El Poder Judicial, en Resolución N.o 6 del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, dictaminó el 29 de enero del presente año, que en el puerto de Chancay no corresponde a Ositran ejercer funciones de supervisión sobre defensa de los derechos de los usuarios, aunque sí le reconoce la facultad de intervenir cuando Indecopi haya detectado irregularidad en las tarifas para los usuarios finales.
En un ambiente en que Bernie Navarro, embajador de los EE.UU., se ha convertido en actor de asuntos de política interna del Perú, en diversas publicaciones y medios de información se ha difundido la idea de que la empresa Cosco Shipping, constructora y dueña de la infraestructura portuaria, desea trabajar con atributos de extraterritorialidad. Esta percepción la asume el gobierno transitorio al hacer público que la Presidencia del Consejo de Ministros va a apelar la decisión del Poder Judicial, ignorando u olvidando que el mismo Ositran va a ejercer el derecho de apelación.
¿Extraterritorialidad?
El argumento de Cosco Shipping Perú es que la APN (Autoridad Portuaria Nacional) ya ejerce en el puerto la función de defensa de derechos de los usuarios, de modo que, en ese aspecto, Ositran estaría duplicando funciones.
Se conoce que en el puerto de Chancay están trabajando o tienen jurisdicción efectiva la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), la Autoridad Portuaria Nacional (APN), la Policía Nacional (Dirandro), la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), por mencionar las entidades más importantes. Por lo visto, allí no hay extraterritorialidad ni ausencia fiscalizadora del estado peruano; lo que hay son aguas agitadas por la injerencia de EE.UU., probado enemigo del Perú.
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