La congresista Margot Palacios presentó ante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ICDH) una denuncia por genocidio contra la presidene Dina Boluarte, los minstros Alberto Otárola, Pedro Angulo y César Cervantes.
La denuncia argumenta que se perpetró “un contexto de violación de derechos humanos” estipulado en el artículo 108 del Código Procesal Penal (CPP) durante la represión contra manifestantes (algunos de ellos vándalos) que protestaron en rechazo a Boluarte, exigiendo cierre del Congreso y se enfrentaron contra de la Policía Nacional e integrantes de las Fuerzas Armadas.
Mediante un oficio, la denuncia fue interpuesta por la congresista Margot Palacios, de Perú Libre, quien dirigió el oficio el último martes 20 de diciembre a la CIDH.
En la denuncia se comprende también a los acusados Antero Mejía Escajadillo, jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, y Jesús Vera Ipenza, comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, así como “los que resulten responsables”.
Una nota del diario Uno recoje la denuncia de comerciantes de Ayacucho, quienes acusan a Medína de amenazar a los comerciantes para que no realicen manifestacione.s
En el oficio, Palacios señala: “Los peruanos tenemos que recurrir a la justicia internacional toda vez que los hechos descritos de violaciones flagrantes de derechos humanos con suspensión de la vida de las víctimas, que hacían uso de su derecho político a manifestarse sobre una coyuntura política, ha sido avalado en una reunión de la junta realizada en Palacio de Gobierno”.
Palacios también cuestiona la actitud de otras autoriades, como el titular de la Junta Nacional de Justicia, Henry Ávila, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, queienes en una reunión el último 16 de diciembre se alinearon “con las políticas establecidas por el Ejecutivo bajo la dirección de Dina Boluarte”.
Omisión de funcioens de la Fiscal de la Nación´
El documento indica que la Fiscalía no ha actaduado, no hay medidas ante “la fragancia de los hechos delictivos conocidos en tiempo real en todo el país”.
“Queda graficada la concertación entre la señora Dina Boluarte y los representantes del sistema de administración de justicia nacional, lo que impide la imparcialidad en el juzgamiento de los hechos denunciados”, expresa.
Finalmente, manifiesta que a dicha reunión de Consejo de Estado también acudieron el titular del Congreso, José Williams, así como el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con lo que adquiere así “un carácter deliberante que la Constitución Política no le reconoce”.
