Augusto Lostaunau Moscol
En los últimos días se ha producido una suerte de debate sobre la existencia de grupos violentistas al interior de los partidos políticos. Fuerzas de Choque, denunció un fiscal. Inmediatamente algunos congresistas desmintieron la denuncia. Afirmaron que “jamás” su organización política ha realizado actos de violencia.
Entonces, surgió a la palestra la existencia del Comando Rodrigo Franco. Una organización violentista que, según muchas investigaciones, fue creada desde el Poder Ejecutivo durante el primer gobierno (1985-1990) del desaparecido Alan García Pérez. Un grupo de militantes del PAP que, protegidos desde las altas esferas del gobierno, asesinó y atentó contra ciudadanos peruanos contrarios al régimen.
Los exdiputados Manuel Piqueras Luna, Gustavo Espinoza Montesinos y Celso Sotomarino Chávez, publicaron el Informe en minoría que presentaron a la Cámara de Diputados como parte de la Comisión Investigadora de Grupos Paramilitares.
Dicha Comisión fue presidida por el diputado aprista Abdón Vílchez Melo, quien renunció luego de obstaculizar la investigación. El siguiente presidente fue el diputado aprista César Limo Quiñónez, quien también se opuso a realizar un trabajo limpio e imparcial. Los autores del informe en minoría sostiene que:
“Como si fuera poco, desaparecieron los archivos de la Comisión. Hasta la fecha, los archivos habían estado en poder del diputado Abdón Vílchez. Cuando anunció su renuncia, se le solicitaron los archivos. Entonces respondió que habían sido enviados al diputado César Limo Quiñónez, quien pertenece también al Partido Aprista y le seguía en la lista de miembros nombrados para la Comisión. Cuando indagamos en las oficinas del diputado Limo, se nos dijo que allí no se había recibido nada. Simplemente nadie sabía dónde estaba toda la documentación reunida por la Documentación”.
Mejor dicho, los miembros de la Comisión pertenecientes al Partido Aprista Peruano, no solo obstaculizaron las investigaciones, sino que, finalmente, desaparecieron los documentos existentes producto de la investigación. Incluso, algunos miembros jamás asistieron a la Comisión.
Ese fue el caso de los diputados del PAP: Víctor Raúl Carranza Mariños y Jesús Huerto Milla. Mostrando en todo momento un nulo interés por investigar. Pese a ello, los miembros en minoría realizaron nuevas investigaciones y lograron rehacer gran porcentaje del archivo “perdido” gracias a la incorporación de copias de los documentos originales.
Además, otros congresistas colaboraron decididamente con la investigación de los miembros en minoría. Es el caso del diputado Fernando Olivera Vega y del senador Javier Diez-Canseco Cisneros, quienes lograron identificar la verdadera identidad de los que atentaron contra las oficinas de El Diario (2 de octubre de 1987).
Atentado frustrado que significó la muerte de dos agresores: Adolfo Usquiano Barandarián y Richard Briceño Vásquez. Sobreviviendo Jesús Ríos Sáenz, quien fue internado en el Hospital de Policía con el nombre de “Edwin de la Torre Ugarte”. El periodista Ricardo Uceda, en su libro Muerte en el Pentagonito, realizó un trabajo extraordinario sobre el conocido “chito” Ríos.
Incluso, se produjeron “extraños robos” en oficinas ligadas a la investigación. Así lo indican los autores:
“Durante esta segunda fase, se produjo un hecho particular. Un fin de semana fue asaltada la oficina de uno de los asesores del diputado Gustavo Espinoza, integrante de la Comisión por la oposición. Días después, el Ministro del Interior, Máximo Agustín Mantilla Campos, presentó al Presidente de la Comisión copias fotostáticas de manuscritos del citado diputado. Esos manuscritos eran unos apuntes de trabajo en que figuraban los nombres de algunas personas investigadas, entre ellas, el propio ministro Mantilla”.
Luego de haberse “perdido” el archivo de la investigación, se produjo un robo en las oficinas de un asesor de uno de los diputados que continuaron investigando. Los ladrones “robaron” documentos y manuscritos. Es decir, “los ladrones” entraron a una oficina y se llevaron varios kilos de papel. Días después, aparecieron fotocopias de manuscritos.
Anotaciones particulares. Las fotocopias fueron presentadas por el Ministro del Interior. ¿Cómo un Ministro logra tener fotocopias de documentos anteriormente robados? ¿Por qué un Ministro puede presentar fotocopias de manuscritos de trabajo? Parece que las respuestas son lógicas.
El Informe en minoría de la Comisión inicia con la descripción de los hechos del 10 de agosto de 1985 cuando se produjo una tentativa de asesinato del diputado Peter Uculmana Suárez. Los detenidos respondieron a los nombres de Luis Alberto Aoun Chong y Moises Palacios Yamunaqué.
El primero era estudiante de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y el segundo alumno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ambos afirmaron ser militantes del Partido Aprista Peruano, además ser parte de la seguridad personal del viceministro Agustín Mantilla. Mientras que, el último caso presentado es el asesinato de Martha Crisóstomo, enfermera de la posta médica Santa Elena en Ayacucho y testigo del Caso Cayara.
Se entrevistaron a 51 personas. Pero, finalmente, el Informe fue archivado por decisión de la mayoría. Y los hechos quedaron impunes.
