El Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que el exjuez español Baltasar Garzón fue sometido a un proceso arbitrario, que derivó en su inhabilitación mientras instruía el caso de corrupción Gürtel, por lo que pide a España una reparación efectiva para el magistrado, que desde hace varios años ejerce de director internacional de la defensa de Julian Assange.
“El Comité considera que la condena fue arbitraria e imprevisible al no estar basada en provisiones suficientemente explícitas, claras y precisas”, señala la resolución.
Además, el análisis del Comité concluye que Garzón “no tuvo acceso a un tribunal independiente e imparcial en los procesos seguidos en su contra”,
El dictamen de la ONU da respuesta a una denuncia interpuesta por Garzón hace más de seis años después de que el Tribunal Supremo le condenara en 2012 a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación tras ordenar intervenir los teléfonos a los principales investigados en el caso Gürtel.
A su modo de ver, la actuación de Garzón “no constituyó una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal resultando en la pérdida definitiva de su cargo”
Además, el Comité considera que, al ser juzgado directamente por el Tribunal Supremo, se negó la posibilidad de que Garzón presentara un recurso efectivo contra su condena a una instancia superior.
Por todo ello, el Comité de Derechos Humanos concluye que el Estado español debe una “reparación integral” a Garzón, al que deberá borrar sus antecedentes penales y proporcionarle una compensación por el daño sufrido.
En una entrevista concedida al diario El País tras hacerse público el dictamen, el exjuez anunció que pedirá su reingreso en la carrera judicial.
Con información de Sputnik
