Gina Carbajal, Redacción

La congresista cusqueña Verónika Mendoza conversó con La Primera sobre la política energética y consideró que el retroceso del Estado en la compra de los activos de Repsol evidencia que las decisiones del gobierno en política energética están sometidas a la presión del sector empresarial. “El gobierno no tiene políticas claras para garantizarla seguridad energética”, afirmó.

—¿Cómo califica la política energética del gobierno?

—No hay claridad en la política energética del gobierno. Ni en materia de hidrocarburos y generación de energía. Los proyectos vinculados a la política energética han ido cambiando, hay marchas y contramarchas en la ejecución de los proyectos.

—¿Considera que el Ministerio de Energía y Minas garantiza la seguridad energética?

—Hay un rol desconcertante. El ministro de Energía y Minas fue capaz de sostener una posición en un momento y luego una posición contraria. Así se evidenció durante la intención de la compra de los activos de Repsol y luego se declinó sin dar explicaciones.

—Respecto de la intención del Estado en la compra de la refinería La Pampilla, ¿considera que realmente hubo un estudio técnico y económico?

—Hasta ahora no tenemos ningún informe del estudio técnico y económico de la refinería La Pampilla. Cuando solicitamos la evaluación, el ministro de Energía y Minas no explicó la evidencia del estudio.

—En la decisión de retroceder en la compra de los activos de Repsol, ¿considera que prevaleció la presión del sector empresarial más que un estudio técnico?

—Es evidente que fue por presión del sector empresarial. Si se realizó una evaluación se habría informado desde el primer momento. No se conoció la contratación de un banco de inversión para una evaluación económica, no hubo nada. Después del retroceso vergonzoso se habló de un estudio que no fue público. Con este hecho se ha demostrado que el sector empresarial tiene una poderosa herramienta mediática para hacer cambiar la posición del Estado.

—¿Considera preocupante que las decisiones en las políticas energéticas del gobierno se decidan por presión del sector empresarial?

—Es preocupante. La decisión del gobierno en política energética se está tomando de manera arbitraria y sometido a la presión del sector empresarial [y] presión mediática, y eso es sumamente grave para el país. No se ha trazado la política energética con una mirada a largo plazo, como política de Estado. En resumen, hay un desorden desconcertante en política energética, peligroso para el país.

—¿Considera que el gobierno realmente está comprometido con el fortalecimiento de Petroperú?

—Hay contradicciones dentro del gobierno, y se evidencia en el retroceso de los proyectos. Además, la participación mediática del sector empresarial, invocando al “cuco del estatismo chavista”, hace suponer que la mayoría de los peruanos está en contra del fortalecimiento de Petroperú; sin embargo una encuesta indica que más del 70% de los peruanos apoya el fortalecimiento de la petrolera estatal. De qué mayoría hablamos y a quiénes representan los señores de la Confiep.

—¿Considera que los proyectos energéticos del gobierno quedarán solo en propuestas?

—El Presidente empezó su gobierno diciendo que el proyecto del Gasoducto Sur Andino se realizará con la participación de Petroperú, luego se cambió la estructura del proyecto, después se vuelve a la propuesta inicial. En el caso de la modernización de la refinería de Talara, se habla de un nuevo presupuesto; sin embargo el anterior directorio de Petroperú dejó listo el proyecto. En la construcción de la petroquímica no se tiene claridad. El año pasado, en abril, se anunció a los cusqueños el regreso [al país de la totalidad de reservas de gas natural] del Lote 88 y hasta ahora no se ha firmado la adenda del contrato. Hay cambios y no hay ejecución.

—Se señaló que la consulta previa es una traba en la inversión, ¿qué opina al respecto?

—Me parece grave que el Estado, a través de su Premier, señale que con la consulta previa se va a destrabar a los proyectos mineros; entonces se está diciendo que la consulta previa es una traba para el desarrollo. Hay una percepción errada de la consulta previa.

—¿El dictamen de la Ley para la Promoción de la Inversión en la Explotación de Recursos y Reservas Marginales de Hidrocarburos a nivel nacional atenta con el fortalecimiento de Petroperú?

—El dictamen establece una prórroga para las reservas consideradas marginales que están en periodo de explotación y que estarían por concluir sus contratos. Se les amplía los plazos sin una nueva licitación con nuevas condiciones. Allí se detiene la participación de Petroperú porque los lotes petroleros no regresan al Estado. Lo lamentable es que la propuesta fue aprobada por el partido oficialista.

Perjuicios para el Perú

Mayor extracción de petróleos y la reducción del pago de las regalías.
Postergación por 10 años más para recuperar los lotes petroleros de Talara.
Continuismo con la dictadura del precio del petróleo y los combustibles en el mercado nacional.
Postergación del fortalecimiento de Petroperú.
Respaldo a los aparentes actos de corrupción y lobbys tras el impulso de esta iniciativa.

La Primera, Lima 23-05-2013