Rocío Ferrel
El panorama de la administración de justicia en el Perú se encuentra en un estado deplorable teniendo a la cabeza a una Fiscal de la Nación con graves imputaciones, no obstante, organiza un circo en torno a la investigación contra el presidente Pedro Castillo, quien, naturalmente, debería ser investigado y de ser el caso denunciado.
Podemos suponer, sospechar o no que el mandatario ha perpetrado actos de corrupción, pero quien debería dilucidar dicha información es la Fiscalía, la cual hasta el momento se encuentra recopilando dichos y filtra hipótesis a la prensa, más no muestra pruebas, que se hacen más necesarias si se plantea la existencia de presuntos actos de corrupción en la forma de una organización criminal.
Si se trata del más alto cargo de mando, como es el de un Presidente de la República, el o la Fiscal de la Nación que lo investigue o que en el momento dado lo acuse, como requisito básico debería tener autoridad moral, debería ser un funcionario no sólo que no tenga denuncias, sino que no carezca de cuestionamientos graves que podrían configurar delitos, como es el caso de Patricia Benavides.
Hechos perpetrados por Benavides la incriminan, pero recibe blindaje
Son diversas las acusaciones contra la fiscal Benavides con hechos probados, como recuerda el presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres:
- La avidez por cambiar a la fiscal a cargo del proceso a su hermana Emma Benavides, acusada de favorecimiento al narcotráfico, que además evidencia descomunales signos exteriores de riqueza. Patricia Benavides la removió del caso prácticamente en cuanto la nombraron Fiscal de la Nación.
- Los títulos de maestría y doctorado de Patricia Benavides son deleznables, no son más que cartones por el hecho de haber sido entregados por la Universidad Alas Peruanas, que no logró licenciamiento por parte la Sunedu, y que fueron obtenidos al mismo tiempo, aunque ahora la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se burla de la ciudadanía y defiende a Benavides diciendo que la JNJ sólo a ha tomado en cuenta el título de doctorado.
- Los actos de Benavides en el cargo de Fiscal de la Nación al parecer han favorecido a la peligrosa organización criminal Los Cuellos Blancos.
Esto sin contar aspectos que denotarían falta de preparación adecuada en vista de las presuntas deficiencias en el ejercicio de su función.
Se trata pues de espantosos antecedentes para cualquier fiscal y más todavía si se trata de la Fiscal de la Nación.
JNJ sigue haciendo la vista gorda
La JNJ es una institución que está actuando en la práctica igual que el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que fue desactivado y reemplazado por la JNJ, en medio de expectativas maquilladas ante la ciudadanía sobre una supuesta reorganización que eliminaría la corrupción y daría paso a una verdadera meritocracia.
El Congreso busca perpetuar la corrupción
El Congreso de la República, pudiendo actuar para remover a esta indigna fiscal y al JNJ, ha optado por la inacción en favor de la corrupción.
Además, se advierte que los partidos que ocupan actualmente curules en el Congreso, esperan perpetuar la corrupción al más alto nivel, pues no corrigen el artículo 117 de la Constitución, que impide denunciar por corrupción a un Presidente. Debería abrirse también la opción de denunciar a un mandatario por otros delitos graves.
Se trata de un artículo a la medida de la corrupta dictadura fujimorista, pues con ello evitaron se denuncie al delincuente Alberto Fujimori, catalogado en el mundo como el séptimo expresidente más corrupto en razón de la cantidad de dinero que robó.
Cambios necesarios
Si el Congreso persiste en que todo siga igual para armar espectáculo cuando no les gusta un presidente, en lugar de prever las normas necesarias para procesar a un presidente corrupto, toca a la ciudadanía exigir los cambios urgentes.
Además, no sólo se trata del artículo 117, sino de toda la normatividad para postular a un cargo de elección popular o a uno de funcionario público. No quieren evitar que sean elegidos o nombrados sujetos que evidentemente serían delincuentes, amparándose en la argucia de que sólo se impedirá que accedan a dichos cargos quienes tengan sentencias por delitos graves.
Como es sabe, eso es una burla, porque en el Poder Judicial los procesos pueden tomar años y décadas, mientras tanto, los delincuentes pueden no sólo instalarse en cargos públicos, sino organizarse en peligrosas mafias.
Urge normar para que se prohiba acceder a cargos públicos no sólo a sentenciados por delitos graves sino a los procesados sin sentencia, para los cuales la Fiscalía tenga argumentado un pedido de pena. Y debería ser por toda clase de delitos, no solo dolosos, sino culposos, además de faltas graves, como violar las normas sanitarias en pandemia, no estar al día en el pago de sus tributos, alquileres (una y otra vez vemos vividores que explotan a ancianos no pagando el alquiler de una propiedad) y deudas de todo tipo, para no tener el bochorno de soportar en altos cargos a sujetos que deben millones a la Sunat.
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