Especuladores de los EE. UU. buscan cobrar US$5,100 millones por bonos peruanos de la deuda de la reforma agraria, papeles que fueron comprados a precios irrisorios a los agricultores víctimas de la expropiación del gobierno de Juan Velasco Alvarado en 1969, en su Reforma Agraria.
Grammercy, fondo de inversión estadounidense, amenaza con acudir a instancias internacionales si el Perú no paga lo que exigen y está en desacuerdo con criterios establecidos por TC para pagos, advierte hoy Correo.
Dicho diario señala que la Fiscalía ha detectado una falsificación en una de las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) sobre los bonos agrarios. “Estuvimos buscando una resolución consensual con las autoridades peruanas, pero nos dijeron a quemarropa: ‘No nos importa”, afirmó el vocero de Grammercy, James Taylor, a AFP desde Estados Unidos para explicar la razón de la demanda.
Por abandono de gobiernos de Belaunde, García, Fujimori, Toledo y Humala se infló la deuda agraria
La dictadura militar fue injusta al despojar de las tierras a los latifundistas sin mediar pago indemnizatorio. Tras el fin de la dictadura militar, ningún gobierno respetó a los agricultores víctimas de la expropiación, pues se negaron a pagarles la deuda, por lo cual, empujados por la necesidad, la mayoría vendió los bonos emitidos en 1970, entregados a cambio del despojo de sus haciendas, a empresas especuladoras estadounidenses. Incluso gobiernos como el de Toledo y García, en cuestionables faenones, vendieron tierras expropiadas, en lugar de compensar con ello a los pocos propietarios (o herederos) que mantenían sus bonos.
El Estado peruano calcula sería llevado al Investor State Dispute Settlement (ISDS), mecanismo de solución de controversias internacional, el cual favorecería a Grammercy, que pretende valorizar con cifras astronómicas los papeles de deuda.
En 2006 el Congreso de la República calculó que, a la fecha en que los terrenos fueron expropiados, tenían un valor de 2500 millones de soles.
Algunos acreedores denunciaron en 2013 que el Gobierno presionó para que el TC sustituya la resolución que ordenaba que les paguen por otra que permitía que el pago sea escalonado. “Es inaceptable que se difiera el pago, porque cuando ello finalice, muchos acreedores estarán muertos”, manifestó por su parte el vocero de los bonistas en el Perú, Carlos Anderson, a AFP.
El ministro de Economía, Alonso Segura, consultado sobre el tema, rechazó que el Gobierno se niegue a pagar los bonos de los 500 acreedores.
Los actuales tenedores de los bonos realizaron una marcha pacífica en San Borja, donde se realizó la Junta de Gobernadores del FMI y el Banco Mundial.
Augusto Pretel Rada (75), una de las víctimas de la expropiación, denunció a Correo sentirse estafado por el gobierno de Ollanta Humala, pues dijo que en su lucha por conseguir que le paguen los bonos agrarios por las 1626 hectáreas que le expropiaron a su familia en la región Áncash, se percató de que la sentencia del TC que ordena que el pago de la deuda se haga en dólares habría sido “manipulada”.
“He luchado por que se me pague el dinero de los bonos agrarios y me encuentro con esta sorpresa. La resolución tenía una serie de enmendaduras que yo mismo denuncié ante la Fiscalía y me encuentro con la sorpresa de que se borraron firmas y se cambiaron varios enunciados. El pago se debió hacer de acuerdo al precio del mercado y este fallo lo que hizo fue licuar mi deuda”, dijo. Ahora, con la resolución, el Estado deberá pagarle solo S/.0.30 por hectárea.
La acusación fue recogida por el asesor de la Alianza para el Pago Justo de los Bonos Agrarios, Carlos Anderson, quien manifestó a Correo que antes de que salga el fallo del TC se habrían dado algunos hechos que podrían generar suspicacias sobre una supuesta intromisión del Ejecutivo para cambiar la modalidad de cancelación.
“Todo se dio días antes de que se cambien a los integrantes del TC. El martes 9 de julio (de 2013), el presidente Ollanta Humala declaró públicamente que el tribunal debía abstenerse de dar fallos sobre temas sensibles, como por ejemplo la Reforma Agraria. Esto porque el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, no quería que el pago se haga de acuerdo al precio del mercado”, señaló Anderson.
En esa línea, relató que el proyecto inicial de la sentencia, elaborado por Gerardo Eto, establecía que el cálculo se haga de acuerdo con el Índice del Precio al Consumidor (IPC), con lo que correspondía un pago de hasta $5000 millones.
Dicho proyecto fue circulado, revisado y firmado el 11 de julio de 2013, día en que el presidente del TC, Óscar Urviola, y los magistrados Carlos Mesía Ramírez y Ernesto Álvarez Miranda aprobaron dicho documento.
Sin embargo, según Anderson, este fue cambiado de manera repentina. “Este proyecto fue circulado el 11 de julio. Y ese mismo día, a las 5:21 de la tarde, el señor Eduardo Roy Gates visita el TC fuera de horario para reunirse con Óscar Urviola. Ahí, sabemos, le entrega este nuevo proyecto, que se basó en una propuesta del ministro Castilla. Con esto, el cálculo ya no fue con el IPC sino utilizando la técnica de la dolarización, lo que redujo sustancialmente los pagos”, denunció.
El proyecto fue aprobado el 16 de julio de 2013, un día antes de que los miembros del TC sean cambiados. “Como tenían poco tiempo, falsificaron las firmas y adulteraron el documento. Exigimos que se dé una nueva sentencia de acuerdo a ley, porque los bonistas no merecen ser estafados de esta manera”, concluyó.
Para los gobiernos desde los militares hasta Humala, el pago de la deuda externa es sagrado, pero no el de la deuda interna, que se debe a los peruanos, situación que se agravó con la Constitución de la dictadura fujimorista, que privilegia a las empresas extranjeras frente a las peruanas.
