Ya no venderían Collique
Inversiones mafiosas de Chile deben salir del Perú
La Comisión de Transportes del Congreso de la República aprobó prohibir al Estado la venta del aeródromo de Collique, gigantesco y maloliente negociado que el gobierno aprista pretende perpetrar en perjuicio de la aviación civil peruana y a favor de DH Mont, empresa que presuntamente estaría asociada de forma encubierta con la chilena Besco y con los malos empresarios de Graña y Montero.
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La Comisión de Transportes del Congreso de la República aprobó prohibir al Estado la venta del aeródromo de Collique, gigantesco y maloliente negociado que el gobierno aprista pretende perpetrar en perjuicio de la aviación civil peruana y a favor de DH Mont, empresa que presuntamente estaría asociada de forma encubierta con la chilena Besco y con los malos empresarios de Graña y Montero.
Para la aprobación del predictamen, que declara intangibles los terrenos y el patrimonio de la Escuela de Aviación Civil, se totalizó nueve votos a favor y dos abstenciones. A favor: los nacionalistas Susana Vilca y José Maslucán, Ricardo Belmont (AP), José Luna (AP), Franco Carpio (UN), Rosa Venegas (con reservas), Isaac Serna (UPP) y Jorge Flores Torres (Apra).
Luciana León y Edgar Núñez, tras argumentar el pretexto de una reconsideración a la decisión final, que no fue aprobada, se abstuvieron.
La comisión también acordó debatir la salvación de la Escuela de Aviación Civil en el próximo Pleno del Congreso.
El predictamen declara de necesidad pública e interés nacional la promoción y el impulso de la Aviación Civil del Perú en las 66,5 hectáreas donadas por medio millón de peruanos tras el conflicto con Ecuador de 1941, con dos propuestas similares de Vilca y Víctor Andrés García Belaúnde (AP).
También se declara la nulidad de los actos administrativos y jurídicos celebrados entre el Estado y terceros que se refieran a la transferencia o afecten con carga alguna o gravamen el inmueble declarado intangible, lo que implica que se anularía la venta de Proinversión a DH Mont.
Esperemos que con sus añejas maniobras la bancada aprista no obstaculice la aprobación de este predictamen en el Pleno del Congreso. El respeto a la ley debe prevalecer y el Estado no tiene derecho de vender esta propiedad, pues fue adquirida por colecta pública sólo para una finalidad: la Escuela de Aviación CIvil, su venta sería no sólo ilegal, sino que constituiría una traición al Perú.
Negociado que pretende tugurizar Lima y se burla de los damnificados de Ica
Como se sabe, el pretexto esgrimido por el poder ejecutivo para destruir la Escuela de Aviación Nacional es brindar viviendas a los más necesitados, proyecto que tugurizaría más a la superpoblada Lima, cuando lo que se necesita es dotar de viviendas a las poblaciones de zonas de frontera y de las provincias, en especial las más afectadas por la pobreza. Lima necesita áreas verdes y zonas de esparcimiento para mejorar la calidad de vida, no más saturación de población con viviendas.
Resulta sospechoso que para estas viviendas el gobierno pretenda entregar a la constructora un bono que llegaría a unos 25 mil soles por vivienda, lo que es un insulto a los damnificados del terremoto de Ica del 2007, a quienes, teniendo mucha más necesidad, se les dio (y con favoritismos) un miserable bono de 6 mil soles que en algunos casos podía extenderse a 13 mil soles, cantidades que —a diferencia de un proyecto donde la compra de materiales en grandes cantidades abarata los costos— a los iqueños les alcanzó para muy poco, sumado esto a la especulación del precio de materiales, situación que hasta ahora perpetúa un estado de precariedad en las condiciones de vivienda de los afectados por el terremoto, pese a que el gobierno recibió millones de dólares del exterior para estos fines.
Luciana León y Edgar Núñez, tras argumentar el pretexto de una reconsideración a la decisión final, que no fue aprobada, se abstuvieron.
La comisión también acordó debatir la salvación de la Escuela de Aviación Civil en el próximo Pleno del Congreso.
El predictamen declara de necesidad pública e interés nacional la promoción y el impulso de la Aviación Civil del Perú en las 66,5 hectáreas donadas por medio millón de peruanos tras el conflicto con Ecuador de 1941, con dos propuestas similares de Vilca y Víctor Andrés García Belaúnde (AP).
También se declara la nulidad de los actos administrativos y jurídicos celebrados entre el Estado y terceros que se refieran a la transferencia o afecten con carga alguna o gravamen el inmueble declarado intangible, lo que implica que se anularía la venta de Proinversión a DH Mont.
Esperemos que con sus añejas maniobras la bancada aprista no obstaculice la aprobación de este predictamen en el Pleno del Congreso. El respeto a la ley debe prevalecer y el Estado no tiene derecho de vender esta propiedad, pues fue adquirida por colecta pública sólo para una finalidad: la Escuela de Aviación CIvil, su venta sería no sólo ilegal, sino que constituiría una traición al Perú.
Negociado que pretende tugurizar Lima y se burla de los damnificados de Ica
Como se sabe, el pretexto esgrimido por el poder ejecutivo para destruir la Escuela de Aviación Nacional es brindar viviendas a los más necesitados, proyecto que tugurizaría más a la superpoblada Lima, cuando lo que se necesita es dotar de viviendas a las poblaciones de zonas de frontera y de las provincias, en especial las más afectadas por la pobreza. Lima necesita áreas verdes y zonas de esparcimiento para mejorar la calidad de vida, no más saturación de población con viviendas.
Resulta sospechoso que para estas viviendas el gobierno pretenda entregar a la constructora un bono que llegaría a unos 25 mil soles por vivienda, lo que es un insulto a los damnificados del terremoto de Ica del 2007, a quienes, teniendo mucha más necesidad, se les dio (y con favoritismos) un miserable bono de 6 mil soles que en algunos casos podía extenderse a 13 mil soles, cantidades que —a diferencia de un proyecto donde la compra de materiales en grandes cantidades abarata los costos— a los iqueños les alcanzó para muy poco, sumado esto a la especulación del precio de materiales, situación que hasta ahora perpetúa un estado de precariedad en las condiciones de vivienda de los afectados por el terremoto, pese a que el gobierno recibió millones de dólares del exterior para estos fines.
