Exalcalde sentenciado a 10 años de prisión por pago a “empleados fantasma”
También autorizó uso irregular de recursos para adquirir bienes y combustible sin sustento.
En mérito a una acción realizada por la Contraloría General de la República, un ex alcalde y ex funcionarios de la Municipalidad Distrital de Maquía, en la Región Loreto, fueron sancionados con pena privativa de la libertad efectiva, al ser hallados responsables de diversos delitos de corrupción, en agravio del Estado.
La Corte Suprema de Justicia –en base a lo detectado por el ente superior de control- confirmó la sentencia de la Primera Sala Superior Penal de Loreto que ordenó prisión efectiva de diez (10) años contra el ex alcalde Víctor Román Estrada Villacrez por los delitos de peculado, peculado agravado y aprovechamiento indebido del cargo, durante el ejercicio de su cargo durante los años 2003 y 2004.
El citado ex funcionario se benefició irregularmente con recursos del Estado al autorizar el pago de personal inexistente y por bienes presuntamente adquiridos durante su gestión edil, sin sustento ni registro alguno de su ingreso a los almacenes. Asimismo, se apropió de recursos de la municipalidad y ordenó el pago de anticipos mediante cheques girados a favor de funcionarios y servidores bajo la figura de compra de combustible que nunca sustentó, entre otros hechos.
Del mismo modo, fue sentenciada a tres (3) años de prisión efectiva Indira Nadia Reátegui, ex secretaria de la Oficina de Coordinación de la misma municipalidad, por los delitos de peculado y falsificación de documentos, al comprobarse que se apoderó de fondos públicos para la supuesta adquisición de un motor, así como medicinas, combustible y otros bienes que pretendió justificar con boletas de venta falsificadas.
También se dictó tres (3) años de pena privativa de la libertad suspendida para Jauriman Collantes Tello, quien en su condición de asistente administrativo de la alcaldía de la Municipalidad Distrital de Maquia, falsificó documentos para acreditar el uso de fondos públicos.
En lo que va del presente año, este es el segundo caso de delitos de corrupción de funcionarios públicos detectado por la Contraloría General de la República que amerita la imposición de penas de prisión efectiva por parte del Poder Judicial.
