Contra las bombas de racimo

Si al final de la década de los ‘90 veía la luz el Tratado de Ottawa por el cual se prohibían el uso, la fabricación, la venta y el almacenaje de las minas antipersona, ahora hemos logrado reforzar el derecho internacional con un nuevo tratado para prohibir las bombas de racimo. En Dublín, se ha celebrado la conferencia diplomática que concluyó con la aprobación de esta nueva convención internacional. Gobiernos, organizaciones internacionales y sociedad civil, todos hemos unido esfuerzos para poner fin al enorme sufrimiento que provoca entre la población civil la utilización de este tipo de armamento.

Las bombas de racimo son como unos contenedores que, una vez lanzados desde tierra, mar o aire, se abren y en su trayectoria dejan caer desde decenas hasta centenares de cargas explosivas. Estas municiones quedan diseminadas por una amplia zona, de una extensión similar a la de tres campos de fútbol, y actúan de forma indiscriminada, sin distinguir entre objetivos civiles y militares. Tienen unos efectos desproporcionados que se prolongan en el tiempo.
Estas cargas deberían explotar cuando llegan a tierra, pero a menudo esto no ocurre. Se calcula que entre el 5% y el 30% de las municiones se mantienen activas hasta que alguien —en muchas ocasiones niños y niñas atraídos por su color y forma— entra en contacto con ellas y se produce la explosión.

Las bombas de racimo han matado y herido a decenas de miles de civiles inocentes desde que fueron utilizadas por primera vez durante la segunda guerra mundial. Posteriormente, estas municiones han sido utilizadas en Kosovo, Afganistán, Irak y también, en verano del 2006, al sur del Líbano. En estos momentos, 75 países de todo el mundo tienen stock de bombas de racimo. El Estado español está involucrado en este problema: el ejército posee un arsenal de este tipo de armas y varias empresas españolas figuran entre las productoras.

En 2007, 46 estados firmaban la llamada Declaración de Oslo y se abría un proceso que deberá completarse en diciembre del 2008 con la firma protocolaria de esta nueva convención internacional.

El gobierno español siempre se ha expresado a favor de poner en el centro de este futuro tratado las consideraciones humanas. Ahora bien, este principio era incompatible con la defensa de algunas excepciones, como las demandadas por la delegación española en la Conferencia de Dublín. Con el texto del tratado que sale de Dublín, y que cuenta con el consenso de más 100 países, quedan prohibidas todas las bombas de racimo, sin ninguna excepción. El corazón de este tratado ha sido siempre proteger a la población civil de cualquier arma que tuviese los efectos inaceptables que provocan las bombas de racimo. Pues bien: todas las bombas de este tipo serán armamento ilegal.

La convención de Dublín establece de forma terminante medidas y plazos de destrucción de arsenales. Asimismo, establece la obligación de proporcionar asistencia médica, rehabilitación y apoyo a las víctimas con un plan nacional, calendario y presupuesto.

A partir de la ratificación del nuevo tratado por parte del Gobierno, los dos modelos de bombas que se fabrican en España quedarán prohibidos y habrá que proceder a la destrucción de todas las reservas de estas bombas que posee el Ejército.

La decisión, el liderazgo de algunos países y la tenacidad, constancia y claridad de objetivos de la sociedad civil organizada han hecho posible este paso tan importante en materia de desarme y defensa de los derechos humanos. Ahora estaremos alertas para que los estados ratifiquen e implementen el tratado lo más pronto posible y con toda su eficacia.

Desgraciadamente, como en el caso de las minas anti persona, este nuevo tratado no servirá para eliminar las guerras ni los conflictos que hay en el mundo, pero servirá para eliminar la grave amenaza que para la población civil significa el uso de las bombas de racimo.