Regalías: abismales diferencias
Por Humberto Campodónico
Columnista invitado: Jorge Manco Z. (Invest. UNMSM)
Como una necesidad histórica, una demanda nacional y por sentido común, se impone una mayor participación del Estado en la riqueza producto de la renta de los recursos naturales como los mineros y los hidrocarburos. De allí, que los responsables de Perú Posible y Gana Perú suscriban la tesis del impuesto a las ganancias extraordinarias obtenidas por la actividad minera.
Por Humberto Campodónico
Columnista invitado: Jorge Manco Z. (Invest. UNMSM)
Como una necesidad histórica, una demanda nacional y por sentido común, se impone una mayor participación del Estado en la riqueza producto de la renta de los recursos naturales como los mineros y los hidrocarburos. De allí, que los responsables de Perú Posible y Gana Perú suscriban la tesis del impuesto a las ganancias extraordinarias obtenidas por la actividad minera.
| Perú regalías: hidrocarburos y minería 2005-2010 (en millonres de US$) |
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Recordemos que con los elevados precios del oro (más de US$ 1,300/ onza), la plata (casi US$ 30/onza) y el cobre (más de US$4/libra), las tasas de rentabilidad están por encima del 40%. Así, de cada 100 dólares de ingresos por ventas, 40 serían utilidades netas.
Sin embargo, por las dificultades parlamentarias en su aplicación, un impuesto extraordinario sería poco factible pues, entre otras razones, se necesitaría un amplio consenso o una mayoría del partido de gobierno. Por ello, un mecanismo alternativo sería elevar las tasas de regalías mineras del 3% al 10% sobre el valor de la producción, como originalmente se propuso en el Congreso en el 2002.
Abonan a favor de esta propuesta los antecedentes en la explotación de los hidrocarburos –con tasas de regalías promedio del 32% y la elevación del royalty en Chile de un promedio de 4.5% a casi 14% del margen operativo–. Esto nos permitiría una ruta más corta para incrementar las rentas fiscales. Por último, las proyecciones del oro por encima de US$ 1,500/onza hacen necesaria una mayor participación fiscal en los beneficios extraordinarios.
Con respecto a los hidrocarburos, si bien no somos un país petrolero, todas las empresas petroleras, sin excepción, abonan regalías al Estado (sea en los contratos de licencia o servicios) para acceder a la propiedad de los hidrocarburos. Hay empresas que operan en los viejos campos de Talara que pagan regalías del 50% (Unipetro, empresa de la UNI, abona una tasa de regalías equivalente del 63%, la más alta del país). También hay contratos de riesgo firmados desde el 2003 que tienen tasas de regalías del 5%, las que aumentan cuando suben los volúmenes producidos.
En resumen, el promedio de la tasa de regalías en hidrocarburos es del 32%, sin considerar el impuesto a la renta. Así, las regalías pagadas por las empresas petroleras del 2005 al 2010 totalizan US$ 5,701 millones, frente a las escuálidas regalías mineras que apenas alcanzan US$ 840 millones (ver cuadro). En el 2010 las regalías mineras fueron US$ 214 millones versus US$ 1,393 millones en hidrocarburos.
En cuanto a la minería, incrementar las tasas de regalías del 3% al 10% sobre el valor de la producción de concentrados o su equivalente, para todas aquellas empresas que tienen ingresos por encima de US$ 120 millones, no sería suficiente. Debe existir la suficiente voluntad política del nuevo gobierno para renegociar los contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa de empresas como Yanacocha, Antamina, Tintaya, Cerro Verde y Barrick que, amparadas en cuestionados “escudos fiscales”, no están compartiendo con el Estado las rentas extraordinarias producto de los altos precios.
Tanto los hidrocarburos como los minerales constituyen recursos naturales agotables y no renovables, cuya explotación “descapitaliza” al país si la riqueza no es redistribuida equitativamente con el Estado para que éste pueda enfrentar y resolver los déficits de salud, educación, infraestructura, seguridad, etc.
Sin una razonable participación fiscal en las rentas extraordinarias —y sin una industrialización de los recursos mineros— se fortalece el modelo minero, que trae consigo un crecimiento empobrecedor.
www.cristaldemira.com
Sin embargo, por las dificultades parlamentarias en su aplicación, un impuesto extraordinario sería poco factible pues, entre otras razones, se necesitaría un amplio consenso o una mayoría del partido de gobierno. Por ello, un mecanismo alternativo sería elevar las tasas de regalías mineras del 3% al 10% sobre el valor de la producción, como originalmente se propuso en el Congreso en el 2002.
Abonan a favor de esta propuesta los antecedentes en la explotación de los hidrocarburos –con tasas de regalías promedio del 32% y la elevación del royalty en Chile de un promedio de 4.5% a casi 14% del margen operativo–. Esto nos permitiría una ruta más corta para incrementar las rentas fiscales. Por último, las proyecciones del oro por encima de US$ 1,500/onza hacen necesaria una mayor participación fiscal en los beneficios extraordinarios.
Con respecto a los hidrocarburos, si bien no somos un país petrolero, todas las empresas petroleras, sin excepción, abonan regalías al Estado (sea en los contratos de licencia o servicios) para acceder a la propiedad de los hidrocarburos. Hay empresas que operan en los viejos campos de Talara que pagan regalías del 50% (Unipetro, empresa de la UNI, abona una tasa de regalías equivalente del 63%, la más alta del país). También hay contratos de riesgo firmados desde el 2003 que tienen tasas de regalías del 5%, las que aumentan cuando suben los volúmenes producidos.
En resumen, el promedio de la tasa de regalías en hidrocarburos es del 32%, sin considerar el impuesto a la renta. Así, las regalías pagadas por las empresas petroleras del 2005 al 2010 totalizan US$ 5,701 millones, frente a las escuálidas regalías mineras que apenas alcanzan US$ 840 millones (ver cuadro). En el 2010 las regalías mineras fueron US$ 214 millones versus US$ 1,393 millones en hidrocarburos.
En cuanto a la minería, incrementar las tasas de regalías del 3% al 10% sobre el valor de la producción de concentrados o su equivalente, para todas aquellas empresas que tienen ingresos por encima de US$ 120 millones, no sería suficiente. Debe existir la suficiente voluntad política del nuevo gobierno para renegociar los contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa de empresas como Yanacocha, Antamina, Tintaya, Cerro Verde y Barrick que, amparadas en cuestionados “escudos fiscales”, no están compartiendo con el Estado las rentas extraordinarias producto de los altos precios.
Tanto los hidrocarburos como los minerales constituyen recursos naturales agotables y no renovables, cuya explotación “descapitaliza” al país si la riqueza no es redistribuida equitativamente con el Estado para que éste pueda enfrentar y resolver los déficits de salud, educación, infraestructura, seguridad, etc.
Sin una razonable participación fiscal en las rentas extraordinarias —y sin una industrialización de los recursos mineros— se fortalece el modelo minero, que trae consigo un crecimiento empobrecedor.
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