Acostumbrada a los faenones, tras haber perpetrrado un abusivo e ilegal desalojo en La Parada —donde hasta muertos hubo—, la alcaldesa de Lima Susana Villarán anunció que convertirá ese lugar en un “parque del migrante” (donde posiblemente después permita instalarse a supermercados), pero la familia Cánepa reclamaría la reversión de esa propiedad a los herederos.
El reclamo se plantearía porque la donación de dicho terreno, por parte de Luis Cánepa Caycho, se efectuó con cargo, para que sea destinado a un mercado mayorista y otro minorista.
El abogado Julio César Castiglioni, anunció que la familia “va a pedir la reversión, y puede hacerlo”, en vista de que Villarán intenta torcer la voluntad del donante.
Jorge Miguel Arce Cánepa, sobrino nieto de Luis Cánepa, dijo en Radio Capital que su familia rechaza la construcción del mencionado parque pues exigen que se respete la voluntad declarada para la donación, por lo cual interpondrían una medida cautelar y enviarán una carta notarial a Villarán, si insiste.
Castiglioni, experto en temas municipales, explicó que la reversión es un proceso del ámbito civil, por lo que no ahondó en el mismo, y si la familia Cánepa está pensando en presentar una medida cautelar fuera del proceso que se ventila en el Tribunal Constitucional por el mismo caso, pidiendo que se cumpla el objetivo de la donación, sería válido, informa Expreso.
Subrayó que si ellos no decidieron plantear ninguna acción legal hasta este momento fue porque el mercado mayorista, aún con el proceso en el TC, seguía operando. “Pero ahora, ante el anuncio de la construcción de un parque, vamos a tomar las medidas del caso”, adelantó.
Castiglioni explicó que la Municipalidad de Lima no puede construir nada en esos terrenos mientras no se resuelva el expediente que se encuentra en el Tribunal Constitucional, que pone en discusión la resolución emitida por la gestión de Villarán que cambió la zonificación en dicha área para restringir la entrada de camiones a la zona.
Calificó de total “ignorancia jurídica” que el procurador de la Municipalidad de Lima, Antonio Salazar, haya señalado en una radio local que el TC no forma parte del sistema judicial. “El Tribunal Constitucional es la máxima instancia de la constitucionalidad”, subrayó Castiglioni y advirtió que las acciones que ha llevado a cabo la gestión municipal son ilegales, pues si bien se basa en motivos de salubridad no se les notificó a los mayoristas y minoristas del cierre y posterior desalojo.
Sostuvo que los comerciantes pueden interponer una demanda de revisión judicial como terceros legitimados, al no habérseles notificado ni de la resolución de clausura ni del inicio de este procedimiento. “Con la sola presentación de la demanda pueden proceder a abrir los propios comerciantes el lugar”, indicó.
¿Tendrán que ver con los negocios en estos terrenos el viaje subrepticio que violando normas realizó Villarán a Chile? ¿Fue a gestionar negocios personales? (ver Villarán decide viaje a Chile con Resolución de Concejo ilegal).
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