Los peritos que revisaron los protocolos de necropsia de los fallecidos en las protestas exigiendo la renuncia de Dina Boluarte y nuevas elecciones, realizadas en Ayacucho el 15 de diciembre de 2022 muestran que los disparos fueron intencionales, a matar, según actas en poder del Ministerio Público. No hay duda de la intención de quienes dispararon, pues buscaron puntos vitales, querían que los manifestantes mueran.
Soldado usando su mira para un disparo de precisión contra los manifestantes en Ayacucho
La antropóloga forense Carmen Rosa Cardoza, fundadora del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), dijo a La República, que su análisis de los documentos indica que de las diez víctimas, seis presentan disparos en el tórax, tres en el abdomen y uno en la cabeza. “Las lesiones en estos segmentos son consideradas letales”, precisó.
El fallecido Edgar Prado Arango, de 51 años, tuvo “traumatismo toracoabdominal abierto” ocasionado por un proyectil de arma de fuego (PAF) disparado por militares. “Este tipo de lesiones es resultado de proyectiles de alta velocidad. Tienen una entrada discreta y pequeña —el diámetro del proyectil—, y la salida es muy grande”, explicó.
El asesinato fue perpetrado cuando los manifestantes causaron disturbios con la supuesta intención de tomar el aeropuerto local, pero Prado no estaba protestando, sino que había salido a ayudar a los heridos.
| De manera similar que el exdictador Alberto Fujmori premió a los asesinos del grupo Colina, Dina Boluarte premió al ministro de Defensa Alberto Otárola, designándolo jefe del gabinete ministerial, hecho importante que deberá ser valorado en los tribunales que ventilarán estas violaciones de los derechos humanos. |
Raúl García Gallo, de 35 años, recibió dos balazos: tenía un “traumatismo abdominal abierto” y una “perforación femoral arterial derecha”. No se puede precisar si los autores de los disparos fueron una o dos personas pero lo más probable es que se trate de dos tiradores.
Seis de los fallecidos presentaban lesiones abiertas por PAF. Luis Miguel Urbano Sacsar, de 22 años; Leonardo Hancco Chaca, de 32 años; Josué Sañudo Quispe, de 31 años; y Jhonathan Alarcón Galindo, de 19 años recibieron balazos mortales en abdomen o tórax.
José Luis Aguilar Yucra, de 20 años, recibió un balazo en la cabeza que causó “trauma craneoencefálico” y tenía una fractura de la bóveda y base craneal, con laceración del cerebro. En este caso un metal, que sería parte de la bala, quedó en el cráneo y fue entregada a la Fiscalía. La especialista aclara que los proyectiles de armas largas se fragmentan, por lo cual deberá determinarse si fue ese el tipo de arma empleada. El occiso no era manifestante, regresaba a su casa del trabajo.
La especialista explica que las armas de fuego son “armas de voluntad”, según definición que usa el antropólogo José Pablo Baraybar, también fundador del EPAF.
“Se le usa apuntando a un blanco; por lo tanto, las lesiones encontradas son el resultado esperado de quien opera el arma. Igualmente, si la distribución de las lesiones fuera la misma, nos encontraríamos frente a un patrón y por lo tanto la intencionalidad de quien opera el arma”, expuso.
Como se sabe, vídeos difundidos de dichos incidentes muestran militares usando la mira de su arma para disparar a distancia con armas de largo alcance.
En el estudio ‘Variación de patrones de lesiones por arma de fuego en la mortalidad asociada con violaciones a derechos humanos y conflicto armado’, Baraybar analizó 777 casos de personas asesinadas de 31 lugares en Somalilandia, Bosnia, Kosovo y Perú. Y encontró como patrón que en los casos considerados violaciones a derechos humanos las lesiones se ubicaban en los segmentos cabeza-cuello y tórax-abdomen, mientras que en los conflictos armados se localizaban en las extremidades.
El informe muestra que todas las lesiones son abiertas con compromiso de múltiples órganos, lo que implica que fueron causadas por munición de alta velocidad que, a través de su paso por el cuerpo, libera suficiente energía cinética para causar daño múltiple. Recordó que “en los videos en los que se ve que soldados apuntan y disparan a los manifestantes en modalidad tiro por tiro, usan armas largas cuyos proyectiles tienen una velocidad superior a los 700 metros por segundo y rangos efectivos de algunos cientos de metros”.
La abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, recordó que para dispersar algún tumulto o protesta, los efectivos policiales deben recibir indicaciones de apuntar al piso para evitar daño o lesiones graves. Sin embargo, en las protestas de Ayacucho participaron militares, que no están preparados para el control de multitudes.
“Los militares reciben cursos y hacen prácticas de tiro con la figura de un humanoide. Les enseñan a disparar a las áreas vitales: tórax y cabeza. Esto ocurre porque el Ejército está hecho para la guerra. Por eso, dispararon a matar, tomando en cuenta que iban a lesionar lugares del cuerpo que podían llevar a la muerte”, afirmó.
La abogada, que ha llevado numerosos casos judiciales de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno de 1980 al 2000, refirió que muy probablemente les dieron la orden de “eliminar al enemigo”, sin explicarles de forma precisa lo que debían hacer frente a las manifestaciones.
“Debieron explicarles que en caso de necesidad tenían que disparar al aire, a la tierra. Si los sacan sin darles órdenes específicas, harán lo que aprenden, que es disparar a los segmentos vitales del cuerpo humanos. Cuando ocurre lo de Ayacucho, ya había pasado lo de Andahuaylas, donde había muertos con disparos en la cabeza, tórax y cuello. Debieron haber tomado todas las previsiones para que no ocurriera en Ayacucho. O no se tomaron las previsiones o se ordenó disparar para evitar cualquier toma de instalaciones a sangre y muerte”, lamentó.
¿Y si no fuera ese el caso, sino que les dieron orden de matar para amedrentar?
Se desplazaron por las calles disparando
Cano señaló que otro patrón importante es identificar las calles donde se produjeron los disparos, pues en algunos casos los hechos se dieron en los alrededores del aeropuerto de Huamanga, que intentaban tomar, pero otros no tan cerca.
“Un menor de edad fallecido cayó cerca del cementerio, que no está muy cerca del aeropuerto. Hay videos donde se ve a los militares corriendo fuera del aeropuerto, desplazándose más allá de sus límites. Las órdenes eran proteger el aeropuerto, pero los disparos no han sido adentro, sino en calles aledañas o vecindarios cercanos y eso quiere decir que la fuerza militar se trasladó a esos anillos de seguridad. “En la investigación deben establecerse cuáles eran los anillos de seguridad para la policía y los militares. ¿Se iban a desplazar por todo Huamanga? Porque lo que se dijo era que estaban protegiendo los activos, como el aeropuerto. La Fiscalía tiene que recoger los partes, las órdenes que se dieron”, dijo.
En cuanto a los responsables de este tipo de crímenes, no siempre se puede saber quiénes dispararon, pues no siempre se controló a quién se le asigna una determinada arma, por lo que los responsables son quienes estuvieron a cargo de la conducción de la tropa y quienes autorizaron la salida de los militares. “Me refiero a Dina Boluarte, el premier y el ministro de Defensa, el jefe de la región o de la zona de seguridad a la que pertenece Huamanga. Todos ellos deben ser investigados en la carpeta fiscal”, acotó.
