En la resolución donde el juez Malzon Urbina ordena que La Parada vuelva a ser zona de comercio mayorista se citan declaraciones de la alcaldesa Susana Villarán, quien reconoce que se cometía una irregularidad en la operación, pues el contrato de propiedad del terreno no podía violarse para expulsar a los comerciantes.
“La segunda cláusula del contrato de donación instituye la voluntad del donante, que expresa que es para la construcción y establecimiento de un mercado mayorista y otro minorista y la apertura de calles intermedias”, según el documento mediante el cual Luis Cánepa Caycho entregó esta zona a la Municipalidad de Lima en 1944.
Es allí cuando Villarán admite ante Urbina que ordenar el fin del comercio al por mayor sería una violación a las leyes. “Lo que es materia de la donación tiene que ser para el fin determinado por el donante y las condiciones en los que la entidad que reciba la donación lo acepte”, manifiesta.
“Yo decreté que se le cambie la condición jurídica de mercado mayorista”, declaró Villarán, lo cual el juez acepta como un reconocimiento de responsabilidad, y fundamento para evaluar retirarla de su cargo por atentar contra el ordenamiento jurídico del país.
