Como siempre, la autoridad de trabajo duerme esperando que le digan dónde revienta un escándalo en lugar de hacer su trabajo de inspección preventiva
El alcalde de Lima Jorge Muñoz hace alarde de pensador y consejero dando recetas de ética y trabajo a políticos y funcionarios, pero oculta que mantiene en situación de explotación a fiscalizadores, a los cuales los expuso al peligro lanzándolos sin la debida protección a despejar calles invadidas por hordas de venezolanos, quienes los agredieron.
Hoy ATV mostró el caso de uno de los 48 fiscalizadores heridos por los hampones venezolanos, Erick Espinoza Aramburú. Se encuentra internado en el hospital Arzobispo Loayza retorciéndose de dolor que no cede a los analgésicos. Presenta fractura de mandíbula y otras heridas y contusiones. Debido a que Muñoz no lo aseguró en Essalud, la víctima se atiende con el seguro de salud del Minsa, el SIS, el cual no le cubre gastos mínimos y se requiere una operación de urgencia.
Su atribulada madre, Gladys Aramburú, declaró esta mañana que es su único hijo, quien la mantiene, y además el trabajador tiene un pequeño hijo y no pueden costear los gastos que exige el hospital, como exámentes de imágenes de tomografía. En total por ahora requieren unos 4,000 soles, que ella no tiene, y el trabajador corre el peligro de quedar con una secuela de la fractura, pues está tirado desde hace cinco días en la cama de hospital sin tomografía y no lo operan, lo cual debería haber sido realizado el mismo día, para conseguir que el hueso suelde de forma apropiada..
La Sunafil fiscaliza a empresas privadas, ¿Por qué el ministerio de Trabajo o Servir no fiscalizan a instituciones públicas, ya sean del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y municipalidades? El Estado no tiene por qué suponer que las instituciones públicas empleadoras están cumpliendo con las leyes, pues este es uno de los tantos casos donde no se cumple con las leyes laborales.
A la izquierda, la mano lesionada y a la derecha, la herida en la cara, que le causó la fractura de mandíbula.
Los fiscalizadores cumplen con un horario, usan uniforme de la municipalidad, por lo cual deberían estar inscritos en Essalud y además deberían tener un seguro por riesgos, en razón de que constantemente sufren agresiones.
Como era de esperarse, nínguna ONG autoproclamada defensora de los derechos humanos ha prestado ayuda a esta víctima del hampa venezolana, porque a ellos les pagan para instigar la entrada de indeseables venezolanos al Perú. Tampoco lo han hecho los políticos que azuzaron la inmigración venezolana, como los aprofujimoristas y los caviares.
En este artículo se ve cómo fue la batalla campal por el desalojo, que se realizó cuando la invasión de las vías alcanzó niveles intolerables, por la incapacidad del alcalde Muñoz, que dejó que los hampones venezolanos fueran ganando terreno mucho tiempo. Como suele suceder, en estos casos no sólo ocupan la vía pública, sino que se crean mafias que extorsionan y cobran cupos para ocupar la calle, todo avanzó hasta niveles críticos por la inacción de Muñoz:
