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Por Irene Maestro (*)
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) han sido presentados como un “nuevo consenso” sobre una estrategia de desarrollo que ha sido aceptada, con demasiado automatismo, por la comunidad donante y por parte de muchos actores sociales, incluidas numerosas ONGD. La parte de “expresión de deseos” que contienen, con la que difícilmente se puede discrepar, parece haber eclipsado algunos aspectos que deberían ser debatidos en profundidad.
En primer lugar, hay que señalar que el propio proceso que condujo a la aprobación de los ODM estuvo, de forma poco usual para la tradición de las Naciones Unidas, exento de comisiones preparatorias previas. Aunque en cierta medida parecen dar continuidad a algunas de las conclusiones de las cumbres mundiales de los años 90, los ODM coinciden bastante con los objetivos que a finales de los noventa se habían aprobado en el seno de la OCDE. En esa ocasión, con ausencia de los supuestos países beneficiarios.
Un segundo grupo de elementos de reflexión y/ó crítica gira en torno de los propios objetivos. Se ha destacado lo —“escandalosamente”— modesto de los objetivos que, además, sólo se centran en actuaciones sobre los efectos o los síntomas, pero sin entrar en diagnosticar ni actuar sobre las causas de la situación que se pretende paliar. Así, el impreciso, pero mucho más ambicioso, objetivo del desarrollo entendido como transformación estructural, se ha reducido a otro mucho más limitado: el de la erradicación de la pobreza.
Esa sustitución de objetivos empobrece el debate sobre el desarrollo y los objetivos a perseguir. Es importante subrayar que, además, la pobreza no se relaciona en ningún momento en el contexto de las crecientes desigualdades en el mundo. En todo momento se hace referencia a ella como un problema interno de los países del Sur.
Para su solución sólo se plantea actuar directamente sobre la población. Se ha calificado como pobre a los que viven con menos de 1 dólar diario y, en ningún caso, se plantea la necesidad de introducir mecanismos redistributivos. La desigualdad no es el problema a acometer, ni tan siquiera se la menciona.
Tampoco se hace referencia a los aspectos no materiales del desarrollo. Los ODM no se presentan como derechos exigibles por las poblaciones empobrecidas; y es evidente que los derechos, la dignidad, la libertad, etc. deberían ser componentes indisolubles de cualquier estrategia seria de desarrollo.
Se trata de objetivos que, aunque limitados, son asumibles. El problema surge en la estrategia propuesta, en la que se ignoran las causas que han conducido a la situación actual. En muchos de los objetivos planteados, se obvia hacer referencia a la responsabilidad de las políticas neoliberales en el empeoramiento de los niveles educativos, de salud y salubridad o de acceso a agua potable, electricidad y otros servicios como consecuencia de las masivas privatizaciones y desregulaciones de servicios públicos experimentadas al amparo de las mencionadas políticas.
Por el contrario, se insiste en la conveniencia de centrarse en el binomio crecimiento económico-liberalización como la panacea para solventar los problemas. Se renueva la confianza en las premisas centrales del planteamiento neoliberal al considerar al mercado como instrumento clave y la iniciativa privada como fuerza impulsora principal. Incluso en el octavo objetivo, el único en el que, de manera muy poco concreta, se menciona a los países desarrollados y la necesidad de una cierta corresponsabilidad a la hora de buscar soluciones, se explicita que el objetivo radica en “...establecer un sistema comercial y financiero multilateral abierto”. No se identifica, por tanto, ninguna contradicción entre la consecución del objetivo de la erradicación de la pobreza y el continuar con las estrategias neoliberales, centradas en adaptar los espacios nacionales a las normas de la economía globalizada.
Un tercer y último lugar, hay que comprobar el nivel de cumplimiento de los objetivos que, según todas las previsiones realizadas hasta el momento y con algunas heterogeneidades regionales, no se cumplirán para el año previsto. Es evidente que todo ello contrasta con el triunfalismo con el que se afirmó, en el momento de su proclamación, que se trataba de objetivos realizables y que éramos la primera generación con capacidad de acometer con éxito tales objetivos. Una nueva muestra de la poca atención prestada a los mecanismos de participación, ya que tampoco se han articulado foros en los que los gobiernos, los donantes y demás instituciones internacionales puedan ser interpeladas por el incumplimiento de esos compromisos.
(*) Profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad de Barcelona
Para CanalSolidario.org
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