Denuncia muy grave. El gobierno intentó una vez más el uso político del personal policial para lanzarlo a una nueva a “Marcha por la paz” (ya se vio otra días atrás con participación de policías en retiro y sus familias) en respaldo de Dina Boluarte y para insultar al gobierno saliente, a sus seguidores y a los manifestantes contra el Congreso y el Ejecutivo, pues se vio carteles mandados a imprimir que los tildaban de terroristas y comunistas señalando “terrorismo nunca más”, entre otros, al más puro estilo de la corrupta y criminal dictadura fujimorista.
Se trata de la criminalización de la protesta en componenda con la prensa mermelera que espera sus millones de publicidad parasitando al Estado, justificando el asesinato de manifestantes por ser “terroristas”, apelando al miedo del ciudadano y aprovechando de su ignorancia en materia de legislación de derechos humanos.
Los mermeleros,cuando se realizaron las marchas, salvo excepciones, mostraban los antecedentes de algunos sujetos que habían purgado condena por subversión, pero no mostraban que había muertos adolescentes, transeúntes y trabajadores que nada tenían que ver con las marchas y hasta un seminarista, quienes fueron asesinados violando leyes internacionales elementales de respeto a la vida, porque aunque exista vandalismo, esto se debe reprimir con dispersión o detención, no con asesinato.
La responsabilidad política es del ministro del Interior y de Boluarte, pero el responsable directo es el comandante general PNP Raúl Alfaro Alvarado, quien preparó un documento de carácter “reservado”, publicado por La República, amenazando a los policías que no particien en la manifestación maquinada para hoy en Campo de Marte.
El memorándum múltiple, firmado por Alfaro Alvarado, tiene de fecha el 31 de diciembre, evidencia que del corazón de los altos mandos de la PNP se tramó una “marcha por la paz” en apoyo al Gobierno y en oposición a las manifestaciones que comenzaron el 7 de diciembre contra la presidente Dina Boluarte y en demanda del cierre del Congreso.
Pese a las pruebas, la PNP difundió un comunicado diciendo que la Policía “no tiene opinión ni manifestación política alguna”, y que se limita a promover “valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia”.
“Teniendo en consideración la actual situación que vive el país y los hechos acontecidos el 7 de diciembre (...), se vienen realizando a través de los medios de comunicación anuncios y convocatorias a nuevas marchas y manifestaciones públicas, (y) siendo que la Policía Nacional tiene como función garantizar, mantener y restablecer el orden interno, orden público y la seguridad ciudadana (...), dispone: (...) que los señores Generales PNP, jefes de las Macrepoles (macro Regiones Policiales), Direcciones Especializadas, Frentes Policiales (se) organicen y ejecuten una marcha por la paz el 3 de enerio de 2023″, dice la orden “reservada” firmada por el comandante general de la PNP, documento al que tuvo acceso La República.
La directiva se acató, y en las redes sociales de la PNP comenzaron a circular mensajes convocando a los ciudadanos a la “marcha por la paz”, que tenía su punto de concentración en el Campo de Marte y que culminaría en la plaza San Martín, irónicamente controlada por los efectivos policiales para impedir las manifestaciones de protesta contra el Gobierno de Dina Boluarte.
“La concentración previa a la marcha debe realizarse con media hora antes de anticipación en la plaza de Armas de las respectivas jurisdicciones policiales, sugiriendo que el personal policial de franco y disponible participante esté vestido con zapatillas, jeam y polo blanco, portando globos blancos, pancartas y/o banner con lemas alusivos a la paz”, precisa la disposición del Comandante General de la Policía Nacional.
Incluso se advierte que se iba a verificar la presencia de los policías, de lo contrario recibiría sanción
“La IG PNP (la Inspectoría General de la Policía Nacional) realizará las acciones que correspondan para garantizar el cumplimiento de la presente disposición, debiendo establecer responsabilidad administrativa disciplinaria en caso de incumplimiento”, se lee en el documento “reservado”.
¿Cuál será el siguiente paso?
Estemos alertas, pues se evidencia la infiltración del fujimontesinismo este gobierno y no sería de extrañar que copien sus métodos y realicen algunos atentados para culpar a ciudadanos indignados con el régimen de Boluarte y el Congreso.
