Después de que el gobierno de México concediera asilo a la esposa del expresidente Pedro Castillo y sus hijos, el gobierno peruano accedió a dicho trámite tras conceder el respectivo salvoconducto.
La Embajada de México informó mediante nota diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores que su Gobierno concedió asilo diplomático a la señora Lilia Ulcida Paredes Navarro y sus dos menores hijos, conforme a la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, de la que ambos estados son partes.
El artículo XII de la referida Convención dispone que “…el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente, salvo casos de fuerza mayor, las garantías necesarias a que se refiere el Artículo V y el correspondiente salvoconducto”. Atendiendo sus obligaciones internacionales y en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Cancillería ha procedido a otorgar los salvoconductos a las mencionadas personas.
El Gobierno mexicano ha sido informado por esta Cancillería que la señora Lilia Ulcida Paredes Navarro se encuentra comprendida en una investigación preparatoria como coautora del delito de organización criminal, previsto y sancionado por el artículo 317 del Código Penal del Perú, según consta en la disposición del fiscal provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, de 19 de agosto del presente.
El Gobierno del Perú reitera de manera enfática que no existe persecución política en el país y que impera el Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a las garantías de la administración de justicia, incluyendo el debido proceso. La investigación preparatoria que se le sigue a la señora Paredes está referida a la presunta comisión de un delito común.
El otorgamiento de los salvoconductos se realiza con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición de la señora Paredes Navarro de conformidad con el Tratado de Extradición entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos de 2021, en caso de que las autoridades judiciales así lo requieran.
El Ministerio de Relaciones Exteriores actúa con apego a la legalidad y el pleno respeto a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado. En el marco de sus competencias, el Gobierno del Perú defenderá con la mayor firmeza el derecho que asiste al Estado, a través de los poderes correspondientes, de combatir la corrupción y de asegurar que los responsables sean juzgados con las garantías del debido proceso para evitar la impunidad.
