La CNDDHH, se pronuncia ante el intento de la congresista Amuruz y el congresista Muñante de atentar contra la independencia y autonomía del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina de Procesos Electorales, al plantear recortar el mandato del Presidente del JNE y el Jefe de la ONPE.
Esta acción, además de ser una ley con nombre propio prohibida por ley, resulta ser una amenaza no sólo a los actuales miembros, sino para las siguientes autoridades que sean elegidas dentro del plazo previsto por la Constitución.
Esta propuesta, basada en la narrativa de fraude electoral, que ha sido parte de una acción política nefasta contra la Institucionalidad democrática, no debe ser aprobada. Ninguna investigación posterior ha señalado la existencia de esta absurda idea y por el contrario todas las comisiones que han efectuado las investigaciones han señalado que las elecciones se han realizado en los marcos legales y constitucionales.
El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que la votación traduzca la expresión auténtica, libre y espontánea de la ciudadanía, plantear estas reformas ad portas de una elección, lejos de orientarse a una mayor participación política, es más bien buscar un ente electoral a la medida de intereses particulares.
En este momento de crisis política y social, iniciativas como esta, lejos de contribuir a un entendimiento, lo que hace es exacerbar las protestas y desconfiar de la Institucionalidad Democrática construida después del gobierno autoritario de Alberto Fujimori.
La CNDDHH, seguirá vigilando y demandando al Estado Peruano las garantías para el ejercicio ciudadano democrático dentro de ellas tener un sistema electoral independiente y libre de amenazas.
