ADEX condena desalojo de empresa privada que desalienta la inversión
Precariedad de la estabilidad jurídica en algunas zonas del interior del país ante incapacidad del gobiernno. Una turba de más de 300 personas desalojó a la fuerza al personal, campamentos y maquinaria de la empresa Copefor
Hacer empresa en el interior del país es algo difícil, pero no imposible, sin embargo, llama la atención la precariedad de la estabilidad jurídica en algunas zonas, desanimando de esa manera la inversión privada, manifestó el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan Varilias Velásquez.
Precariedad de la estabilidad jurídica en algunas zonas del interior del país ante incapacidad del gobiernno. Una turba de más de 300 personas desalojó a la fuerza al personal, campamentos y maquinaria de la empresa Copefor
Hacer empresa en el interior del país es algo difícil, pero no imposible, sin embargo, llama la atención la precariedad de la estabilidad jurídica en algunas zonas, desanimando de esa manera la inversión privada, manifestó el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan Varilias Velásquez.
“El Comité de Madera e Industria de la Madera de nuestro gremio nos informó que la Compañía Peruana Forestal (Copefor) sufrió el ataque de una turba de pobladores cuyos caseríos han sido ilegalmente reconocidos por el gobierno regional de Amazonas, pese a que se encuentra ubicado en la Región San Martín”, comentó.
Efectivamente, según información proporcionada por la empresa, el gobierno regional de Amazonas reconoció ilegalmente a los caseríos de Getsemaní y Garzayacu, en un terreno que se les adjudicó bajo concesión. No sólo invadieron el terreno (en la región San Martín), sino que practican actividades ilícitas como el tráfico y la tala ilegal, las cuales ya fueron denunciadas en la Fiscalía de Prevención de Delitos Ecológicos.
“Nos informan que la empresa ya invirtió más de US$ 6.5 millones y que este año, luego de innumerables problemas, iba a hacer su primer año de desarrollo sostenible, sin embargo, no pudo concretarlo por los problemas derivados de la invasión de grandes extensiones de la concesión, por parte de pobladores de esos caseríos quienes acusan a la empresa de depredar el medio ambiente a fin de quedarse en el lugar”, detalló.
Hay que indicar que a Copefor se le adjudicó desde el 2003 la concesión de un total de 47,614 hectáreas de bosque en la región San Martín, por 40 años, sin embargo, recién empezó a operar el 01 de julio del 2010, por una serie de problemas que hasta hoy enfrenta, entre ellos la invasión de grandes áreas de su concesión forestal, por parte de pobladores de Garzayacu y Getsemaní
“Los representantes de la empresa señalan que en ese asunto hay un trasfondo político y que ya han demostrado a las autoridades que sus actividades están acordes a las exigencias del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor); y, por el contrarios, son los invasores asentados en los bosques de Protección y de Producción Permanente de San Martín, los que depredan el medioambiente indiscriminadamente, sin considerar el impacto ecológico de sus actividades”, dijo Varilias.
Desde el 14 de diciembre pasado, Copefor sufre el ataque de una turba de más de 300 personas, convocadas e integradas por pobladores de esos ilegales caseríos quienes desalojando a la fuerza al personal, campamentos y maquinaria de la empresa de sus legítimas instalaciones (ubicadas en su concesión forestal).
Peor aún, a pesar de haber alertado y denunciado las acciones de esos supuestos caseríos ante todas las instancias, la situación sigue igual, consolidándose el atropello contra la preservación de los bosques nacionales y el estado de derecho del país. “Este es un ejemplo más de cómo se desalienta la inversión privada en el país. Necesitamos autoridades que cumplan su rol de manera eficiente y oportuna”, concluyó Varilias.
Si bien Copefor ganó la concesión de 47,614 Has. solo puede intervenir en alrededor de 1,500 Has. pues se le ha descontado alrededor de 6,000 Has de bosques de protección y sobre las restantes sólo puede ingresar para efectuar el manejo sostenible a una primera PCA Parcela de Corta Anual) que representa un 20avo (5%).
Efectivamente, según información proporcionada por la empresa, el gobierno regional de Amazonas reconoció ilegalmente a los caseríos de Getsemaní y Garzayacu, en un terreno que se les adjudicó bajo concesión. No sólo invadieron el terreno (en la región San Martín), sino que practican actividades ilícitas como el tráfico y la tala ilegal, las cuales ya fueron denunciadas en la Fiscalía de Prevención de Delitos Ecológicos.
“Nos informan que la empresa ya invirtió más de US$ 6.5 millones y que este año, luego de innumerables problemas, iba a hacer su primer año de desarrollo sostenible, sin embargo, no pudo concretarlo por los problemas derivados de la invasión de grandes extensiones de la concesión, por parte de pobladores de esos caseríos quienes acusan a la empresa de depredar el medio ambiente a fin de quedarse en el lugar”, detalló.
Hay que indicar que a Copefor se le adjudicó desde el 2003 la concesión de un total de 47,614 hectáreas de bosque en la región San Martín, por 40 años, sin embargo, recién empezó a operar el 01 de julio del 2010, por una serie de problemas que hasta hoy enfrenta, entre ellos la invasión de grandes áreas de su concesión forestal, por parte de pobladores de Garzayacu y Getsemaní
“Los representantes de la empresa señalan que en ese asunto hay un trasfondo político y que ya han demostrado a las autoridades que sus actividades están acordes a las exigencias del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor); y, por el contrarios, son los invasores asentados en los bosques de Protección y de Producción Permanente de San Martín, los que depredan el medioambiente indiscriminadamente, sin considerar el impacto ecológico de sus actividades”, dijo Varilias.
Desde el 14 de diciembre pasado, Copefor sufre el ataque de una turba de más de 300 personas, convocadas e integradas por pobladores de esos ilegales caseríos quienes desalojando a la fuerza al personal, campamentos y maquinaria de la empresa de sus legítimas instalaciones (ubicadas en su concesión forestal).
Peor aún, a pesar de haber alertado y denunciado las acciones de esos supuestos caseríos ante todas las instancias, la situación sigue igual, consolidándose el atropello contra la preservación de los bosques nacionales y el estado de derecho del país. “Este es un ejemplo más de cómo se desalienta la inversión privada en el país. Necesitamos autoridades que cumplan su rol de manera eficiente y oportuna”, concluyó Varilias.
Si bien Copefor ganó la concesión de 47,614 Has. solo puede intervenir en alrededor de 1,500 Has. pues se le ha descontado alrededor de 6,000 Has de bosques de protección y sobre las restantes sólo puede ingresar para efectuar el manejo sostenible a una primera PCA Parcela de Corta Anual) que representa un 20avo (5%).
