Por David Álvarez (*)España ha modificado sus posiciones en el panorama de la ayuda internacional. Era tradicionalmente uno de los donantes de cola en el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), donde los países de la OCDE evalúan la cantidad y la calidad de la cooperación con criterios homogéneos. Ahora está a la altura de otros países como Francia o Alemania en donaciones pero todavía lejos del mítico 0,7%.
Cifra que, por otro lado, no es ningún capricho de las ONGD, sino un acuerdo que se firmó en Naciones Unidas a finales de los años 70 y que permitiría caminar hacia la erra
La cooperación internacional ha sido una de las apuestas más claras y de más consenso de la presente legislatura en España. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, siendo todavía candidato a la presidencia, se comprometió a doblar el porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) destinado a la cooperación internacional ante representantes de las ONGD en 2004. El compromiso era pasar del 0,24% al 0,50%, o lo que es lo mismo, de 2.000 millones de euros a más de 5.500 al finalizar 2008.
Además de aumentar la cantidad de las ayudas, hecho contrastable en los presupuestos del Estado, se han habilitado nuevas herramientas para que sea posible asumir esa mayor gestión: Reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), recientemente aprobada; Ley de Deuda; un Plan Director con una reorientación hacia África, sin perder el referente que siempre ha sido América Latina; una apuesta por los organismos multilaterales, sobre todo Naciones Unidas; una mejor respuesta ante catástrofes o hambrunas con nuevas coordinaciones en emergencia humanitaria; la aprobación del Estatuto del Cooperante, que había dormido el sueño de los justos desde la aprobación de la Ley de Cooperación de 1998; un Consejo de Cooperación con representatividad legítima de los diferentes agentes sociales; la asunción y potenciación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como hoja de ruta hasta el año 2015…
La cooperación española se ha puesto en marcha en la dirección correcta pero todavía no ha llegado a su destino. Aunque haya un incremento de la ayuda es cierto que hay partidas de alivio de deuda externa, que son puntuales, y que se aprovechan para inflar las cifras. Los nefastos Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD), créditos que se dan a países empobrecidos a cambio de que estén vinculados a suministros de empresas españolas, objeto de crítica por las ONGD, siguen sin ser reformados. Sirven a la externalización de las empresas españolas, hecho muy legítimo, pero no si va ligada a la cooperación. Genera mecanismos perversos de retorno, como deuda. Por ejemplo, varios países como Angola, República del Congo, Camerún o Gabón mantienen un saldo negativo con la cooperación española.
El papel de las Fuerzas Armadas en respuestas humanitarias debe limitarse a cuestiones técnicas y a garantizar el reparto y los pasillos en zonas que lo requieren, pero no gestionarlo de forma directa. La intromisión en ámbitos fuera de su competencia pone en peligro los principios de la acción humanitaria y puede generar inseguridad para los trabajadores de las agencias especializadas. Debe restringirse muy bien su aportación.
África, a pesar de estar entre las zonas prioritarias para la cooperación española y haber sido reforzado con el Plan África en 2006, sigue sin ver un aumento en las partidas de ayuda bilateral.
Y la gran asignatura pendiente de la ayuda española sigue siendo la coherencia de políticas. No puede ser que comercio o economía quiten con una mano lo que exteriores da dos veces. Se trata de pasar de una política de ayuda a una de Desarrollo, con mayúsculas.
La próxima legislatura, que empezará el 9 de marzo, se encargará de confirmar este cambio de tendencia y consolidar las reformas y cambios iniciados. Si no, nos habremos quedado en un mero intento de definir un papel de España en el mundo. Como sostiene Intermón-Oxfam en su análisis sobre la Realidad de Ayuda 2007-2008: “España debe pasar a un papel más activo en los foros internacionales, sea para impulsar la intervención de la comunidad internacional ante distintas crisis, sea para respaldar un cambio de rumbo en las políticas comerciales, para regular las exportaciones de armas o para proponer un nuevo planteamiento de las políticas migratorias”.
(*) Periodista y Director de Solidarios para el Desarrollo
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