El congresista, financista y además secretario de la agrupación Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, viene siendo investigado por las autoridades peruanas desde el 2014, por presunto lavado de activos que ascienden a 7 millones de dólares, sin embargo, este caso se encuentra estancado por su condición parlamentaria.
La ex procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe Trujillo, denunció el 9 de setiembre del 2014 a Joaquín Ramírez Gamarra ante el Ministerio Público y el 3 de diciembre del mismo año el fiscal Marco Antonio Cárdenas, resolvió iniciar las investigaciones correspondientes, no obstante, hasta ahora no se le ha levantado el fuero parlamentario al congresista fujimorista. Informó La República.
Levantamiento de fuero denegado
En este contexto, el 19 de octubre del 2015, la fiscal Rosana Villar Ramírez tuvo la consigna del caso y solicitó a la Sala Penal Nacional gestionar ante el Congreso el levantamiento del fuero a Joaquín Ramírez, pero su pedido fue rechazado por un formulismo legal, lo que benefició al secretario general de Fuerza Popular.
Asimismo la mencionada sala argumentó que en el requerimiento de la fiscal Rosana Villar no existía fundamento de que Joaquín Ramírez era parte de una organización criminal, lo que significaba que la investigación había concluido.
Nueva estrategia
Tras la negativa de la sala la fiscal, Villar orientó la investigación hacia los familiares de Joaquín Ramírez, a fin de llevar el caso ante el Poder Judicial. Entre estas personas se encuentran su esposa, Rosa Castañeda Cubas, y su hermano recientemente elegido congresista por Fuerza Popular, Osías Ramírez Gamarra, entre otros.
Desbalance patrimonial
El fiscal Marco Antonio Cárdenas, acogió la denuncia de la ex procuradora de lavado de activo Julia Príncipe, para quien sí existirían indicios suficientes para investigar al congresista fujimorista, pero la condición de parlamentario de Joaquín Ramírez hacen que las pesquisas no avancen.
Los indicios que Cárdenas encontró en el parlamentario fujimorista se basa en "un incremento inusual de su patrimonio desde 2003 hasta la fecha (2015), lo que se desarrolló principalmente en el ámbito inmobiliario a través de sus empresas, cuando en sus inicios solo se desempeñaba como cobrador de transporte público"
La fiscalía le atribuye a Ramírez un supuesto desbalance patrimonial que alcanza la cifra de US$ 7 millones.
