No es una tontería
Humberto Campodónico
El proyecto de ley # 2665 de la Célula Parlamentaria Aprista, presentado al Congreso a iniciativa de Luis Giampietri, ha desatado una aguda controversia en el Poder Ejecutivo y en el propio Partido Aprista. Dice el PL 2665 que "el Estado, en resguardo del interés nacional, podrá aplicar en casos excepcionales, medidas restrictivas para acceder a los mercados; asimismo, podrá aplicar medidas análogas proteccionistas a las de otros países en defensa de la inversión nacional".
La ministra de Comercio Exterior Mercedes Aráoz ha dicho que "el proyecto es una tontería. No podemos tener ese tipo de cosas. Voy a estar en Singapur para buscar inversiones en puertos, aeropuertos, petroquímica y zonas especiales. Cómo les vamos a poner una ley que restrinja su inversión. Además que va en contra de las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC)".
No es cierto lo que dice la ministra. En la reunión ministerial del 2003 en Cancún de la Ronda Doha de la OMC se acordó de manera explícita no incluir en las negociaciones comerciales el tema de la inversión extranjera, que había sido planteado por los países industrializados. También fueron excluidos de la agenda dos temas adicionales: políticas de competencia y compras estatales (*)
¿Por qué? Porque la mayoría de los países en desarrollo, liderados por China, India, Brasil, Rusia y los países asiáticos, se opusieron, con el siguiente argumento: "consideran que los países tienen derecho a políticas flexibles que les permitan determinar las modalidades de inversión extranjera que contribuyan a la expansión del comercio, de acuerdo a sus intereses nacionales". Tal como lo leen.
Por eso, la ministra no tiene que preocuparse cuando vaya a Singapur: todos los países miembros de la APEC van a entender de qué se trata, porque esa es la política que ellos aplican. No solo eso. Todos saben que la apertura del mercado nacional es parte de una negociación. El acceso al mercado interno por la inversión extranjera (y, también, en el campo comercial) no puede ser cedido unilateralmente, de manera graciosa.
Pero eso no sucede aquí, pues los neoliberales pusieron en la Constitución de 1993 que "la inversión extranjera y la nacional se someten a las mismas condiciones" (Art. 63). Esto no está en la Constitución de EE. UU., Chile, Argentina, Brasil, Colombia ni ningún otro país de la región. Por eso, hay que derogar la igualdad de trato del Art. 63.
En realidad, el debate de fondo va más allá de las medidas restrictivas del PL 2665 (que, por lo demás, están en la Constitución de 1993). Se trata de entender claramente que, en la época de la globalización, los intereses de los Estados nacionales siguen vigentes (el PL 2665 da varios ejemplos de las restricciones que imponen EE. UU., Ecuador y Chile) y que siguen existiendo sectores y empresas estratégicas.
Para Perú, por ejemplo, son estratégicos, entre otros, el sector energético y los puertos. Para EE. UU. son estratégicos los puertos (Dubai no pudo comprar puertos en EE. UU. por "seguridad nacional"), las empresas petroleras (los chinos no pudieron comprar Unocal), el agro (tiene subsidios masivos), la tecnología de punta y los medios de comunicación (los extranjeros no pueden ser dueños de estaciones de radio y TV).
Por eso, no se trata solo de alabar la inversión, cualquiera que ésta sea, "porque nos da puestos de trabajo", como dice el Ministro Rey. Es errada la concepción de que la inversión es condición necesaria y suficiente para el desarrollo. Por el contrario, es la responsable del estilo de crecimiento que concentra las ganancias en unos pocos y que está acabando con la aceptación del actual régimen.
El debate sobre el PL 2665 nos dice que hay una derecha nacionalista que busca frenar la entrega indiscriminada del país —por parte de los neoliberales que hoy hegemonizan el gabinete y atemorizan a una buena cantidad de los dirigentes del APRA— a los capitales foráneos, sobre todo de países vecinos. Que su propulsor, Luis Giampetri, esté involucrado en casos de violación de derechos humanos —debiendo el Poder Judicial determinar su responsabilidad— es independiente del contenido del PL 2665. No es una tontería defender los intereses nacionales porque, aun en esta etapa de la globalización, el capital sí tiene patria.
(*) Ver página web de la OMC: www.wto.org/spanish/thewto s/whatis_s/tif_s/bey3_s.htm
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