Expertos cuestionan legalidad de decretos legislativos por TLC
El doctor Javier Alva Orlandini, ex presidente del Tribunal Constitucional, y expertos en derecho ambiental, economía rural, conflictos sociales y agroecología, cuestionaron la legalidad de los 99 decretos legislativos emitidos por el poder ejecutivo en junio pasado en el marco de las atribuciones conferidas por el Congreso para legislar en materia del TLC con los EE. UU. Por ello propusieron su revisión, que ahora es impulsada por la presión de la ciudadanía.
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El doctor Javier Alva Orlandini, ex presidente del Tribunal Constitucional, y expertos en derecho ambiental, economía rural, conflictos sociales y agroecología, cuestionaron la legalidad de los 99 decretos legislativos emitidos por el poder ejecutivo en junio pasado en el marco de las atribuciones conferidas por el Congreso para legislar en materia del TLC con los EE. UU. Por ello propusieron su revisión, que ahora es impulsada por la presión de la ciudadanía.
Respecto a los decretos legislativos referidos a los asuntos mineros y comunidades campesinas, Laureano del Castillo, investigador del CEPES, indicó que ratifican la preeminencia de la legislación minera, y no dejan espacio para la defensa de los agricultores frente a los intereses mineros. Aclaró que no se puede decir que el DL 1064 sea una nueva ley de servidumbre minera (cesión legal de terrenos comunales a mineras), pues “la norma es muy breve y oscura, pero ya no es necesario un acuerdo previo y tampoco es claro si la servidumbre es obligatoria, cómo se compensará ni quién lo determina”.
De las normas referidas al agua, explicó, por ejemplo, que el DL 994 fomenta la inversión privada en tierras eriazas de la costa, pero no indica de dónde saldrá el agua.
Por su parte, Luis Gomero, asesor técnico de la Red de Acción en Agricultura Alternativa, señaló que de las 99 normas, 19 las promulgó el Ministerio de Agricultura. Subrayó que el DL 1059 fue aprobado sin consultar a nadie, “se ha beneficiado a seis empresas que controlan el comercio mundial de insumos químicos y no va a mejorar la situación de los agricultores. Por ello, concluyó que no era necesario derogar la Ley Marco de Sanidad Agraria, acorde con normas de la FAO.
Agregó que otro aspecto preocupante es el DL 1080, que modifica la Ley general de semillas, introduciendo “de contrabando” el concepto de organismo transgénico. Ese decreto “colisiona con la Ley de promoción de la agricultura orgánica o ecológica”, advirtió.
“Los decretos legislativos son complejos, y se hicieron sin dialogar con nadie. La normatividad no refleja mínimamente los intereses de los peruanos, sino de intereses particulares”, resumió el economista Eduardo Zegarra, investigador principal de la ONG GRADE. “¿Dónde quedan los intereses de nuestros agricultores y pequeños empresarios?”, preguntó.
Añadió que ya teníamos una buena norma de sanidad agraria, que no era necesario derogar en función del TLC con los EE. UU., sino debió reforzarse nuestra capacidad regulatoria. “La crisis de los EE. UU. se debe a la desregulación desmedida, y el área de la sanidad requiere mucha regulación. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) tuvo avances importantes, y con la derogación de su ley, retrocedemos”, afirmó Zegarra.
Por su parte, Efraín Aragón, de la Red Ambiental Peruana, se interrogó qué hacer con un Estado que repite año tras año la misma conducta. “¿Qué hace la ciudadanía frente al hecho grave de un Estado que facilita negocios de las transnacionales?”, expresó.
Agregó que de seguirse en esa línea, “poco a poco la producción peruana no será aceptada si es con agroquímicos, y hoy se habla de agrobiodiversidad, que en el Perú se practicaba hace décadas”. Remarcó que por esa actitud el Estado merece una condena: “¿Quienes han ganado con los agroquímicos y el monocultivo, y quienes se han perjudicado?”, cuestionó.
Las conclusiones fueron expuestas en el foro convocado por la Sociedad Nacional del Ambiente, la Red Muqui, la Red Ambiental Peruana y el Colectivo Forestal, que culminó este fin de semana.
De las normas referidas al agua, explicó, por ejemplo, que el DL 994 fomenta la inversión privada en tierras eriazas de la costa, pero no indica de dónde saldrá el agua.
Por su parte, Luis Gomero, asesor técnico de la Red de Acción en Agricultura Alternativa, señaló que de las 99 normas, 19 las promulgó el Ministerio de Agricultura. Subrayó que el DL 1059 fue aprobado sin consultar a nadie, “se ha beneficiado a seis empresas que controlan el comercio mundial de insumos químicos y no va a mejorar la situación de los agricultores. Por ello, concluyó que no era necesario derogar la Ley Marco de Sanidad Agraria, acorde con normas de la FAO.
Agregó que otro aspecto preocupante es el DL 1080, que modifica la Ley general de semillas, introduciendo “de contrabando” el concepto de organismo transgénico. Ese decreto “colisiona con la Ley de promoción de la agricultura orgánica o ecológica”, advirtió.
“Los decretos legislativos son complejos, y se hicieron sin dialogar con nadie. La normatividad no refleja mínimamente los intereses de los peruanos, sino de intereses particulares”, resumió el economista Eduardo Zegarra, investigador principal de la ONG GRADE. “¿Dónde quedan los intereses de nuestros agricultores y pequeños empresarios?”, preguntó.
Añadió que ya teníamos una buena norma de sanidad agraria, que no era necesario derogar en función del TLC con los EE. UU., sino debió reforzarse nuestra capacidad regulatoria. “La crisis de los EE. UU. se debe a la desregulación desmedida, y el área de la sanidad requiere mucha regulación. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) tuvo avances importantes, y con la derogación de su ley, retrocedemos”, afirmó Zegarra.
Por su parte, Efraín Aragón, de la Red Ambiental Peruana, se interrogó qué hacer con un Estado que repite año tras año la misma conducta. “¿Qué hace la ciudadanía frente al hecho grave de un Estado que facilita negocios de las transnacionales?”, expresó.
Agregó que de seguirse en esa línea, “poco a poco la producción peruana no será aceptada si es con agroquímicos, y hoy se habla de agrobiodiversidad, que en el Perú se practicaba hace décadas”. Remarcó que por esa actitud el Estado merece una condena: “¿Quienes han ganado con los agroquímicos y el monocultivo, y quienes se han perjudicado?”, cuestionó.
Las conclusiones fueron expuestas en el foro convocado por la Sociedad Nacional del Ambiente, la Red Muqui, la Red Ambiental Peruana y el Colectivo Forestal, que culminó este fin de semana.
