El expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, advirtió que el Decreto de Urgencia 010-2025, promulgado por el Poder Ejecutivo, “no busca rescatar ni fortalecer a Petroperú [como aduce el decreto], sino fragmentarla para facilitar su liquidación parcial o total en condiciones desfavorables para el Estado”.
Narváez aseguró que el decreto, publicado “entre gallos y medianoche”, constituye un punto de inflexión negativo en la política energética nacional, ya que bajo el discurso de la “reestructuración” y la “sostenibilidad fiscal” habilita el desmembramiento y la posterior venta de los activos estratégicos de la principal empresa estatal, explicó a Diario Uno.
“Se trata de un clásico proceso de asset stripping: se conservan las pérdidas en el balance público y se privatizan los activos de mayor valor económico, usualmente a precios deprimidos”, advirtió.
Subrayó que vender o concesionar activos estratégicos en un contexto de crisis financiera y presión política es un grave error económico, más aún bajo un gobierno de transición y sin un análisis costo-beneficio, alertó.
“Aceptar precios por debajo del valor real de largo plazo golpeará a las finanzas públicas, porque el Estado terminará asumiendo pasivos cercanos a los US$ 8 mil millones”, sentenció.
Entre los activos comprometidos mencionó la Nueva Refinería de Talara, con una vida útil estimada de 70 años, el Oleoducto Norperuano, las refinerías de Iquitos y Conchán, así como la red nacional de plantas y más de 700 grifos asociados a la marca PetroPerú, que hoy concentran cerca del 30 % del mercado nacional de combustibles.
Explicó que Petroperú no es solo una empresa, sino un actor clave en regiones históricamente postergadas, especialmente en la Amazonía.
“El decreto ignora los costos sociales y reduce todo a una lógica puramente contable”, señaló, recordando que Petroperú cumple funciones que el sector privado no asume, como el abastecimiento de combustibles en la Amazonía bajo el marco de la Ley 27037.
Indicó que solo en 2025, la empresa no recuperaría alrededor de S/ 660 millones por exoneraciones tributarias, costos que ahora quedarían sin compensación estatal clara.
Cuestionó el rol otorgado a ProInversión, por transferirle poder decisorio sin control político suficiente, alterando la gobernanza tradicional de Petroperú. “Se consolida una narrativa peligrosa: que el Estado es incapaz de gestionar empresas estratégicas y que la única salida es privatizarlas”, afirmó.
Advirtió que la reorganización forzada podría implicar despidos masivos, pese a que el costo de planilla representa menos del 4 % de los ingresos de la empresa. “La fragmentación implica pérdida de capital humano especializado acumulado durante décadas”, dijo, y citó a la OIT sobre los costos sociales de reestructuraciones sin enfoque laboral.
Narváez enfatizó que el DU 010-2025 no es una medida inevitable, sino una decisión política. “Existen alternativas: mejora de la gobernanza, auditorías independientes, alianzas estratégicas sin pérdida de control estatal. Ninguna fue tomada en cuenta”, indicó y agregó que persistir en esta ruta implicará costos económicos, sociales y estratégicos que el país pagará durante décadas, debilitando la soberanía energética nacional.
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continúan los remates de los recursos del Perú que avala la constitución de 1993 que dejó el delincuente Fujimori
Siguen otras empresas como Essalud que será puesta en «reorganización» a pesar que deja utilidades al gobierno mientras los pacientes padecen sin medicinas etc