La fiscal de la Nación, Patricia Benavides dispuso diligencias preliminares contra la presidente Dina Boluarte, el actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola (durante su gestión en el cargo de ministro de Defensa), el exministro del Interior César Cervantes y otros, para determinar su responsabilidad en las muertes de 28 civiles, fallecidos por disparos de armas de efectivos del Ejército y la Policía Nacional, durante las marchas de diciembre de 2022.
En la investigación está comprendido el expresidente del Consejo de Ministros durante las protestas y el establecimiento del Estado de Emergencia en todo el territorio nacional, Pedro Angulo.
La denuncia fue presentada por los abogados Abimael Méndez Conde, Yuri Martínez Ochoa, Víctor Porras Rivera y Jack Diburga Cuba ante la fiscalía de derechos humanos, interculturalidad y terrorismo de Ayacucho.
Otros denunciados son altos mandos policiales, entre ellos el jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, general PNP Antero Mejía Escajadillp, y el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, general EP Jesús Vera Ipenza, entre otros.
La indagación preliminar tiene de plazo máximo 60 días, tras lo cual, seguiría investigación preliminar o preparatoria contra Boluarte y los demás mencionados.