pensiones y adeudos laborales que el Estado viene arrastrando en sectores como Educación, y que deben pagarse porque corresponde al esfuerzo hecho por los trabajadores.
Finalmente Juan Pari quien preside la comisión de Trabajo, manifestó que es necesario que se autorice a los sectores y empresas con participación del Estado para que puedan prever recursos y así cubrir la reincorporación, y los beneficios económicos, de los más de 4000 trabajadores que no han sido incorporados en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente (RNTCI) de la ley de ceses colectivos, no obstante, que gozan de la misma condición por analogía vinculante con los ex trabajadores que ganaron ese beneficio.
En la búsqueda de la competitividad no deben desconocerse los derechos laborales para someter a los trabajadores a regímenes de trabajo precarios, con modalidades contractuales condenadas por las normas de la Organización Internacional de Trabajo, con salarios que están por debajo de los salarios en América Latina, pese que las cifras oficiales nos dicen que el crecimiento económico del país está por encima del promedio latinoamericano.
Dirigiéndose al presidente Alan García dijo que una sociedad es realmente competitiva cuando se comporta como un contexto adecuado para que las familias puedan vivir, invertir, ahorrar y progresar. Cómo se puede decir que mejora la competitividad cuando más del 60% de la PEA labora en la informalidad, como trabajadores independientes, terceristas o en regímenes laborales eventuales.
Sobre el trabajo decente en el Perú
Pari afirmó que sólo el 19% de los asalariados gozan de contratos estables, salarios aceptables, y condiciones básicas de seguridad en el empleo. El resto labora en un régimen de inseguridad laboral permanente, no existiendo para ellos la seguridad jurídica, ya que en el país parece pensarse que la seguridad jurídica es sólo para los empresarios.
Pari Choquecota afirmó que en el Presupuesto de la República para el 2011 se deben aprobar las adecuadas previsiones presupuestales para atender el nombramiento de médicos que laboran con contratos precarios tipo CAS por años consecutivos, cumpliendo funciones que corresponden claramente a los médicos nombrados de planta y el nombramiento del personal técnico de los sectores de salud y educación, que laboran por más de tres años consecutivos.
Debe contemplar, además, que se autorice que en cada sector se proceda al reajuste en el otorgamiento de incentivos CAFAE, con criterios de equidad, evitando las enormes diferencias que se han creado entre sectores, regiones, y aun entre funcionarios y servidores y que se prevea el pago de devengados, pensiones y adeudos laborales que el Estado viene arrastrando en sectores como Educación, y que deben pagarse porque corresponde al esfuerzo hecho por los trabajadores.
Finalmente Juan Pari quien preside la comisión de Trabajo, manifestó que es necesario que se autorice a los sectores y empresas con participación del Estado para que puedan prever recursos y así cubrir la reincorporación, y los beneficios económicos, de los más de 4000 trabajadores que no han sido incorporados en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente (RNTCI) de la ley de ceses colectivos, no obstante, que gozan de la misma condición por analogía vinculante con los ex trabajadores que ganaron ese beneficio.
