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El Movimiento Tierra y Libertad que lidera el ambientalista Marco Arana expresó su más profundo rechazo a la decisión arbitraria del gobierno aprista que a través del Ministerio del Interior ha decidido expulsar del país al sacerdote Paul Mac Auley por una acusación no probada de “realizar actos contra la seguridad del Estado, el orden público interior y la defensa nacional”.
“Nos sumamos a las miles de voces regionales y nacionales que denuncian su arbitrariedad y exigen sea anulada. Nos llama también poderosamente la atención el silencio cómplice del Cardenal Juan Luis Cipriani frente a un miembro de la iglesia, hecho que pone al descubierto una actitud de abierta preferencia a los abusos del poder en contra de aquellos que vienen acompañando a su pueblo en la defensa de la vida, los recursos de la tierra y los derechos fundamentales”, manifestó Arana.
¿Qué hay detrás de esta medida?
Según los miembros de este movimiento “Es indudable que la medida de expulsar a Paul MacAuley es el primer paso de UN PLAN ARTICULADO ENTRE EL GRAN CAPITAL TRASNACIONAL Y EL GOBIERNO dirigido a golpear a líderes ambientalistas sociales y religiosos y ELIMINAR TODA MOVILIZACIÓN SOCIAL CIUDADANA frente a los graves problemas ambientales generados por las actividades mineras, petroleras, forestales e hidro energéticas” y para ilustrar esta afirmación mostró una cadena de evidencias, entre ellas:
- Los juicios contra los sacerdotes Mario Bartorini de Barranquita, San Martín, y Mons. José Luis Astigarraga, Obispo de Yurimaguas, la persecución judicial contra el sacerdote Marco Arana, queriéndolo involucrar en la investigación de los petroaudios, donde él y diversos líderes ambientalistas de Cajamarca fueron víctimas de chuponeo telefónico.
- La observación del proyecto de ley de consulta a los pueblos indígenas por el Ejecutuvo, derecho establecido en el convenio 169 de la OIT y que se ha constituido en uno de los pilares de la defensa de nuestro ambiente.
- La emisión de agresivos spots televisivos presentando engañosamente a los movimientos de defensa del ambiente como violentistas y opuestos al desarrollo.
¿Cuál es la realidad que se quiere ocultar?
Se preguntó Arana y denunció la acumulación de problemas y conflictos socioambientales derivados de malas prácticas de empresas extractivas y la complicidad de la gestión aprista, entre ellas:
- - El vertimiento de 500 toneladas de relaves de la compañía minera Condestable hacia los ríos Totora y Opamayo en Huancavelica.
- - El derrame de 400 barriles de petróleo de Pluspetrol al río Marañón.
- - El inminente desastre ambiental en la cabecera de cuenca que afectaría a los ríos Tingo, Mayorbamba y Arascorge en la provincia de Hualgayoc- Cajamarca, por las actividades extractivas de la empresa minera Goldfields.
- - El desarrollo de los acuerdos con Brasil para la construcción de las centrales hidroeléctricas en la selva peruana, como Iñambari , Paquitzapango y otras con el fin de exportar energía a ese país, a pesar que esas centrales tendrían fuertes impactos ambientales y sociales y que el acuerdo no establece ninguna protección al respecto.
- - La debilidad y permisibilidad que muestra el Estado en el caso de la Doe Run y La Oroya, donde el diálogo y las alternativas que viene preparando el gobierno no priorizan las inversiones necesarias para que cese la contaminación y se remedie el daño ambiental producido.
- - La nueva propuesta de Ley Forestal y Fauna Silvestre del Poder Ejecutivo insiste en cambiar de uso las tierras Forestales para uso Agrícola, poniendo en riesgo 45 millones hectáreas de bosques.
- - Sin respetar la palabra dada por el Primer Ministro, insisten en apoyar el proyecto Tía María que afectaría el agua y la agricultura del valle de Tambo. Similares problemas suceden con proyectos como La Zanja y Conga en Cajamarca.
- El otorgamiento de concesiones a Petrotech –hoy con el nombre de Savia Peru– para la explotación petrolera en el mar cerca a la costa, afectando a los pescadores sin haberlos consultado en Sechura, Ancash y otras regiones.
Frente a estos hechos, el movimiento TIERRA Y LIBERTAD:
1. Se suma a la convocatoria a la ciudadanía a manifestarse en defensa del ambiente y de la democracia, CONTRALA EXPULSION DEL HERMANO PAUL MACAULEY y la persecución a líderes ambientalistas sociales y religiosos.
2. PLANTEA UN PLAN DE EMERGENCIA PARA EL CUIDADO DE NUESTRO AMBIENTE, con las siguientes medidas:
a. Fiscalización estricta por un Ministerio del Ambiente que cumpla su función, actúe preventivamente y haga que los contaminadores paguen por los daños que causan.
b. Moratoria de las concesiones mineras y petroleras.
c. Nueva ley de forestal para la protección de nuestros bosques y explotación maderera sostenible.
d. Consulta previa a los pueblos antes de cualquier explotación de sus recursos.
e. Respeto a los derechos y apoyo a los defensores del ambiente.
f. Revisión del convenio energético con Brasil por parte del Congreso.
g. No más concesiones a Doe Run, limpieza del ambiente de La Oroya.
h. Educación y campañas publicitarias para fortalecer la conciencia ambiental
