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Por Humberto Campodónico
El argumento del gobierno afirmando que el Paro Nacional Agrario es una competencia entre sus líderes para ver quién es más radical no resiste el menor análisis. Las reivindicaciones de la Plataforma Agraria se conocen desde hace años, comenzando con la Carta Verde firmada por el ex presidente Toledo, hasta llegar al pedido reciente de importar fertilizantes más baratos (¿recuerdan la huelga de Andahuaylas?), pasando por la protesta de los algodoneros de Piura y el conflicto de los ganaderos lecheros que reciben pagos mínimos.
Más bien lo contrario es cierto. La paciencia de los agricultores y campesinos ha sido grande y no merecen que el gobierno los caracterice como "borregos" de sus dirigentes. Tampoco les debe haber gustado la afirmación de García de que la Junta de Usuarios de Riego (el gremio con la trayectoria más "tranquila") no paga por el agua, lo que muestra un comportamiento agresivo y burlón que ya había demostrado con los maestros y los médicos.
Sí sorprende la contundencia de la movilización, lo que revela, quizá, que las soluciones bomberiles (apagar el fuego cuando ya comenzó) "ya fueron". En este caso, el ministro de Agricultura promovió una serie de acuerdos a la hora nona –por enésima vez–, lo que no fue del agrado de las bases.
La cuestión central es que el gobierno cree que, ante la falta de oposición política y el carácter sectorial de las protestas, tiene carta blanca para navegar sin problemas hasta el 2011. Eso ha sucedido con las protestas mineras, de los maestros, médicos, docentes universitarios y poder judicial (para mencionar a los más importantes). Recordemos también que la mitad de los conflictos sociales, según la Defensoría del Pueblo, tienen que ver con el medio ambiente, fundamentalmente en el sector minero.
Pero también se siente el impacto de los bajos sueldos en plena bonanza macro económica, al lado de los despidos de los trabajadores esparragueros que quieren formar un sindicato y el mísero aumento del salario mínimo. A lo que se agregan innumerables planteamientos y proyectos de ley, un día sí y el otro también, en el más completo desorden: pena de muerte, ley de comunidades indígenas (para que vendan sus tierras), ley de la selva, ley de la inversión privada en turismo.
El principio "los privados deciden" se aplica a nuestros recursos energéticos, a tal punto que podrían exportarse sin que esté asegurado el abastecimiento del mercado interno. Al mismo tiempo, el destino de la petroquímica omite el potenciamiento de Petroperú, a diferencia de lo que hacen los vecinos.
Pareciera que lo único que el gobierno tiene claro es que la inversión y el libre comercio deben tener carta libre. Así, los neoliberales del gabinete bloquean la reforma tributaria y quieren avanzar en todo tipo de concesiones (subsidiadas) de activos del Estado y en la privatización de las empresas públicas. Su agenda continúa con la suscripción de TLCs a discreción: EEUU, Chile, Singapur, Canadá y se alistan TLCs con la Unión Europea y China.
Lo que no entiende la derecha –ni el gobierno– es que la fractura del 2006 vino después de varios años de crecimiento macroeconómico que concentra el ingreso en las capas altas y no lo extiende a la mayoría de la población. Para entender el malestar basta mirar las cifras de pobreza publicadas bajo este gobierno: la pobreza bajó del 48 al 44% del 2004 al 2006 (del 31 al 24% en Lima), pero subió de 75.8 a 76.9 en las zonas rurales y sobre todo en la sierra sur.
Pareciera que el Paro Agrario nos está anunciando la llegada a un punto de quiebre que exige otro rumbo de mediano y largo plazo (un Plan Nacional de Desarrollo), así como poner el péndulo al medio en las relaciones entre mercado y Estado, con una mayor participación democrática de sectores excluidos y de los gobiernos regionales. Si eso no se hace, el gobierno podría inclinarse hacia medidas autoritarias (ya lo está haciendo), en un contexto de recesión económica a nivel internacional, con dos importantes cumbres gubernamentales ad portas. ¿Por ese camino nos llevará el APRA?
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