Bienestar por la inmigración
Por Cárlos A. Miguélez Monroy (*)
Los inmigrantes representan el 9% de la población, pero absorben solo el 5,4% del total de gasto público y el 4,6% del gasto sanitario total. Es decir, la mitad de la media que corresponde a un ciudadano español. Consumen menos del 5% del gasto en sanidad y el 6,6% en educación, y su aportación de 5.000 millones de euros netos supone casi un 7% de los ingresos totales para la economía, dice un informe del Gobierno español sobre el impacto de la inmigración en los servicios publicos.
En España viven unos 2,5 millones de extranjeros ‘con papeles’, más de la mitad de ellos afiliados a la Seguridad Social. Aportan más del 7% de las cotizaciones y sólo reciben el 0,5% del gasto en pensiones. Con su contribución en impuestos se pagan 900 mil pensiones. Estas cifras no tienen en cuenta a los impuestos indirectos que pagan los inmigrantes que compran productos, contratan servicios y se insertan en el tejido económico y social, tengan o no tengan papeles.
La inmigración deja un saldo positivo no sólo en el caso de la economía española en un Estado de bienestar, sino también en países que, como el caso de Estados Unidos, ofrecen un bajo nivel de protección. La Academia Nacional de las Ciencias del país norteamericano concluyó que un inmigrante recibe unos 3.000 dólares del Gobierno en toda su vida. Cada uno de sus hijos aportará una contribución de 80.000 dólares a lo largo de su vida.
Estos datos todavía no producen el necesario debate político sobre inmigración en una Europa que soslaya algunos derechos fundamentales de la declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Incluso el Partido Socialista de España ha apoyado la nueva directiva de inmigración que permite retener hasta un año y medio a los ‘sin papeles’ y deportarlos, aunque sea a un país distinto al de origen. Incluso se le ha llamado una medida ‘progresista’ a este retroceso político y social que le quita parte de la autoridad moral que tanto trabajo le había costado conquistar a Europa, ahora con un giro a la derecha.
Cada vez menos participativos y peor informados, los ciudadanos que perciben la inmigración como una amenaza quedan más ‘tranquilos’. Esta falta de información es la que empuja también a ciudadanos de otros lugares del mundo a racionalizar su rechazo de los inmigrantes con la idea de que copan los servicios públicos y con la consigna de que “no cabemos todos”.
Opuesto a lo que sucede en casi toda Europa, el Gobierno sueco busca maneras de atraer a más extranjeros. Para publicar el libro Inmigrantes: tu país los necesita, el economista Philippe Legrain llevó a cabo un estudio para el Consejo de la Globalización de Suecia. El autor pretendía analizar el impacto de la inmigración en el sistema social sueco, uno de los más generosos del mundo, y para ver si esta inmigración es compatible con el Estado de bienestar europeo.
Contrario a algunas percepciones de que los pobres emigran para delinquir, el autor afirma que los inmigrantes son los jóvenes con más ganas de trabajar y con mayor espíritu emprendedor. El Gobierno sueco concede más de 10 mil euros al año a cada inmigrante sin permiso de trabajo. Que no se hayan producido oleadas de inmigración como las de otros países demuestra que las personas no dejan todo y arriesgan su vida sólo para vivir de la beneficiencia.
A veces se argumenta que los recién llegados supondrán un gasto público cuando enfermen y envejezcan. Sin embargo, los servicios les corresponden no porque hayan pagado impuestos desde su llegada, sino porque se trata de un derecho fundamental que los países Europeos están en condiciones de reconocer. Además, cuando estos inmigrantes tengan hijos con una mejor formación, podrán aspirar a mejores trabajos y a poder contribuir más al sistema de bienestar. En ese sentido, invertir en educación, en formación y en el acceso de los inmigrantes al mercado laboral dejará resultados positivos no sólo en la economía, sino en cuestiones sociales. Se trata de distribuir bien los presupuestos entre las distintas comunidades y de promover leyes que se respeten para favorecer la convivencia humana en sociedades enriquecidas por la inmigración desde hace siglos.