Recursos generados entre enero y noviembre de 2021 sirven para la ejecución de proyectos en las regiones, con la finalidad de elevar la calidad de vida de las personas y su capacidad productiva
La transferencia de recursos generados por la actividad minera a los gobiernos regionales y locales de la Macrorregión Centro, que incluyen el Canon Minero, Regalías Mineras Legales y Contractuales, y Derecho de Vigencia y Penalidad, sumaron en los primeros once meses del año más de S/ 2,452 millones, de acuerdo a la última edición del Boletín Estadístico Minero, informó el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Esta cifra transferida a los gobiernos integrantes de la Macrorregión Centro, que comprende a las regiones de Lima, Áncash, Junín, Pasco, Huánuco, Huancavelica, Ayacucho, Ica, contribuye, entre otros aspectos, a la continuidad de las actividades económicas regionales y la lucha contra la pandemia del COVID-19.
El documento estadístico precisa que solo en las transferencias por Canon Minero en el 2021 se alcanzó una cifra superior a los S/ 1,316 millones, monto que va dirigido a los gobiernos subnacionales para la ejecución de obras públicas en diversos sectores en beneficio directo de la población.
Asimismo, las transferencias por el concepto de Regalías Mineras Legales y Contractuales entre enero y noviembre sumaron más de S/ 1,028 millones, situación que fue alentada por los altos precios de los metales y la mayor producción minera, lo que generó mayores utilidades para las compañías mineras y, asimismo, el pago de más impuestos.
Finalmente, las mencionadas regiones recibieron por Derecho de Vigencia y Penalidad un monto que supera los S/ 107 millones.
Entre las regiones integrantes de la Macrorregión Centro, la región Áncash recibió más de S/ 1,458 millones, ocupando el primer lugar; seguida de Ica, que durante este lapso de tiempo recibió más de S/ 527 millones, producto de esta actividad económica.
Los recursos generados por la minería constituyen una fuente de financiamiento para los gobiernos subnacionales, y ello les permite ejecutar proyectos públicos que apuntan a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y en especial de las comunidades aledañas a los proyectos mineros.
