El número de personas fallecidas a causa de la brutal represión desatada por el régimen de Dina Boluarte ya es de 60, desde las primeras protestas del 7 de diciembre de 2022, mientras que los heridos se cuentan por cientos, 76 de ellos hospitalizados, según el ministerio de Salud.
Los fallecidos se cuentan porque el régimen de Boluarte no está cumpliendo con la Constitución, que dice:
Artículo 1º
La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.
Artículo 2º
Toda persona tiene derecho:
1. A la vida,...
Boluarte no está cumpliendo ni siquiera con estos dos elementales artículos. La propia Constitución obliga a los presidentes a hacer cumplir la Constitución y las leyes. En todo país las protestas deben ser controladas o bien, si hay vandalismo, dispersadas y los responsables detenidos, no abaleados de forma mortal.
Los manifestantes exigen la salida de Boluarte, lo cual implica una inmediata convocatoria a elecciones generales y el nuevo presidente sería el presidente del Congreso, no necesariamente el actual, que no tienen suficiente aceptación, y menos la desenfrenada fujimorista Martha Moyano, quien azuzaba a tomar carreteras durante el gobierno de Castillo, sino uno que resulte tras la elección de una nueva Mesa Directiva en el poder legislativo.
Boluarte se resiste a dejar el cargo pese a la seria violación de derechos humanos, y en lugar de ello actúa con provocación, como lo hizo al premiar al ministro de Defensa, responsable en parte de las masacres, designándolo jefe de gabinete, en actuación todavía más grave que la de del dictador Alberto Fujimori, porque no fue él quien ascendió a los asesinos del grupo Colina, sino los jefes de entonces, pero Boluarte ha ejecutado la premiación ella misma.
En tanto, tras una jornada con avalancha de manifestantes el jueves, el viernes el número de estos fue menor, con los mismos escenarios: gases lacrimógenos y cierre de algunas calles. Algunos manifestantes recurrieron a actos vandálicos, como arrojar piedras y palos.
El ministro del Interior, Vicente Romero, informó que ayer fueron detenidas 11 personas, con lo cual son 378 el total de detenidos el inicio de las protestas.
En Puno, vándalos incendiarion la comisaría del distrito de Zepita, mientras que en Ilave, unos 1.500 manifestantes atacaron una comisaría, dijo Romero. Se vio en varios vídeos que fue un policía quien comeenzó a disparar con su arma de fuego contra manifestantes.
En Arequipa tres personas resultaron heridas ecuando manifestantes que intentaban ingresar en el Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón.
En Cusco se reportó que el servicio de trenes hacia Machu Picchu permanece inoperativo por los daños en la línea férrea, por lo cual unos 350 turistas no pueden salir la ciudadela inca. Este acto vandálico llama la atención pero los primeros perjudicados son los cusqueños, por el golpe a a la actividad turística.
El comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro asegura que hay más de 580 policías heridos, muchos de gravedad.
Por su parte, el enviado del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, calificó de inaceptables el alto número de fallecidos en medio de la represión de las protestas e insistió en la “importancia de realizar investigaciones contundentes en estos casos” e instó a tomar medidas concretas para “prevenir más víctimas y proteger los derechos humanos”.
“Las fuerzas de seguridad deben actuar conforme a las normas y los estándares internacionales con respecto al uso de la fuerza, lo que implica que su uso se apegue a los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad, y las armas letales se usen exclusivamente para proteger ante un riesgo de muerte”, dijo.
Paz y estabilidad
La paz y estabilidad será muy fácil de conseguir. Señora Boluarte, acepte que su gobierno ha violado los derechos humanos y renuncie, su presencia en el cargo desprestigia al Perú y ofende a los peruanos. La calma regresará de inmediato.
