Por Alberto Piris (*)La presión de los grandes medios de comunicación, muchos de ellos al servicio de los intereses de las grandes potencias, fuerza al ciudadano común, en ocasiones, a aceptar puntos de vista erróneos. Cuando gran parte de la política se desarrolla orientada a su difusión por dichos medios, lo que en ellos se afirma o se niega pasa a ser una verdad de fe que muchos admiten sin discusión alguna.
La conferencia celebrada en Anápolis (EE. UU.) ha sacado a la luz pública, aunque sea de refilón, la naturaleza “judía” del Estado de Israel y sus consecuencias sobre un amplio sector de la población que en él habita.
Durante los momentos iniciales del violento “big bang” que creó el Estado de Israel, unos 800.000 palestinos fueron expulsados por la fuerza de sus hogares o huyeron de ellos a causa de la guerra. Los que han sobrevivido, y sus numerosos descendientes, viven hoy emigrados en Cisjordania y Gaza, en algunos países árabes o dispersos por el mundo.
Cerca de un millón y medio de los actuales ciudadanos de Israel son palestinos con nacionalidad israelí y constituyen cerca de una quinta parte de la población. Esos árabes de nacionalidad israelí son los residuos que permanecen en su tierra nativa tras la implantación de Israel. Como afirma uno de ellos, profesor de un centro de investigación social en Haifa y en una universidad de EEUU, “nosotros no cruzamos la frontera como inmigrantes en Israel, sino que fue la frontera la que nos cruzó a nosotros”. Se vieron convertidos en ciudadanos de segunda clase en un Estado que es tenido por democrático y al que algunos consideran como la única democracia ejemplar en Oriente Próximo.
Tras la conferencia de Anápolis, tanto Israel como EEUU tratan de dar el espaldarazo a esa anomalía política y jurídica que es la naturaleza judía del Estado de Israel. Se exige a la Autoridad Palestina que lo acepte sin rechistar, a pesar de que confirmará de forma definitiva la condición de parias de los palestinos de nacionalidad israelí. Condición con la que se pretende, junto con la incesante ampliación de las colonias judías en territorio ocupado y la fragmentación del posible futuro Estado palestino, forzar la huída de los palestinos de Israel y resolver lo que, a juicio de destacados políticos israelíes, es un “simple problema demográfico”.
La supuesta democracia israelí, sin embargo, no ha consultado siquiera la opinión al respecto de sus “súbditos” palestinos. Tampoco el presidente de la Autoridad Palestina posee mandato alguno para negociar con Israel el destino de los palestinos israelíes, que no le han elegido. Tantas distorsiones de la esencia de la democracia apenas llaman la atención en un mundo muy preocupado por la pureza democrática de Chávez, Morales o Putin, y presto a acoger a gobernantes de tan limpias credenciales como Gadaffi, los monarcas saudí o alauí, o los dirigentes chinos.
El profesor de Haifa analiza así la cuestión: “Los palestinos que habitan en Israel han desarrollado su propia historia y su identidad durante casi sesenta años de trabajo y esfuerzo. No somos simples peones para ser movidos de un lado al otro lado del tablero. Los judíos israelíes han construido una nación y tienen derecho a vivir aquí en paz. Pero el Estado de Israel no puede ser a la vez judío y democrático, ni puede alcanzar la seguridad que tanto anhela, si sigue negando nuestros derechos, los de los palestinos en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania y los de los emigrados. Ha llegado el momento en que compartamos esta tierra con una verdadera democracia que respete y garantice los derechos de ambos pueblos a ser iguales”.
No es fácil que su voz se alce por encima del adverso ruido de fondo generado en Washington, Tel Aviv o en los países que desean, ante todo, no irritar a EEUU. Cuando la verdadera justicia está en juego, es más eficaz luchar por la paz mediante la esgrima de las palabras que con la violencia de las armas; pero si las voces son amordazadas seguirán hablando las bombas.
(*) General de Artillería en la Reserva
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