La preocupación más importante para las familias, no sólo de escasos recursos sino para las de clase media, es comprar los alimentos que cada día están más caros. EMMSA, la empresa de la Municipalidad de Lima que administra el Gran Mercado Mayorista de Santa Anita, continúa cobrando los precios de asalto a los camioneros que ingresan a dicho mercado a descargar sus productos en lo que se podría llamar el peaje más caro del mundo, en promedio S/ 200 por camión por circular no kilómetros, sino metros.
Esta grotesca cobranza fue instalada por la corrupta gestión de Susana Villarán, quien habilitó este mercado con una represión que mató a cuatro personas. El infame cobro continúa hasta la actual gestión del alcalde sucesor del incompetente Jorge Muñoz, quienes ven en ello la forma de mantener a su camarilla en una planilla dorada que administra dicho mercado, la cual además cobra altísimos precios por el alquiler de puestos en dicho mercado. No es previsible que este alcalde que reemplaza a Muñoz, Miguel Romero, elimine este cobro porque lo avaló durante los años de gestión de Muñoz.
Se supera en promedio los S/ 200 soles por camión porque cobran S/ 7 por tonelada y por lo general cada camión carga más de 30 toneladas, es decir, debe pagar S/210, por sólo ingresar a descargar.
Para justificar el asalto a los camioneros los obligan a pasar por la balanza, cuando ellos ya pagaron en provincia por pesar su carga, lo cual cuesta en promedio S/ 15. Podría entenderse el interés de conocer el peso para fines estadísticos, pero cada camión ya tiene su boleta de balanza con el peso señalado y obligarlos a pesar por segunda vez es un abuso y una pérdida de tiempo. Además, así fuese con servicio de balanza incluido, que es S/15, cobrar S/200 o más es una barbaridad.
Cuando Villarán era alcaldesa, el primer gerente (su amigo que nunca había administrado un mercado ni un centro comercial) comenzó ganando más que el Presidente de la República, 30 mil soles, ¿cuánto cobran hoy, 60 mil soles? No lo sabemos, porque estos burócratas tienen bloqueado el portal de transparencia en el acceso a los montos de remuneraciones o pagos de asesoría, simplemente no funciona, cuando es obligación de las entidades públicas que estos portales estén activos.
Simplemente tenemos a unos parásitos que viven a costa del hambre de las familias limeñas y del esfuerzo de agricultores, comerciantes y camioneros.
Las normas vigentes indican que las entidades públicas (Emmsa es una empresa estatal, por tanto, entidad pública) deben cobrar por sus servicios importes que estén de acuerdo a la realidad no se trata de ningún servicio, sólo ingreso, no se trata de parqueo, custodia ni limpieza del vehículo, por tanto, este cobro debe desaparecer.
El Indecopi debería actuar para exigir la eliminación de este cobro, lo cual se hace mucho más necesario en esta crisis internacional, pues este valor los comerciantes lo trasladan al precio de los alimentos.
En 2018 el Indecopi declaró ilegal este cobro por constituir una barrera burocrática, pero estos parásitos se zurran en las leyes y en la necesidad de la gente y continúan cobrando, como lo denunciaron los agricultores durante las reuniones con motivo de las protestas de abril. Urge que el Indecopi actúe de una vez por todas con las facultades que la ley le confiere para poner fin a este atropello. Resulta inexplicable que pese al pronunciamiento del Indecopi este cobro continúe. El Congreso debería subsanar cualquier laguna legal que permite a Emmsa seguir burlando la ley.
Además, debe ocuparse también del precio de los alquileres de los puestos de venta, pues el valor debe guardar relación con la realidad.
Con desparpajo la entonces alcaldesa Villarán pretendía cerrar los demás mercados mayoristas de Lima y dejar solamente este de Santa Anita. Para bien de Lima dichos mercados mayoristas siguen operando, no sólo porque por la pandemia se debe guardar distancia, sino porque si fuese el único mercado mayorista el de Santa Anita los costos se hubiesen incrementado todavía más.
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