Queda prohibida la terrible costumbre de traficar con sectores en pobreza, repartiendo limosnas con el afán de ganar votos para después olvidarse de ellos.
Las organizaciones políticas no podrán efectuar regalos, dádivas u otros obsequios como parte de su propaganda electoral, según lo propuesto en el dictamen del proyecto de modificación de la Ley de Partidos Políticos que se debatió el jueves 10 en el Pleno del Congreso.
Tras amplio debate, a pedido del presidente de la Comisión de Constitución, congresista Fredy Otárola (NGP), se pasó a un cuarto intermedio para su perfeccionamiento a fin de ser votado en la próxima sesión.
En la propuesta se plantea que la norma pasará a llamarse “Ley de Organizaciones Políticas”, en la que se faculta al Jurado Nacional de Elecciones o a pedido del Fiscal de la Nación o del Defensor del Pueblo a “declarar la ilegalidad de las organizaciones políticas cuando consideren que sus actividades son contrarias a los principios democráticos”.
En ese sentido, serían declarados ilegales aquellos que vulneren el Estado constitucional promoviendo o justificando atentados contra la vida o la integridad de las personas como apoyar la acción de organizaciones que practiquen el terrorismo y/o el narcotráfico. Esta decisión será puesta en conocimiento del Ministerio Público para que adopte las acciones legales pertinentes.
También se considera el financiamiento público de los partidos que obtienen representantes al Congreso y se ejecutará a partir del 2017. El 50% de los recursos serán destinados para capacitación y el otro 50% para gastos de funcionamiento ordinario.
Durante el debate, el tema en el que estuvieron de acuerdo los parlamentarios fue que las organizaciones políticas, en campaña electoral, deben quedar prohibidas de entregar u ofrecer regalos u otros obsequios de naturaleza económica, directa o indirectamente, a la población.
Con ello, dijeron, se acabarán las discriminaciones y que fuentes ilegales, como el narcotráfico, el terrorismo, o las mafias de trata de personas, entre otras organizaciones delictivas, puedan infiltrarse en el proceso electivo.
Otro de los puntos de mayor debate fue la financiación de la propaganda electoral con fuentes del Tesoro Público, en el que la mayoría de parlamentarios se pronunció por la necesidad de que, en forma democrática, los recursos programados para ese efecto estén destinados a la publicidad y propaganda política en el proceso y limitar la utilización de recursos propios. Con ello se buscaría evitar que las organizaciones políticas con más recursos tengan mayores posibilidades.
En ese sentido se pronunciaron los congresistas Yonhy Lescano (AP-FA), Martha Chávez (FP), Mesías Guevara (AP-FA), Casio Huaire (PP), Rosa Mavila (AP-FA), Jaime Delgado (DD) y José León (PP), entre otros.
Las vallas electorales fueron también materia debate, mientras algunas propuestas planteaban no elevarlas, otras se pronunciaron por la eliminación de los “vientres de alquiler”, con lo cual se benefician sectores que no tienen organización consolidada.
El congresista Delgado Zegarra dijo que no debe ponerse vallas más altas y demandó que los procesos sean sobre la base de confrontación de ideas, programas, decisiones soberanas y la prohibición de regalos, porque mercantilizan los procesos electorales.
De similar opinión fue el congresista Lescano Ancieta, quien pidió especificar como fin de los partidos políticos servir como canalizadores de los problemas de la ciudadanía, como agua, vivienda y otras necesidades.
El legislador Martín Belaunde (SN) pidió declarar ilegal a las organizaciones políticas de conducta antidemocrática o que utilizan formas o símbolos militares en su propaganda, con lo cual causan miedo o zozobra a la ciudadanía.
Mavila León planteó prohibir la candidatura de personas con antecedentes penales y judiciales.
Por su lado, el congresista Daniel Abugattás (NGP) planteó eliminar la posibilidad de alianzas políticas y no participar en dos procesos consecutivos. Dijo también que los recursos del Estado no deben ser entregados a particulares, sino directamente a las empresas se señala abierta que difundirán la propaganda.
En la parte final del debate intervinieron los congresistas Verónika Mendoza (AP-FA), Roberto Angulo (DyD), Juan Pari (DyD), Santiago Gastañadui (NGP), Alberto Beingolea (PPC-APP), Claudia Coari (DyD), Vicente Zevallos (SN) y Rubén Condori (NGP).
La congresista Mendoza Frisch, lamentó que no se legisle sobre el financiamiento privado, en tanto que Angulo Álvarez comentó que no se puede limitar el derecho constitucional de opinión. La congresista Coari Mamani criticó el financiamiento de partidos políticos que son cuestionados por la ciudadanía, mientras que su colega Pari Choquecota expresó su desacuerdo con que se pretenda modificar la Ley de Partidos Políticos en la víspera del proceso electoral.
El legislador Gastañadui Ramírez consideró importante el proyecto en debate y propuso algunas modificaciones. El congresista Beingolea Delgado dijo que se han perdido cuatro años para realizar este debate y que ahora se pretende hacer solo una modificación y no una reforma del sistema electoral; en tanto que Zeballos Salinas lamentó que en el proyecto no estén contemplados importantes reformas como el voto preferencial, la democracia interna, el financiamiento privado y otros que consideró temas fundamentales. Finalmente, Condori Cusi consideró que la propuesta no toca los temas de fondo del quehacer político y electoral.
Luego de escuchar los aportes, el congresista Otárola Peñaranda solicitó un cuarto intermedio para perfeccionar el dictamen, a fin de que sea puesto al voto en la próxima sesión.
