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Por Humberto Campodónico


En el 2010 se retomó el crecimiento económico y el PBI crecerá más de 8%. El déficit fiscal es moderado (1% del PBI) y la inflación será del 2%). La inversión privada ha vuelto a crecer (llegará al 24% del PBI) y la inversión pública se mantendrá en niveles altos (6% del PBI, versus 5.3% del 2010).

Las reservas internacionales del BCR están por encima de los US$ 44,000 millones y la posición de cambio (descontadas las obligaciones a terceros) supera los US$ 32,000 millones, monto que debiera servir para parar cualquier ataque especulativo contra el sol (ahora que las tasas de interés en los  EE. UU y Europa están cerca de cero). La balanza comercial sigue en positivo, no así la cuenta corriente de la balanza de pagos (debido, sobre todo, a los pagos de utilidades al extranjero).

En resumen, como hace ya varios años, las cuentas macro en el Perú van bien. Pero apenas comienza el análisis acerca, de un lado, de la sostenibilidad de este crecimiento y, de otro, de la repartición —adecuada o no— de los frutos de este crecimiento, aparecen los problemas.

Así, una parte importante del crecimiento de las exportaciones se sustenta en el enorme aumento de los precios de las materias primas, sobre todo el cobre y el oro. Los ingresos generados por estos precios aumentan la recaudación tributaria (aunque no a los niveles que corresponden, para lo que es necesario un impuesto a las sobreganancias) y proveen de dólares abundantes a la economía peruana, revaluando el sol, lo que, a su vez, permite importaciones baratas y el aumento del consumo.

Pero este crecimiento no es sostenible, porque los “países emergentes” no van a continuar para siempre con sus altas tasas. Y, cuando se analiza la distribución del ingreso, sobran las cifras para decirnos que –si bien hay reducción de la pobreza, sobre todo en zonas costeñas urbanas– la participación de la masa salarial en el PBI ha descendido y que los niveles de pobreza calórica aumentan en vez de disminuir.

De la misma forma, seguimos mal en la inversión en capital humano (los tests PISA en educación dicen que somos los penúltimos de la región) y también en ciencia y tecnología (solo se invierte el 0.18% del PBI, en comparación al 0.7% de la región). Así no podremos dar el salto a la diversificación productiva que exige la competitividad, propiciando inversiones en sectores con mayor valor agregado y empleo de calidad.

Junto a problemas de sostenibilidad y de distribución del ingreso, sigue vigente en el Perú la “privatización del Estado” impulsada por las obsoletas tesis economicistas del Consenso de Washington con el dogma del “libre mercado”. Es por eso que no se ha avanzado nada en la Reforma del Estado (homologación de sueldos y ascensos por méritos) y, por el contrario, se sigue proponiendo “populistamente” una disminución de sueldos. Es prioritario avanzar ya hacia una nueva relación entre mercado y Estado.

Esta privatización del Estado influye, también, en la política energética (el gas se va al extranjero y no se abastece la integridad de la demanda interna; Petroperú está en nada), política agraria (concentración de tierras) y desarrollo portuario (Paita y privatización del Muelle Norte). No se entiende que la globalización no hace desaparecer los intereses nacionales sino que, por el contrario, se generan nuevos espacios de correlaciones de fuerzas (energía, agua, Amazonía, preservación del medio ambiente).

Un comentario final: sabemos de los “avances” del narcotráfico y la corrupción que poco a poco vienen corroyendo las instituciones del Estado, incluido el Poder Judicial. Si esta especie de “sentido común” bizarro (“todo vale”) continuara su marcha ascendente, no hay tasa de crecimiento económico alguno que pueda funcionar, pues la economía y la política no son compartimientos estancos, como lo demostró el corrupto régimen fujimontesinista. Todos estamos avisados.

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