En el diario español El País del 11 de setiembre de este año, con el título “El complejo escenario de Ángela Vivanco, la jueza de la Corte Suprema chilena cuyo teléfono está en poder de la Fiscalía”, se lee en el artículo de Antonia Laborde:
Además, reza el documento, no existe “fuente legal alguna” que autorice al pleno de la Suprema para hacer la solicitud “y acceder por su intermedio a conversaciones privadas”. Bajo el argumento de la protección a la vida privada, la defensa planteó que la Fiscalía Nacional, como órgano encargado de la custodia de la base de datos para poder “tratar los chats Hermosilla”, requiere para su entrega a terceros “una fuente legal que lo autorice o el consentimiento de sus titulares, ambas materias que no existen en autos”.