Rechazan allanamiento a Ley de consulta previa por favorecer a empresas
Exigen se promulgue como fue aprobada por el Pleno del Congreso
Por ser parcializada y proteger los intereses de los inversionistas extranjeros y no a las comunidades indígenas ni al medio ambiente, se pronunicaron en rechazo a la forma en que la mayoría aprofujimorista se allanó a la decisión del Poder Ejecutivo, de aprobar un texto antinativos y antiambiente.
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Exigen se promulgue como fue aprobada por el Pleno del Congreso
Por ser parcializada y proteger los intereses de los inversionistas extranjeros y no a las comunidades indígenas ni al medio ambiente, se pronunicaron en rechazo a la forma en que la mayoría aprofujimorista se allanó a la decisión del Poder Ejecutivo, de aprobar un texto antinativos y antiambiente.
Acompañados de los miembros de la bancada nacionalista, los dirigentes de AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), la CNA (Confederación Nacional Agraria), Conacami y CCP (Confederación Campesina del Perú), rechazaron de manera categórica la aprobación del allanamiento a la Ley de Consulta Previa en la Comisión de Constitución el día de ayer 13 de julio.
Tras dar su respaldo a los justos reclamos de los representantes de las comunidades campesinas e indígenas, la vocera de la bancada nacionalista Marisol Espinoza, insistió en lamentar que el gobierno no haya aprendido la lección de Bagua. “El gobierno no quiere aprender la lección de Bagua, de dialogar y escuchar a las comunidades, y no solo hacer eco de los grandes intereses empresariales extranjeros sino de escucharlos y atender sus llamados, sin esperar los muertos sobre la mesa. Este gobierno se ha acostumbrado a tener los cadáveres sobre la mesa para recién dialogar. Ese no es un mensaje de paz”, dijo.
Recordó también que aún hay 271 conflictos sociales sin atender y que el gobierno en lugar de sentarse a dialogar, les pone más obstáculos negándose a aprobar la Ley de consulta previa tal como fue aprobada en el mes de mayo por el Pleno del Congreso.
Espinoza Cruz, insistió en los planteamientos del Partido Nacionalista para acabar con la explotación y saqueo de los recursos naturales, “el gobierno debe entender que estamos en una nueva etapa, que los pueblos tienen derechos, y que la consulta previa la ganaron los pueblos a nivel internacional, por eso se debe respetar su decisión”, refirió la legisladora piurana.
Por su parte el dirigente de Aidesep, Alberto Pizango sostuvo que “al aprobarse, primero la derogatoria de cuatro decretos legislativos, y posteriormente la Ley de Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas, el Congreso reconoció legal y públicamente la legitimidad de nuestras luchas y nos dio la razón en la defensa de nuestros derechos colectivos a la vida y a los territorios ancestrales. Por lo que, el Ejecutivo al vetar la Ley de derecho a la consulta, lejos de reconocer este derecho legítimo de los pueblos indígenas, ha tirado por la borda el amplio consenso alcanzado por la representación nacional en el Congreso, aduciendo que una “minoría” de indígenas no puede “imponerle” su voluntad a la “mayoría” de peruanos.
Para el dirigente de AIDESEP, las observaciones del Ejecutivo no resisten el menor análisis jurídico, pues un Estado no puede privilegiar los “intereses privados” sobre los derechos fundamentales de sus ciudadanos que debe proteger.
“La Comisión de Constitución aprobó por mayoría el “allanamiento” a las observaciones del Ejecutivo a la ley de derecho a la consulta con lo cual lejos de asumir la defensa de sus fueros constitucionales abdica de sus funciones, cediendo al chantaje del gobierno anti-indígena sometido a los intereses de lobbystas de empresas extractivitas transnacionales”, agregó Pizango.
Rechazó además la aprobación del allanamiento a la Ley de Consulta por considerar que termina degenerando el texto de la ley aprobada por el pleno el 19 de mayo último, “Anunciamos que no aceptaremos una ley de consulta, degenerada, que desconozca nuestros derechos y colisione con el Convenio 169 de la OIT. Los pueblos indígenas y las comunidades, ratificamos que con ley o sin ley, defenderemos nuestros sagrados derechos colectivos y aplicaremos en nuestros territorios el derecho a la consulta, en estricto cumplimiento del derecho a la libre determinación, establecido por el Convenio 169 y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo de la ONU”.
Finalmente Pizango hizo un llamado a la solidaridad de los pueblos, comunidades, y organizaciones populares, y a la población en general para movilizarse “en defensa de los sagrados derechos colectivos y territorios ancestrales, hasta la aprobación definitiva de una Ley de Derecho a la Consulta de acuerdo al Convenio 169 de la OIT”.
Tras dar su respaldo a los justos reclamos de los representantes de las comunidades campesinas e indígenas, la vocera de la bancada nacionalista Marisol Espinoza, insistió en lamentar que el gobierno no haya aprendido la lección de Bagua. “El gobierno no quiere aprender la lección de Bagua, de dialogar y escuchar a las comunidades, y no solo hacer eco de los grandes intereses empresariales extranjeros sino de escucharlos y atender sus llamados, sin esperar los muertos sobre la mesa. Este gobierno se ha acostumbrado a tener los cadáveres sobre la mesa para recién dialogar. Ese no es un mensaje de paz”, dijo.
Recordó también que aún hay 271 conflictos sociales sin atender y que el gobierno en lugar de sentarse a dialogar, les pone más obstáculos negándose a aprobar la Ley de consulta previa tal como fue aprobada en el mes de mayo por el Pleno del Congreso.
Espinoza Cruz, insistió en los planteamientos del Partido Nacionalista para acabar con la explotación y saqueo de los recursos naturales, “el gobierno debe entender que estamos en una nueva etapa, que los pueblos tienen derechos, y que la consulta previa la ganaron los pueblos a nivel internacional, por eso se debe respetar su decisión”, refirió la legisladora piurana.
Por su parte el dirigente de Aidesep, Alberto Pizango sostuvo que “al aprobarse, primero la derogatoria de cuatro decretos legislativos, y posteriormente la Ley de Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas, el Congreso reconoció legal y públicamente la legitimidad de nuestras luchas y nos dio la razón en la defensa de nuestros derechos colectivos a la vida y a los territorios ancestrales. Por lo que, el Ejecutivo al vetar la Ley de derecho a la consulta, lejos de reconocer este derecho legítimo de los pueblos indígenas, ha tirado por la borda el amplio consenso alcanzado por la representación nacional en el Congreso, aduciendo que una “minoría” de indígenas no puede “imponerle” su voluntad a la “mayoría” de peruanos.
Para el dirigente de AIDESEP, las observaciones del Ejecutivo no resisten el menor análisis jurídico, pues un Estado no puede privilegiar los “intereses privados” sobre los derechos fundamentales de sus ciudadanos que debe proteger.
“La Comisión de Constitución aprobó por mayoría el “allanamiento” a las observaciones del Ejecutivo a la ley de derecho a la consulta con lo cual lejos de asumir la defensa de sus fueros constitucionales abdica de sus funciones, cediendo al chantaje del gobierno anti-indígena sometido a los intereses de lobbystas de empresas extractivitas transnacionales”, agregó Pizango.
Rechazó además la aprobación del allanamiento a la Ley de Consulta por considerar que termina degenerando el texto de la ley aprobada por el pleno el 19 de mayo último, “Anunciamos que no aceptaremos una ley de consulta, degenerada, que desconozca nuestros derechos y colisione con el Convenio 169 de la OIT. Los pueblos indígenas y las comunidades, ratificamos que con ley o sin ley, defenderemos nuestros sagrados derechos colectivos y aplicaremos en nuestros territorios el derecho a la consulta, en estricto cumplimiento del derecho a la libre determinación, establecido por el Convenio 169 y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo de la ONU”.
Finalmente Pizango hizo un llamado a la solidaridad de los pueblos, comunidades, y organizaciones populares, y a la población en general para movilizarse “en defensa de los sagrados derechos colectivos y territorios ancestrales, hasta la aprobación definitiva de una Ley de Derecho a la Consulta de acuerdo al Convenio 169 de la OIT”.
