Exalcaldesa en la cuerda floja.
Cuando asistió a citación aseguró que no pudo retrasar entrega de peajes a OAS por Convenio de Estabilidad Jurídica, pero documento oficial la desmiente.
Un documento obtenido por EXPRESO demuestra que la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente, le mintió a la Comisión Lava Jato durante su presentación el pasado 4 de septiembre de 2017.
En esa ocasión, Villarán dijo que el convenio de estabilidad jurídica con Línea Amarilla S.A.C. le impidió la modificación del contrato a fin de que se entregue el cobro de la tarifa del peaje después de que la empresa concesionaria avance el 70 % de la obra y no antes. Esta versión no fue cierta, de acuerdo al mencionado documento al que EXPRESO tuvo acceso.
Como se sabe, el acuerdo para la rehabilitación e instalación del sistema de peaje de la Vía de Evitamiento, firmado por el concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la compañía brasileña OAS, establecía que la empresa tenía como condición presentar un avance del 70 % de las obras antes de iniciar el cobro a los vehículos.
Sin embargo, la firma brasileña, cuyos altos funcionarios están investigados o presos en Brasil por actos de corrupción, empezó a recaudar el peaje en octubre de 2013, cuando ni siquiera había avanzado el 40 % de los trabajos durante la gestión municipal de Villarán. Ello debido a que en las cláusulas del contrato de concesión no se incluyó el avance al 70% para iniciar el cobro del peaje.
Aunque Villarán aseguró no haber podido mejorar el contrato a favor de los limeños, sí efectuó cambios favorables a OAS como la extensión del plazo de la concesión de 30 a 40 años.
Es más, hoy se conoce que OAS habría invertido menos de US$ 500 millones, pero ya vendió la concesión por US$ 1,664 millones en agosto de 2016 y recibió al menos US$ 136 millones en otros ingresos. Así, las ganancias de OAS habrían sido mayores a los US$ 1,300 millones.
Versión de Villarán
Durante la presentación de Susana Villarán ante la Comisión Lava Jato, los integrantes le preguntaron las razones por las que no modificó el contrato a través de una adenda precisando que el cobro del peaje sería trasladado a la concesionaria luego de la ejecución de un avance en la obra del 70 %, pero Villarán aseguró que no pudo hacerlo.
Sobre este tema, en las respuestas brindadas al grupo investigador, las cuales tienen la misma validez de una declaración jurada, Villarán de la Puente dijo que el contrato de concesión firmado por Giselle Zegarra, gerente de Promoción de la Inversión Privada durante la segunda gestión de Luis Castañeda, fue materia de un convenio de estabilidad jurídica y tributaria firmado el 5 de noviembre de 2010.
Cabe indicar que el convenio fue aprobado por Resolución Ministerial 511-2010-MTC el 4 de noviembre de 2010.
“Este marco jurídico impedía que el contrato se modificara en algunos aspectos medulares. Por ejemplo, en que la recaudación de peajes pasara a ser administrada por el concesionario a partir del 10 de febrero de 2013, entre otros aspectos”, dijo.
La exalcaldesa aseguró que “incumplir con el contrato tendría repercusiones graves para la Municipalidad de Lima, ya que habría llegado finalmente al CIADI, y las reparaciones de incumplimiento de un contrato con estabilidad jurídica y tributaria serían muy onerosas para la Municipalidad Metropolitana de Lima”.
“Más aún siendo esta municipalidad, y lo digo acá por haberlo vivido, totalmente incapaz, hasta ahora, a pesar de la obligación de reparar económicamente a los trabajadores despedidos arbitrariamente en el caso Sitramun por la sentencia de la Corte. Es este el contexto y estos antecedentes los que deben ser considerados para comprender el porqué de la adenda Nº 1, la decisión de modificar el contrato”, fueron sus palabras textuales.
Convenio
Las fuentes que alcanzaron a EXPRESO el Convenio de Estabilidad Jurídica con Línea Amarilla S.A.C (también conocida como Vía Parque Rímac), señalaron que de él no se desprende ningún impedimento para que se modifique el contrato de concesión en la parte referida al inicio de la recaudación del peaje.
El documento firmado entre ProInversión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Empresa Línea Amarilla tiene nueve cláusulas, todas ellas referidas a las facilidades que se da a la inversión extranjera que representa Línea Amarilla.
Es decir, contiene términos en cuanto a aporte de capital, estabilidad del régimen tributario referido al impuesto a la renta, estabilidad de los regímenes de contratación de los trabajadores de la empresa, entre otras precisiones. En ninguna de sus cláusulas se establece una prohibición como la que señaló Villarán.
Es más, fue hecho a solicitud de los inversores OAS Investimentos S.A. y Constructora OAS Ltda para garantizarle estabilidad jurídica, mientras que el referido convenio se encuentre vigente, así como la estabilidad de los regímenes de contratación de los trabajadores de la Línea Amarilla.
María Teresa García
Expreso, 31.10.2017
