Aumentó a 36 el número de víctimas mortales de los disturbios provocados por el conflicto interétnico en la ciudad sudafricana de Phoenix, dijo el ministro de Policía, Bheki Cele.
 
saqueos jul 2021  
Se informó con anterioridad de la muerte de 20 personas.
 
Según los medios locales, tras el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma, en Phoenix, ubicada en la provincia de KwaZulu-Natal, agudizó el conflicto entre la población local y los representantes de la comunidad india. Estos últimos organizaron unidades de autodefensa, que supuestamente bloquearon la entrada de africanos negros al centro de la ciudad y, en algunos casos, los masacraron.
 
El ministro señaló que de los 36 muertos, 30 fueron baleados.
 
"Dos murieron quemados. Uno murió apuñalado y otro fue atropellado por un automóvil", precisó a los periodistas.
 
Más de 20 sospechosos fueron detenidos durante la investigación del asesinato en la ciudad.
 
Una intensa ola de protestas y saqueos, que ya causó la muerte de cientos de personas, azotó Sudáfrica el pasado 9 de julio después de que Zuma empezó a cumplir su condena en la cárcel.
 
La Corte Constitucional condenó a expresidente a 15 meses de cárcel por negarse a declarar en un caso de presunta corrupción durante su gobierno. Si bien el exmandatario en un principio se había negado a acatar la sentencia, al fin se entregó a la policía.
 
Zuma se vio obligado a dimitir en febrero de 2018, un año antes del fin de su mandato, a instancias de su partido Congreso Nacional Africano en medio de acusaciones de malversación de fondos públicos. Fue relevado en la presidencia por Cyril Ramaphosa.
 
La justicia lo acusaba de fraude, corrupción, lavado de dinero y extorsión, cargos que el líder sudafricano rechazó tajantemente aduciendo que todas sus operaciones financieras fueron vigiladas por los organismos competentes.
 
En 2009 Zuma ya enfrentó 783 cargos de corrupción relacionados con contratos públicos para la adquisición de armas en los años 90, pero después de su victoria en los comicios presidenciales en 2009, la Fiscalía decidió cerrar el caso, alegando que el proceso obstaculizaría la vida política del país. 
 
 
Con información de Sputnik