Esta semana se dio a conocer que las exportaciones mineras del Perú alcanzaron los 29,091 millones de dólares, de enero a setiembre de 2021, monto mayor en 67.6% respecto al similar período del año pasado (17,360 millones), según la SNMPE.
Sin duda, una cifra importante que grafica el buen momento que viene teniendo nuestra industria minera, que no solo ha generado mayores ingresos al país, sino que ha sido el principal soporte de la economía peruana este año.
Estos números incluso son superiores al similar periodo pre pandemia en un 40.4%. En el periodo de enero a setiembre de 2019 se alcanzaron unos 20,727 millones de dólares en exportaciones.
Esto se explica por el desempeño de las exportaciones de cobre (que se incrementaron en un 76.8%) y el oro (en un 38.15%) que han sido muy buenos en este periodo del año, y se verán reflejados lógicamente en las finanzas del país.
Pero más allá de estos alentadores resultados aún vemos que persisten bloqueos en importantes operaciones mineras como Las Bambas o Antamina, claves para la estabilidad económica del país, lo que impacta negativamente en las expectativas de inversión.
Mantener esta situación será realmente perjudicial no solo para las regiones, sino para el país en general, que busca recuperarse de los efectos de la pandemia del Covid-19. Y para ello es sumamente importante el acompañamiento del Estado.
Debemos articular esfuerzos entre el Estado y las empresas, tanto para cerrar las brechas existentes en esta zona del país, como también para prevenir futuros conflictos sociales en las regiones mineras.
Al día de hoy no existe en el país un Sistema Nacional de Transformación de los Conflictos Sociales, como recomienda la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, para optimizar las funciones del Estado en la resolución de conflictos sociales.
Otro tema que también requiere mucha atención es mejorar la gestión de los recursos generados por nuestra industria, léase canon minero y regalías mineras. Ya que el sistema actual ha generado desigualdades, entre las regiones, provincias, distritos.
Y ni qué decir de la ejecución. En la última década (2009-2019), las empresas mineras transfirieron más de 40 mil millones de soles por conceptos de canon y regalías, siendo ejecutado solo el 65% por los gobiernos regionales. Ello nos obliga a replantear todo nuevamente.
Debemos orientar el uso eficiente y distribución del canon minero desde un enfoque territorial, que asegure no solo el desarrollo de las zonas que reciben canon, sino también el progreso de las poblaciones más pobres, alejadas y vulnerables.
IIMP
