No cambiar nada para que nada cambie 
Por Humberto Campodónico
Poco a poco, el debate político-electoral va presentando diversos debates que tienen como punto de partida enfoques distintos de modelo económico.
Comencemos por los medicamentos. El ministro de Salud se ha quejado porque se han bajado los aranceles y el IGV a los medicamentos contra el cáncer, pero éstos no han bajado de precio. ¿Por qué? Porque los intermediarios no han trasladado a los usuarios las rebajas de aranceles y de IGV.
Por Humberto Campodónico
Poco a poco, el debate político-electoral va presentando diversos debates que tienen como punto de partida enfoques distintos de modelo económico.
Comencemos por los medicamentos. El ministro de Salud se ha quejado porque se han bajado los aranceles y el IGV a los medicamentos contra el cáncer, pero éstos no han bajado de precio. ¿Por qué? Porque los intermediarios no han trasladado a los usuarios las rebajas de aranceles y de IGV.
¿Por qué? Porque en el Perú la estructura de la oferta de medicamentos es oligopólica: solo 7 cadenas de boticas controlan más del 65% de la oferta total de medicamentos y el Indecopi ha abierto contra ellos un procedimiento sancionador de oficio porque habría habido “concertación de precios de determinados productos farmacéuticos y afines, y se habría implementado a nivel nacional” (ver Farmacias y mercado oligopólico, www.cristaldemira.com, 18/12(2010).
Esto demuestra que las rebajas arancelarias no llevan a una reducción de precios en un mercado oligopólico. Pero también demuestra que, cuando la oferta es oligopólica, lo que hay que hacer es liquidar a ese oligopolio “concertador” de precios. Es lo que no entiende Federico Salazar en reciente artículo, cuando dice que solo el “libre mercado” puede bajar los precios.
Aquí se impone cambiar la actual ley de “libre competencia” que solo castiga el “abuso” de la posición de dominio en el mercado por el lado de los ofertantes, yendo hacia un modelo como el anglo-sajón y el de la Unión Europea: en esos países no se deja que los ofertantes lleguen a tener una posición de dominio. Si lo hacen, se les obliga a escindirse. Dicho de otro modo, no se les deja tener una posición de dominio para que, de esa manera, no puedan abusar de dicha posición.
Otro tema clave es el Callao, donde existen dos empresas que compiten: Dubai Ports en el Muelle Sur y ENAP en el Muelle Norte. Pero Dubai quiere comprar el Muelle Norte y, así, tener un monopolio. Sus defensores dicen que en el Callao existe un “monopolio natural”, lo que quiere decir que un operador es mas eficiente que dos por “economías de escala” y, por tanto, lo único que se necesita es un regulador eficiente para que “chequee” que se establezcan “tarifas competitivas”.
Falso. En el Callao no existe monopolio natural, como no existe tampoco en Valparaíso ni en San Antonio (en Chile) donde en ambos puertos existen varios operadores y, también, una empresa estatal. No existe argumento valedero para decir que en el Callao hay monopolio natural, como podría ser el caso del agua potable y/o la distribución eléctrica o de gas. Incluso en estos casos diversos proveedores podrían montarse a las redes existentes, previo pago de un peaje.
Por eso, en este caso queda claro que se están defendiendo intereses de grupos económicos específicos, blandiendo el argumento del “monopolio natural” como un burdo pretexto.
Otro tema son las sobreganancias mineras. Un impuesto de este tipo ya se implantó en los EE. UU. y el Reino Unido y, recientemente, se ha hecho lo mismo en Israel y Chile (en Australia se planteó, pero al final no se adoptó). Aquí se ha demostrado ampliamente que los altos precios de los minerales y del petróleo (recursos naturales que pertenecen a la Nación) otorgan ganancias extraordinarias que deben ser compartidas entre las empresas y el Estado, sobre todo para obtener recursos para inversiones en educación, salud e infraestructura.
Además, eso no disminuye la rentabilidad (tasa interna de retorno de las empresas), lo que también ha sido demostrado (www.cristaldemira.com, 19/1/2011).
Estos tres temas nos dicen que los defensores de las grandes empresas no quieren cambiar nada para que nada cambie. Ese es el quid de la cuestión y el eje de los debates políticos hacia las elecciones de abril. Que los árboles no nos impidan ver el bosque.
www.cristaldemira.com
Esto demuestra que las rebajas arancelarias no llevan a una reducción de precios en un mercado oligopólico. Pero también demuestra que, cuando la oferta es oligopólica, lo que hay que hacer es liquidar a ese oligopolio “concertador” de precios. Es lo que no entiende Federico Salazar en reciente artículo, cuando dice que solo el “libre mercado” puede bajar los precios.
Aquí se impone cambiar la actual ley de “libre competencia” que solo castiga el “abuso” de la posición de dominio en el mercado por el lado de los ofertantes, yendo hacia un modelo como el anglo-sajón y el de la Unión Europea: en esos países no se deja que los ofertantes lleguen a tener una posición de dominio. Si lo hacen, se les obliga a escindirse. Dicho de otro modo, no se les deja tener una posición de dominio para que, de esa manera, no puedan abusar de dicha posición.
Otro tema clave es el Callao, donde existen dos empresas que compiten: Dubai Ports en el Muelle Sur y ENAP en el Muelle Norte. Pero Dubai quiere comprar el Muelle Norte y, así, tener un monopolio. Sus defensores dicen que en el Callao existe un “monopolio natural”, lo que quiere decir que un operador es mas eficiente que dos por “economías de escala” y, por tanto, lo único que se necesita es un regulador eficiente para que “chequee” que se establezcan “tarifas competitivas”.
Falso. En el Callao no existe monopolio natural, como no existe tampoco en Valparaíso ni en San Antonio (en Chile) donde en ambos puertos existen varios operadores y, también, una empresa estatal. No existe argumento valedero para decir que en el Callao hay monopolio natural, como podría ser el caso del agua potable y/o la distribución eléctrica o de gas. Incluso en estos casos diversos proveedores podrían montarse a las redes existentes, previo pago de un peaje.
Por eso, en este caso queda claro que se están defendiendo intereses de grupos económicos específicos, blandiendo el argumento del “monopolio natural” como un burdo pretexto.
Otro tema son las sobreganancias mineras. Un impuesto de este tipo ya se implantó en los EE. UU. y el Reino Unido y, recientemente, se ha hecho lo mismo en Israel y Chile (en Australia se planteó, pero al final no se adoptó). Aquí se ha demostrado ampliamente que los altos precios de los minerales y del petróleo (recursos naturales que pertenecen a la Nación) otorgan ganancias extraordinarias que deben ser compartidas entre las empresas y el Estado, sobre todo para obtener recursos para inversiones en educación, salud e infraestructura.
Además, eso no disminuye la rentabilidad (tasa interna de retorno de las empresas), lo que también ha sido demostrado (www.cristaldemira.com, 19/1/2011).
Estos tres temas nos dicen que los defensores de las grandes empresas no quieren cambiar nada para que nada cambie. Ese es el quid de la cuestión y el eje de los debates políticos hacia las elecciones de abril. Que los árboles no nos impidan ver el bosque.
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