El Congreso es muy cuestionado por la calidad de sus integrantes, pues salvo excepciones, su capacidad intelectual está por debajo de lo esperado de un profesional eficiente. No sólo eso, no cumple con sus obligaciones elementales como elegir a los miembros del Tribunal Constitucional ni se ocupa de la falta de un Defensor del Pueblo, responsabilidad que comparten con el Poder Ejecutivo.
Caretas de esta semana, a través de José Elice, ex oficial mayor y hoy director ejecutivo de la ONG Reflexión Democrática, denunció que además la planilla de ese poder del Estado no deja de crecer y consume 158 millones de soles del erario con 2,204 empleados, entre los cuales ocasionalmente se detecta falsos trabajadores, los de gente que en realidad son trabajadores del hogar, pero su nombre figura en planillas.
La gestión aprista dejó la planilla en 1,978 (27 directivos, 653 profesionales, 765 técnicos y 533 auxiliares).
Daniel Abugattás la creció a 2,021 y con Isla se disparó a 2,204 empleados, la planilla más alta de su historia.
Además, no deja de crecer su infraestructura, pues de cinco locales en 1992 ahora tiene 13 más uno en construcción.
Cada parlamentario genera al fisco un gasto de S/. 1.2 millones, solo en remuneraciones. Este año el Congreso apunta a batir un nuevo récord. Y para eso ha elevado las remuneraciones a S/. 174 millones.
La autonomía presupuestal es el pretexto, pues mientras las demás instituciones públicas tienen que pedir autorización al Poder Ejecutivo para incrementar plazas y remuneraciones, el Congreso decide cuántos trabajadores tiene y aprueba los aumentos que desee.
En 1992 había 400 trabajadores, ahora 2,204, pero el Congreso sigue siendo tan cuestionados como antes.
Para trabajar en el Congreso los empleados no pasan por un concurso público, como suele ser en las diversas instituciones públicas, a excepción de los cargos de confianza, en cambio, los congresistas nombran a su personal entre sus partidarios, sin importar su preparación, experiencia ni rendimiento, por lo cual hay gente que rinde, pero los ciudadanos también tenemos que mantener a gente improductiva.
Además, a diferencia de otras instituciones públicas, donde hay ascensos por carrera y hay jefaturas encargadas, por ser temporales, en el Congreso, pese a que saben que los altos cargos son temporales, pues cada grupo político que obtiene mayoría en las elecciones coloca a su gente en los puestos más altos, les dan el cargo en forma definitiva, de modo que cuando son removidos y pasan a labores de menor responsabilidad siguen percibiendo el sueldo que tenían en el alto cargo, lo cual es un insulto para los demás trabajadores estatales que luchan sin conseguir aumentos.
“Cuando alguien de este régimen (DL 728) asume un cargo superior percibe una nueva remuneración. Pero cuando sale del puesto se queda en el mismo nivel remunerativo a pesar de realizar una función inferior”, explica.
Ejemplos:
La exoficial mayor de la gestión Abugattas, Giuliana Lastres, sigue percibiendo el mismo sueldo (S/. 14,500) a pesar de ahora ocupar una plaza de “profesional” en el Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios.
José Abanto, antecesor de Lastres, tiene la misma situación.
El exdirector de la Biblioteca del Congreso, Segundo Soto Coronel, ocupa una plaza de técnico en el Archivo del Parlamento con un sueldo de S/. 14 mil.
Lucía Bravo Roncal, exjefa del Departamento de Tesorería, actualmente “especialista administrativo” en la Tercera Vicepresidencia, y Miguel García Foy, anterior gerente de Recursos Humanos, hoy “administrativo” en la Dirección de Cooperación Internacional, también están en la misma situación que Soto.
“(El Congreso) tiene buenos técnicos y profesionales comparables incluso con ejemplos europeos, pero la forma como se utiliza el recurso humano no es adecuado”, sostuvo Elice.
