Herberth Cuba Garcia
El 5 de noviembre cumplirá un año en el cargo el actual ministro de Salud. Al jurar hizo algunas promesas que definió como retos de su gestión. El contexto en que asumió el cargo fue de conflicto. Había culminado el periodo de huelgas, se había producido la tercera interpelación parlamentaria a su antecesora y parecía inminente la censura a ésta por el Congreso de la República. Fue una verdadera válvula de escape.
El primer desafío que enfrentó fue mejorar el clima organizacional y reducir la conflictividad del sector. Este objetivo ha sido logrado. Se ha paseado -y ha posado- con todos los dirigentes gremiales. Ha acudido a los eventos más relevantes de los colegios profesionales, la sociedad civil y los gremios. Sin embargo, no ha resuelto los reclamos de la población y de ningún gremio, al punto que ya se nota un agotamiento.
El llamado proceso de reforma de la salud ha quedado entrampado o bloqueado. No tiene norte. Por ejemplo, se creó por ley con rango universitario la Escuela Nacional de Salud Pública. A la creación legal debería seguir la creación real, sin embargo, no se conoce cuál sería la ruta. En teoría hay cuatro posibilidades: su ejecución por el propio Ministerio de Salud, en forma de joint venture con una universidad de prestigio; alguna asociación público-privada, y la derogatoria de la norma por innecesaria. Los funcionarios del Minsa esperan la luz verde desde hace un año para cualquiera de estas cuatro modalidades, pero no hay nada.
El ministro prometió la creación del centro de control de amenazas sanitarias, algo así como un símil del CDC de Atlanta, EEUU. Recibió al un Minsa desbordado en su incapacidad de respuesta ante las epidemias,. Cambió a los funcionarios del Instituto Nacional de Salud, ente encargado de cumplir esa misión. Pasado el año, todo sigue igual. La población se ha acostumbrado, los servidores de salud ya no protestan y ahora se suma el fenómeno El Niño.
Prometió también que el Minsa, como autoridad sanitaria nacional, podría intervenir en las regiones. Esta medida debería corregir la normatividad de la llamada reforma de salud, que ha profundizado la fragmentación y atomización de la autoridad sanitaria nacional. Es decir, el Minsa ha sido desactivado como ente rector. Esta situación es grave. Impide que el gobierno pueda conducir la política nacional de salud y, peor aún, fiscalizarla.
Por encargo del Consejo Nacional de Salud y del propio ministro, presidí una comisión para analizar y proponer una norma que corrija ese inconveniente. Desde enero, cuando la propuesta se presentó, discutió y aprobó, no hay nada.
También prometió mejorar la oferta de médicos especialistas y de otros profesionales en los lugares donde hay demanda insatisfecha, sobre todo de las provincias y distritos más alejados. El Minsa y el IGSS han desarrollado una serie de campañas itinerantes a algunos lugares de provincias; sin embargo, el estudio costo-impacto y los problemas médico-legales no han sido evaluados. El 23% de la población no tiene atención médica y estas medidas han sido paliativas y aisladas.
Lo más grave es que no funciona el Sistema Nacional de Salud. Cada sector se ha fortalecido y separado aún más del Sistema. El proceso clave para romper con el aislamiento de cada sector era el intercambio prestacional de servicios entre los diversos sectores. No se ha avanzado siquiera entre el Minsa con Essalud. Peor aún, con la integración vertical que se ha producido en los seguros privados, este proceso ha retrocedido. Es decir, un ciudadano adscrito al Minsa que necesita algún procedimiento especializado en Essalud o en las sanidades militar, policial, municipal, privadas, etcétera, y viceversa, hoy no lo puede hacer. El marco legal es inaplicable.
Las prestaciones complementarias fueron diseñadas para que los especialistas pudieran trabajar en modo adicional a su jornada laboral en su propia centro laboral o en otro. La finalidad era paliar la escasez de especialistas. Sin embargo, este mecanismo es incipiente y limitado por la escasez presupuestal. Ha servido sólo para premiar a algunos funcionarios y no para resolver los problemas de salud.
Finalmente, la propuesta legislativa para reponer algunos artículos fundamentales de la Ley de Trabajo Médico, derogados arbitrariamente por la gestión anterior, tampoco se ha hecho. El Congreso debate una propuesta de un congresista en ese sentido, sin embargo, el acta firmada por el ministerio con el gremio médico significa el compromiso de una iniciativa legal del ejecutivo. Luego de un año, no hay nada.
Como hemos visto, las buenas maneras son útiles cuando son constructivas, pero inútiles y hasta sarcásticas cuando tienen el afán de sólo ganar tiempo.
30 de Octubre del 2015
ASOCIACION MEDICA PERUANA
