El Pleno del Congreso aprobó el informe final de la Comisión Áncash, mediante se solicita denunciar a los exfiscales de la Nación José Peláez Bardales y Carlos Ramos Heredia, por los presunto delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Además de estos dos sujetos están incluidos otros personajes relacionados con el caso. En la Región Ancash habrían ocurrido irregularidades, actos de corrupción, mafias y crimen organizado, sicarios que asesinaron autoridades, funcionarios, testigos de cargo y toda persona que pudiera revelar presuntos actos de corrupción en la región, señaló el presidente de la comisión que investigó el caso, Mesías Guevara (AP-FA).
El documento culmina invocando al Ministerio Público, a la Policía Nacional y Poder Judicial que hagan todos los esfuerzos para que identifiquen y sancione ejemplarmente a los autores intelectuales y mediatos del asesinato de Sánchez Milla, Ezequiel Nolasco, Colona, Hilda Saldarriaga y otros.
El informe señala que Peláez Bardales y Ramos Heredia habrían formado parte de la red de impunidad que imperó en esa región y que favoreció a César Álvarez al sancionar a los fiscales que investigaron las denuncias presentadas contra ellos.
Entre otras barbaridades, Peláez destituyó arbitrariamente a los cuatro fiscales que allanaron ‘La Centralita’ en el 2011, mientras que Ramos arbitrariamente recomendó, cuando era fiscal supremo de Control Interno, la destitución y sanciones a fiscales que investigaban la gestión de Álvarez.
Guevara Amasifuén denunció haber sido acosado permanentemente por diferentes medios: teléfono, redes y correos electrónicos, lo que le ha hecho concluir en que la red de la impunidad es peor que la red de la corrupción.
Sostuvo que el caso de la región Áncash es un tema complejo, amplio y que constituye un aporte para que la Contraloría General de la República y los órganos de administración de justicia cumplan con lo que les corresponde. De igual manera, indicó que también contiene recomendaciones para el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
Señaló que la magnitud de denuncias contra la gestión de César Álvarez en la presidencia del gobierno regional entre el 2007 y 2014 comprende cuestionamientos por presuntos actos de corrupción al frente de una organización criminal articulada y jerarquizada para cometer delitos y obtener ventajas económicas provenientes del erario nacional.
Para conseguir esos objetivos, dijo, la organización habría operado con ciertas estrategias, entre ellas pagar a sicarios que se encargaban de asesinar a autoridades, testigos y a quien consideraban un obstáculo.
El parlamentario dio detalles sobre los perjuicios económicos por posibles irregularidades en los gastos del canon y remanentes de las utilidades mineras; cobranzas coactivas fraudulentas la posible admisión e carta fianzas proscritas; la presunción de lavado de activos; abuso de autoridad y otros delitos.
En el documento compuesto de mil 237 folios se recomienda al Ministerio de Economía y Finanzas que establezca mecanismos para mantener las asignaciones presupuestales provenientes del canon y donaciones, y desarrolle una cartera contingente priorizada de grandes proyectos alternativos para que sean ejecutados debidamente.
A la Contraloría General de la República le recomienda presentar al Congreso de la República un plan de acciones que brinde garantías de atención de los principales montos y actividades de riesgo. El documento exige denunciar por prevaricato a nueves magistrados del Poder Judicial que avalaron fraudulentas cartas fianzas.
De igual manera hace recomendaciones al Ministerio Público, al Jurado Nacional de Elecciones, y al mismo Parlamento nacional para que debatan proyectos que contribuyen con la transparencia.
