Miguel Ángel Rodríguez Mackay
La reciente firma por el Perú junto a otros 11 países —con Estados Unidos a la cabeza, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México y Chile— del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, más conocido por sus siglas en inglés TPP, ha generado una serie de cuestionamientos en diversos sectores del país y de los demás Estados que lo han suscrito.
La base de las discrepancias tiene que ver directamente con los medicamentos y la idea circulada de que sus precios podrían elevarse ostensiblemente. Conviene aclarar que el TPP no es otra cosa que un tratado de libre comercio, pero de alcance multilateral y que su negociación se ha realizado desde el 2010, prácticamente en estricta reserva. El TPP busca, en sus más de 26 capítulos de negociación, regular un amplio campo temático comercial desde lácteos, asuntos laborales, derechos de autor, patentes, inversiones estatales, medio ambiente, entre otros.
La alarma surge porque al soltarse la información de que los precios de las medicinas tenderían al alza, la gente de escasos recursos económicos serían los más afectados. Evidentemente, estamos frente a un instrumento que ha generado una gran carga de sensibilidad social. Cundido el pánico que advertiría obstáculos al acceso a medicamentos genéricos —lo que la gente pobre sí puede comprar—, el Congreso de la República ha convocado en el acto a la ministra de Comercio Exterior, quien previamente ha anunciado que el referido acuerdo contará con un plazo de 10 años para su implementación. En todo caso, recordemos que para la plena vigencia del acuerdo es imprescindible que sea ratificado por el Poder Legislativo
Correo, 08.10.2015
