Se ha completado la "Reforma incompleta"
Por Humberto Campodónico
El diluvio de Decretos Legislativos de los últimos días confirma que el gobierno está utilizando los poderes que el Congreso le otorgó en diciembre pasado para implementar un verdadero tsunami neoliberal. En marzo se dieron los primeros 5 DL, comenzando por el 994, para promover la inversión privada en proyectos de irrigación agrícola. En mayo se publicaron 17 DL (del 1000 al 1016) y en junio, mes en que vencen las facultades otorgadas, ya van 22 (del 1017 al 1038). Se espera que en estos días se publiquen más de 20 DL adicionales, por lo menos.
Este paquete de DL tiene su antecedente en marzo del 2001, bajo Fujimori, cuando el entonces ministro Carlos Boloña comenzó la aplicación de la reforma neoliberal bajo los planteamientos del Consenso de Washington. El objetivo era claro: liberalizar la economía y eliminar la actividad empresarial del Estado, vía la privatización de las empresas públicas, otorgando preeminencia plena a la inversión extranjera.
Para blindar estas reformas e impedir cualquier cambio, se las incorporó al régimen económico de la Constitución de 1993, lo que no se ha hecho ningún país de la Región. Pero la reforma quedó "incompleta" pues, en 1998, la camarilla Fujimori-Montesinos decidió ir a la ilegal re-reelección para quedarse en el poder, encubriendo las violaciones de derechos humanos y los millonarios robos cometidos por sus miembros, sobre todo de la plata de la privatización con el pretexto de la compra de armas.
Hasta allí sirvió Fujimori a los intereses de los neoliberales que, en muchos casos, consideraron que lo económico y lo político eran compartimientos estancos. Trabajar para a la reforma, por ello, no habría tenido nada que ver con el fujimontesinismo.
Hoy, con el pretexto de adecuar la legislación vigente para que sea compatible con el TLC firmado con EE. UU., se ha abierto una nueva ventana de oportunidad para "completar la reforma". Como muestra, un botón: el DL 1031, de Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado, retoma la privatización de las empresas públicas bajo una nueva modalidad: tienen que inscribir, como mínimo, el 20% de sus acciones en la Bolsa de Valores.
Esto no tiene nada que ver con el TLC con EE. UU. ya que México, por ejemplo, excluyó la actividad petrolera y a Petróleos Mexicanos (PEMEX) del TLCAN. Lo mismo con Chile, que firmó el TLC con EE. UU. en el 2004 y mantiene a Codelco (la primera empresa de cobre del mundo) y a la petrolera ENAP como empresas públicas con el 100% de su capital en manos del Estado.
Este paquete de DL ha sido elaborado por los principales estudios de abogados y, también, por empresas consultoras, casi sin discusión con los gremios empresariales y de trabajadores (es el caso de la nueva Ley de Pesca). Así, estos DL se han saltado a la garrocha al Congreso, cuya principal función es la de legislar incorporando los intereses y opiniones de las fuerzas vivas del país.
Para tratar de desviar la atención pública sobre los temas de fondo, el gobierno ha dado una que otra Ley a favor de los trabajadores, como la Ley 29157 de tercerización (buena parte de sus dispositivos ya se aplicaban vía decreto supremo). Sin embargo, al día siguiente de promulgada, sale el DL 1038 (25/6/2008) que retira con la mano derecha lo que la Ley 29157 había establecido sobre la pluralidad de clientes.
No nos engañemos, entonces. El gobierno no solo ha profundizado la reforma neoliberal, llevando el péndulo hasta la derecha más extrema. También la blinda contra cambios futuros que planteen un equilibrio entre Estado y mercado (poner el péndulo al medio) ahora que ya está probado el fracaso del economicismo neoliberal. El Consenso de Washington vive y colea en el Perú como un recién nacido.
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