Ante el veto del colaboracionista prochileno Miguel Iglesias, la ley de creación de esta Comisión fue promulgada por el Presidente de la Asamblea Constituyente el 29 de abril de 1885.

Sin embargo, nunca fue publicada en El Peruano.

Veinticinco investigaciones que debió haber llevado a cabo y que nunca se realizaron.

El robo de un pueblo no prescribe nunca

Escribe: César Vásquez Bazán

Leyes dictadas por la Asamblea Constituyente de 1884. Por motivos desconocidos, la ley de creación de la “Comisión Investigadora de los hechos que se refieren a la guerra de las repúblicas del Perú y Bolivia con la de Chile” no fue publicada en el diario oficial El Peruano, a pesar de haber sido promulgada por el Presidente de la Asamblea Constituyente el 29 de abril de 1885 (Cámara de Diputados de la República del Perú 1917, I: 6-7)

El 31 de marzo de 1884, en su último día de sesiones, la Asamblea Constituyente aprobó la ley de creación de la“Comisión Investigadora de los hechos que se refieren a la guerra de las repúblicas del Perú y Bolivia con la de Chile”. El proyecto fue presentado por el diputado Juan Martín Echenique en la segunda sesión de la Asamblea Constituyente, el 3 de marzo de ese año (Cámara de Diputados de la República del Perú 1917, I: 91).

Entre las consideraciones de esta ley, se indicó que el organismo a instalar debía estudiar “las muchas y variadas” causas de la guerra y la responsabilidad de los que la dirigieron o fueron actores en ella. En especial, la ley estableció que debería analizarse las razones por las cuales no se pudo o no se supo “preparar y disponer los poderosos elementos con que el Perú contó o debió contar” para la guerra.

La “Comisión Investigadora” también debería descubrir los vacíos o imperfecciones del sistema político y administrativo peruano, a los que podían atribuirse los desastres bélicos, con el fin de corregirlos. La ley señaló que era necesario esclarecer quiénes habían sabido cumplir los deberes que les imponían los cargos o funciones voluntariamente aceptados y quiénes los que incurrieron en responsabilidad por insuficiencia o abandono en el cumplimiento de sus obligaciones.

Negativa del régimen del chileque Iglesias a aprobar la creación de la “Comisión Investigadora”

Como era de esperarse, el gobierno de Miguel Iglesias se negó a promulgar la ley de creación de la “Comisión Investigadora de la Guerra”, aprobada por la Asamblea Constituyente. Sin duda, la publicación del dispositivo legal significaría un grave peligro para el presidente regenerador y sus cómplices entreguistas. Ya se ha recordado en artículos anteriores de este blog los tejes y manejes en materia de dinero entre el invasor chileno y la argolla iglesista. La implementación de la “Comisión Investigadora” podría poner en serios aprietos a los principales personajes del gobierno creado por Chile para hacer aprobar el tratado de Ancón.

En vista de la negativa del gobierno regenerador, la Asamblea Constituyente insistió en 1885 en reclamar la dación de la ley de creación de la “Comisión Investigadora de la Guerra”. El 29 de abril de 1885 la ley fue promulgada por Manuel Tovar, presidente a la sazón de la Asamblea Constituyente, y por los diputados secretarios Juan Lanfranco y Maximiliano Frías.

Algunas investigaciones que debió haber asumido la “Comisión Investigadora de la Guerra”

El soborno chileno del régimen iglesista no hubiera sido el único acto que debió haber estudiado la “Comisión Investigadora de la Guerra”. Los siguientes son otros casos que debieron ser objeto de su atención:

1. Los lazos y vínculos personales, familiares y de negocios entre el presidente Mariano Ignacio Prado y ciudadanos, empresas y gobernantes chilenos, anteriores a la guerra, durante la guerra y posteriores a ella.

2. La negligencia del gobierno de Mariano Ignacio Prado en preparar al país para la guerra, al no adquirir a tiempo los buques y armamentos necesarios para afrontar un conflicto que estaba cantado y se veía venir desde años atrás.

3. Los negociados en las adquisiciones de pertrechos y elementos militares para la guerra efectuados por Mariano Ignacio Prado y Nicolás de Piérola.

4. Las condiciones en las que se obligó a combatir a naves cuyas tripulaciones carecían de disciplina y que no se encontraban debidamente entrenadas para el conflicto, como es el caso de la fragata Independencia.

5. Las imprudentes órdenes de Mariano Ignacio Prado al contralmirante Miguel Grau, que obligaron al Huáscar a hacerse a la mar cuando se sabía que los fondos del monitor tenían que limpiarse para que pudiera readquirir su máxima velocidad, disminuida en tres o cuatro nudos.

6. La fuga de la corbeta Unión en Punta Angamos el 8 de octubre de 1879 y la conducta de su comandante, Aurelio García y García, abandonando al Huáscar, la nave capitana, atacada por los blindados chilenos.

7. La indisciplina y precipitación que caracterizaron el combate en el cerro San Francisco, que condujeron a las fuerzas aliadas a sufrir graves pérdidas humanas.

8. La retirada de Camarones del presidente boliviano Hilarión Daza y de las fuerzas que comandaba. Se afirma que Daza fue sobornado por el gobierno chileno para que las tropas bolivianas no entrasen en combate.

9. La fuga de Iquique disfrazado de buhonero del prefecto del departamento de Tarapacá, Ramón López Lavalle.

10. La deserción y fuga del país del presidente, general Mariano Ignacio Prado, con el pretexto de comprar armamento en Estados Unidos y Europa.

11. El robo por el presidente Mariano Ignacio Prado de parte de los donativos de la colectividad para afrontar la guerra con Chile.

12. El abandono a su suerte, por parte del gobierno y del ejército, de la guarnición de la plaza de Arica, tras la batalla del Alto de la Alianza.

13. La deserción de Arica del coronel Carlos Agustín Belaúnde, el mayor Manuel Revollar, el capitán Pedro Hume y otros jefes y oficiales que se negaron a defender la plaza contra el avance chileno.

14. El comportamiento del coronel Segundo Leyva, quien desoyó los pedidos de apoyo del coronel Bolognesi y se negó a conducir sus tropas para combatir en Arica y colaborar en su defensa.

15. La conducta del ingeniero Teodoro Elmore que con diversas excusas prefirió permanecer prisionero del ejército chileno en vez de volver a Arica, siendo él el único conocedor del funcionamiento de los dispositivos eléctricos de control de las minas colocadas para defender la plaza.

16. La conducta del dictador Nicolás de Piérola en referencia a la organización de las tropas y disposición de armamento en las batallas de San Juan y Miraflores, los días 13 y 15 de enero de 1881. En estas batallas, diferentes cuerpos de la defensa peruana no entraron en combate. La investigación debe incluir la negativa de Piérola a contraatacar por sorpresa a los genocidas chilenos en Chorrillos, la noche del 13 de enero de 1881.

17. El comportamiento de varios jefes militares que no entraron en combate o se comportaron negligentemente en las batallas de San Juan y Miraflores, entre los que se menciona a Juan Martín Echenique, comandante en jefe del ejército de reserva de Lima.

18. Las acusaciones por mal manejo de los fondos para la defensa de la capital, en contra de Juan Martín Echenique, comandante en jefe del ejército de reserva de Lima.

19. La colaboración de elementos civiles y militares con el enemigo chileno tras la ocupación de Lima por el ejército invasor.

20. La renuncia a tomar las armas en defensa del Perú firmada por el general Fermín del Castillo y otros altos jefes y oficiales de las fuerzas armadas peruanas, accediendo al requerimiento del ejército chileno de ocupación.

21. El comportamiento de diversos jefes militares y civiles que decidieron traicionar a la causa peruana y aliarse con el enemigo con la finalidad de ajustar la paz con Chile, sin interesar los sacrificios de la dignidad y honor nacional a los que se tuviera que llegar.

22. La conducta del presidente Montero y de diversos líderes de la ciudad de Arequipa en relación con la entrega de dicha ciudad al invasor chileno, sin defenderla y sin haber disparado una bala en contra del ejército invasor.

23. Las relaciones mantenidas entre el presidente “regenerador” Miguel Iglesias y sus manejadores chilenos en cuanto a la promoción, organización, implementación y movilización de las fuerzas colaboracionistas de Iglesias en contra de la resistencia peruana, representada por Andrés Avelino Cáceres y los montoneros.

24. La declaración de ilegalidad aplicada por el régimen prochileno de Iglesias en contra de Andrés Avelino Cáceres, los montoneros y la resistencia peruana en general.

25. La imposición chilena de las condiciones del denominado tratado de Ancón, que habrían sido aceptadas por Iglesias y sus cómplices a cambio de sobornos. Específicamente se acusa al iglesista Mariano Castro Zaldívar de haber recibido un millón de pesos chilenos del negociador sureño Jovino Novoa Vidal para que el gobierno de Miguel Iglesias, cuñado de Castro Zaldívar, suscribiera el tratado de Ancón.

Conclusión

La ley de creación de la “Comisión Investigadora de los hechos que se refieren a la guerra de las repúblicas del Perú y Bolivia con la de Chile” fue promulgada el 29 de abril de 1885 por el presidente de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, dicha ley nunca fue publicada en el diario oficial El Peruano. Por ello, la Comisión nunca fue creada ni pudo funcionar, seguramente por las devastadoras consecuencias que sus investigaciones hubieran podido ocasionar en las vidas y futuros de los políticos y militares involucrados.

Corresponde hoy a la Historia y a los historiadores peruanos llevar adelante las tareas que hace ciento treinta años se negaron a realizar los miembros de las clases gobernantes peruanas, esos mismos que bajo el efecto de sus ignorancias, torpezas y ambiciones entregaron a Chile los territorios peruanos de Tarapacá, Tacna y Arica.

Ley de creación de la “Comisión Investigadora de los hechos que se refieren a la guerra de las repúblicas del Perú y Bolivia con la de Chile” promulgada por el Presidente de la Asamblea Constituyente el 29 de abril de 1885 (Cámara de Diputados de la República del Perú 1917, II: 299)

Fuente

Cámara de Diputados de la República del Perú. Comisión de Policía. 1917. Sesiones y Debates de la Asamblea Constituyente de 1884-1855. Tomo I: Año 1884. Lima: Empresa Tipográfica Lártiga.

Cámara de Diputados de la República del Perú. Comisión de Policía. 1917. Sesiones y Debates de la Asamblea Constituyente de 1884-1855. Tomo II: Año 1885. Lima: Empresa Tipográfica Lártiga.

Septiembre 22, 2013